OJALÁ ME EQUIVOQUE
Artículo de José María Carrascal en “ABC”
del 31 de marzo de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web
Ojalá me
equivoque porque, si no me equivoco, la crisis económica va a ser un catarro
comparado con el cáncer que puede llegarnos desde el nuevo Estatuto catalán.
Una crisis económica gira en torno al dinero, poderoso e importante caballero,
pero que puede recuperarse si se pierde. O sea, algo ajeno al sujeto, que no lo
define ni determina. Una constitución, en cambio, define lo que es una nación,
y si la constitución se licua o gasifica, tras ella va la nación. Es lo que
tememos ante las noticias que corren sobre la sentencia cocida y recocida del
Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán. Que no nos diga claramente
si es constitucional o no. Peor incluso: que nos diga que es y no es
constitucional al mismo tiempo, convirtiendo la Constitución española en
plastilina, al dejar sus más controvertidos artículos al albur de eso que
llaman «interpretación conforme», pura camelancia, pues hay tantas
interpretaciones como pareceres, con lo que nos quedaríamos como estábamos,
sólo que peor. Es lo que me temo: que se salve el conjunto del estatuto con
parches aquí y apaños allá. Un enjuague, una componenda, un chanchullo con la
«carta magna» nada menos.
No se
puede aceptar el término «nación» en un preámbulo y añadir luego que la
constitución no admite otra nación que la española. No se puede aceptar el uso
del catalán en todos los ámbitos de la vida pública catalana y aceptar al mismo
tiempo que el español es la lengua del Estado, teniendo derecho todo español a
usarla y conocerla en todo el ámbito estatal. Dejar puntos como estos al
arbitrio interpretativo es puro sofisma e instalarse en el campo opuesto a la
razón y al Derecho. O sea, en el de la sinrazón y en el del derecho torcido.
Que de ser ciertas las habladurías, es lo que nos espera.
El
Tribunal Constitucional tiene sólo una función: decirnos si la conducta de un
ciudadano o lo legislado por algún organismo del Estado es constitucional. Pero
si nos dice que esa conducta o esa legislación puede
ser constitucional o no según se interprete, no nos servirá de nada, ni lo
necesitamos a él para nada. Al revés, nos servirá tan sólo para crear más
confusión, más frustración, más controversia de la que ya tenemos, y este país
tiene ya demasiado de las tres cosas para permitirse el lujo de aumentarlas.
Ocurriría lo mismo en un tribunal ordinario, si el juez sentenciase que el
inculpado es culpable, pero al mismo tiempo, inocente. Quedando al criterio de
cada cual el decidirlo. ¿Se lo imaginan?
Es la
consecuencia de haber puesto en la cima de la Justicia española un tribunal
político, que mira de reojo al gobierno en vez de tener una venda sobre los
ojos para no dejarse influir por las circunstancias. El desprestigio que ha
acumulado desde aquella primeriza sentencia sobre Rumasa
es inmenso. Pero nada comparable a lo que pudiera ocurrir si decidiese que la
Constitución es vasalla de un estatuto. Ojalá me equivoque.