EL PRESIDENTE Y LA PRESIDENTA
Artículo de Jaime CAMPMANY en “ABC” del 28/12/04
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
EL precio
que le hacen pagar a Zapatero algunos exaltados nacionalistas catalanes y vascos
por sus votos es un precio excesivamente alto. Es un precio a todas luces
abusivo, fuera de toda razón y de cualesquiera evaluaciones que no terminen en
pagar sin tasa y sin límite para seguir siendo presidente del Gobierno. Se trata
de comprar La Moncloa a toda costa.
Alguna vez tendremos que poner negro sobre blanco el catálogo de cesiones y
concesiones que lleva entregadas Zapatero al nacionalismo radical a cambio de
los votos parlamentarios de los «quatre gats» de la «esquerra» republicana.
Nunca tan pocos consiguieron tanto en esta democracia, y tal vez en cualquier
otra. Desde la cancelación del Trasvase del Ebro, insolidaridad más catalana que
aragonesa, a la aquiescencia para desmantelar el Archivo de Salamanca, hay una
larga lista de gatuperios zapateriles.
Los dos últimos disparatados proyectos vindicativos de los nacionalistas
rabiosos del País Vasco y de Cataluña son el Plan Ibarreche de la «cosoberanía»
y el «Estado asociado», de un lado, y el Estatuto catalán de la «nacionalidad»,
«comunidad nacional» o la «nación» dentro de otra nación, del otro. Ante el
disparate intragable e impotable del Plan Ibarreche, Zapatero se salió por las
peteneras de otro Plan, que era prácticamente el mismo, pero con seltz. Y ante
el proyecto de Estatuto catalán, amasado por los dos compadres Carod-Rovira y
Maragall, encontraron entre todos la denominación de «comunidad nacional» para
evitar el término más claro al que apunta esa suerte de eufemismo o de
ringorrango, que no es otro que el de «nación».
Señores, aquí entre ese fárrago semántico que manejan de manera tan ignorante,
pero tan pícara, los nacionalistas y Zapatero, late claramente un problema de
soberanía y, al menos, un deseo de establecer la desigualdad y jerarquización
entre los territorios de España y entre los españoles. Se trata sencillamente de
llevar a la Constitución de España el principio de su desmembración, empezando
por reconocer en ella la existencia de territorios con unos privilegios y unos
grados de soberanía que otros territorios no disfrutan.
Y si no fuera así, ¿para qué tanto empeño en modificar el texto constitucional
en ese punto? Una de dos: o la modificación no altera ni rompe el principio de
la soberanía nacional única, la de todo el pueblo de España, y en ese caso el
proyecto se queda en una bagatela semántica, o lo que se intenta es, como
claramente piden Ibarreche y Carod-Rovira, introducir una definición que permita
fundamentar el derecho del País Vasco y de Cataluña a decidir su propio destino
como nación (o comunidad nacional) y como pueblo soberano. O sea, el rompimiento
de la unidad de España y su descomposición.
Lo más preocupante de todo esto es que Zapatero dice que a él le «gusta» eso de
«comunidad nacional» y la magistrada María Emilia Casas no encuentra
inconveniente alguno para la reforma de la Constitución en ese sentido. Y el uno
es presidente del Gobierno y la otra es presidenta del Tribunal Constitucional.
O sea, quien tiene obligación de defenderla y quien tiene el deber de aplicarla.
¡Pobre Constitución! Pronóstico reservado.