LA FINANQUÉ

Artículo de Ignacio Camacho en “ABC” del 16 de mayo de 2008

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

España no se rompe, pero se cuartea poco a poco. La oleada de nuevos estatutos que el Gobierno alentó en la pasada legislatura supuso una reforma encubierta del modelo constitucional cuyos efectos no se han notado al día siguiente de su entrada en vigor, pero empezarán a dar la cara a medida que el desarrollo y puesta en marcha de sus articulados avance hacia un esquema claramente insolidario. Y el primer indicio serio del carácter desestructurador de este proceso está ya sobre la mesa del debate político: se trata del nuevo marco de la financiación autonómica.

-¿La finanqué?

Sí, es un asunto farragoso, de difícil comprensión y muy poco atractivo para la opinión pública, pero en él radica el meollo de la cohesión nacional. Porque de él depende que los ciudadanos españoles reciban o no los mismos servicios al margen del territorio en que vivan. Es decir, que ésta sea o no una nación de ciudadanos iguales. Y hay que decir que, con los nuevos estatutos en la mano, lo que se consagra es un proyecto de España de dos velocidades, como el que se abortó -Andalucía mediante- en los primeros años de la Transición; un proyecto poco visible al principio pero que irá dando la cara de modo progresivo, en cinco, diez o quince años, a partir de un evidente fenómeno de fragmentación del Estado.

Por eso el de la financiación es un debate tan incómodo que el propio Partido Socialista está tratando de aplazarlo, contra las prisas del Gobierno catalán, a la vista de que la crisis económica no permite alegrías. Pero como falta un proyecto realmente nacional en la política española, como tanto el PSOE como el PP caminan de hecho hacia modelos de confederación de organizaciones territoriales, ha empezado a estallar la paradoja de que los intereses autonómicos priman sobre los principios ideológicos. Y así se pueden apreciar convergencias de criterio entre los poderes de Cataluña o Valencia, por ejemplo, separados políticamente por tantas cosas, pero unidas a la hora de reclamar privilegios financieros que quiebren -ellos dicen «que corrijan»- las transferencias de renta y los reequilibrios inversores en los que se basa la igualdad efectiva de la nación constitucional.

Aplicar los estatutos aprobados supone, se quiera o no, desbaratar el modelo existente, con el agravante de que las cuentas no cuadran porque se permitió una financiación a la carta que no encaja en una suma cero. O sea que, hablando claro, habrá que restar de unos sitios el dinero que se añada en otros. La próxima publicación de las balanzas fiscales señalará la orientación de esa reforma, en la que no es difícil adivinar quiénes poseen la iniciativa de la presión. Si el Gobierno no lo impide, y no tiene trazas de impedirlo, lo que está a punto de consumarse es grosso modo una rebelión de los ricos contra los pobres. Un proceso muy socialista, a todas luces. Pero es el que ha permitido el PSOE en el anterior mandato, y que ahora no sabe cómo frenar salvo pidiendo una prórroga para que no le haga crisis entre las manos. Quien empezó diciendo que la nación era un concepto «discutido y discutible» no tiene ya autoridad para impedir que, en efecto, otros empiecen a discutirlo.