Artículo de José María Carrascal en “ABC” del 11 de enero de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web
El formateado es mío (L. B:-B.)
Con un muy breve
comentario a pie de título:
PREGUNTAS AGÓNICAS
A la pregunta que hace Carrascal
añadiría: ¿Y para qué necesitamos este Gobierno? ¿Para cumplir y hacer cumplir
la Constitución, como prometió o juró, o para incumplirla y hacer que se
incumpla?
La pregunta es muy grave: existen los
delitos contra la seguridad del Estado y de prevaricación, y la categoría
politológica del Golpismo institucional. Es hora ya de que el pueblo español se
haga esta pregunta, y la oposición y Tribunales Ordinarios también.
Luis Bouza-Brey
(11-1-10, 10:30)
Como un
Hamlet con toga, el Tribunal Constitucional lleva tres años sumido en la duda
de si aprueba o no el nuevo estatuto catalán. En realidad, es una duda sobre sí
mismo, sobre su naturaleza y papel en el ordenamiento democrático español,
sobre sus deberes y derechos, funciones y responsabilidades. En otras palabras:
sobre el espacio a que pertenece, el político o el jurídico. Los otros tribunales
lo tienen muy claro, aunque no lo practiquen siempre: forman parte del tercer
poder del Estado, independiente de los otros dos.
El
Constitucional, en cambio, se mueve en esa zona fronteriza donde confluyen
política y judicatura, los imperativos del hoy con los de siempre, nunca
fáciles de encajar, y en ocasiones, imposible. Por ejemplo: hacer
constitucional lo que no lo es. Durante tres años, la presidenta del tribunal,
doña María Antonia Casas, con la ponente del caso, doña Elisa Pérez Vera,
vienen tratando de resolver esa cuadratura del círculo. Creyeron encontrarla en
una sentencia «abierta», es decir que pudiera interpretarse tanto en un sentido
como en otro. Pero pronto se encontraron con el muro de la realidad, contra el
que no hay interpretación que valga. Si la soberanía nacional reside «en el
pueblo español» (Art. 1), no puede haber soberanías de una parte de ese pueblo.
Si la Constitución se funda en «la indisoluble unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles» (Art. 2), no puede haber
otras naciones en España. Si el castellano es «la lengua oficial del Estado,
que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar» (Art.
3), no puede ser desplazada en ninguna comunidad. «Lo que no puede ser, no puede
ser, y además, es imposible». Creíamos que esta máxima del torero había sido
adoptada por el TC, al emerger allí una mayoría dispuesta a atenerse más a los
principios que a las circunstancias, y que esta semana tendríamos sentencia.
Pero
parece que las dos señoras siguen dispuestas a encontrar una salida más acorde
con las circunstancias políticas, y habrá que seguir esperando. Como se
retrasen un poco más, se nos echan encima las elecciones catalanas, y entonces
sí que sería cuestión de no mezclar el fuego con la gasolina. Aunque puestos ya
a esperar, ¿por qué no dejarlo para 2013, tras las próximas elecciones
generales? ¿O «ad kalendas graecas»? A fin de cuentas, ¿qué necesidad hay de ese fallo? El nuevo
estatuto catalán ya se está desarrollando y aplicando sin que nadie se alarme
ni se ofenda. Y si se ofende, que se aguante. Claro que alguien podría también
preguntarse: ¿para qué necesitamos entonces el
Tribunal Constitucional? ¿Para que se aplique la
Constitución o para impedir que se aplique?
En tales
condiciones, tan malas o peores que las meteorológicas, sólo nos queda esperar
lo mejor y estar preparados para lo peor.