TRES SIMPLES VOTOS
Artículo de FRANCESC DE CARRERAS en “La Vanguardia” del 06/01/2005
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
Tres simples votos han
vuelto a situar al plan Ibarretxe en el centro de la política española. Durante
los últimos meses, la creciente debilidad operativa de ETA y los cambios en la
dirección del PNV hacían creer que las tensiones en el País Vasco iban
disminuyendo y los problemas tendían a encauzarse. Paralelamente, la situación
en Catalunya despertaba cada vez mayores recelos.
Pero han bastado sólo tres imprevistos -aunque previsibles- votos de los
diputados de la ilegalizada Batasuna para situar de nuevo la política vasca en
el primer plano de un escenario autonómico español probablemente más complejo
que nunca. Por si alguien tenía dudas, el diputado Puigcercós, de ERC, se ha
apresurado a declarar que la aprobación del plan Ibarretxe por el Parlamento
vasco no es más que el entremés del auténtico plato fuerte: la
aprobación por el Parlamento catalán del proyecto de nuevo estatut de Catalunya.
Aunque se quiera mantener oficialmente lo contrario, es indudable que los dos
procesos de reforma total de sus respectivos estatutos se influyen mutuamente:
las tácticas y estrategias son distintas, pero los motivos y objetivos finales
son muy parecidos. En todo caso, lo más relevante de ambos procesos es que el
afán en cambiar de estatuto no nace de causas objetivas, es decir, su origen no
es el mal funcionamiento de las instituciones autonómicas vascas y catalanas.
Ningún experto extranjero, presuntamente neutral, se atrevería a decir que deben
cambiarse totalmente los estatutos de Catalunya y el País Vasco porque su
rendimiento institucional es deficiente. Por el contrario, tales expertos
muestran admiración por el alto grado de autonomía alcanzada en tan breve tiempo
y por el buen funcionamiento de las comunidades autónomas; y cualquier persona,
experta o no experta, española o extranjera, sabe que el País Vasco y Catalunya
son dos de las comunidades más ricas y con mayor bienestar de España, riqueza y
bienestar acrecentados en los últimos 25 años de autonomía constitucional. Por
tanto, las razones para pretender una reforma global de los estatutos no son
debidas a causas inherentes, a deficiencias observadas en el sistema, sino que
son de otro orden: son debidas fundamentalmente a prejuicios ideológicos y a
intereses de partido. Veamos unos y otros.
El motor que orienta estos cambios estatutarios es, sin duda, la ideología
nacionalista, la cual considera que toda nación, entendida en su sentido
histórico o cultural, debe tener un Estado propio e independiente de los demás.
Desde este punto de vista, la autonomía no es una finalidad en sí misma, sino un
peldaño más de una escalera cuyo último rellano debe ser la soberanía plena. Así
pues, por su propia naturaleza, los partidos nacionalistas deben propugnar
siempre el cambio de los estatutos de autonomía, ya que los consideran como
meros instrumentos para alcanzar finalidades superiores a las que se debe
lealtad suprema. Pero también en la opción por la reforma total de los estatutos
han influido los coyunturales intereses de partido. Sólo dos ejemplos. El voto
conjunto de PNV y EA estaba experimentando, desde principios de los años
noventa, un claro declive debido a la pérdida de electores conservadores, y para
contrarrestarlo tuvieron que acudir -aumentando su caudal de votos- a la
búsqueda del voto abertzale: de ahí el pacto de Lizarra, de ahí el plan
Ibarretxe. En Catalunya, por su parte, la opción por la reforma del estatut es
acogida por el PSC, tras la derrota de Maragall en las elecciones autonómicas de
1999, como moneda de cambio para pactar con ERC. Los socialistas obtuvieron su
recompensa en las elecciones siguientes: Maragall, pese a no ser el candidato
más votado, obtuvo la presidencia de la Generalitat con el apoyo de Carod.
En consecuencia, por razones ideológicas, por intereses de partido o por la
mezcla de ambas cosas, ahora nos encontramos con un problema sobrevenido que, en
realidad, es el producto de un éxito: si el Estado de las autonomías no hubiera
funcionado, si la autonomía de las comunidades no se hubiera apurado
prácticamente hasta el límite constitucionalmente permitido, ahora no estaríamos
intentando reformarlo, sino, simplemente, desarrollarlo, dar cumplimiento al
mandato constitucional de organizar España en autonomías territoriales.
No es casualidad que precisamente en el momento en que está a punto de
culminarse el Estado de las autonomías se sigan planteando problemas de fondo en
la organización territorial. La causa está en que los objetivos de unos y de
otros son diferentes: mientras unos quieren los cambios para perfeccionar el
modelo, otros los quieren para pasar a un modelo distinto. El entendimiento
entre ambos, a la larga, se está revelando imposible. Quizás deberíamos empezar
a ser conscientes del problema para así poder abrir un debate sincero y claro,
sin restricciones mentales ni medias verdades. Seguramente lo agradecerían los
ciudadanos.
Es democráticamente legítimo, qué duda cabe, alegar intereses partidistas o
ideologías nacionalistas para emprender actuaciones políticas, siempre que se
respeten los cauces jurídicos. Pero así como la democracia sólo la construyen
los demócratas, la autonomía sólo pueden construirla los autonomistas, es decir,
aquellos que creen en el Estado autonómico, nunca aquellos otros que pretenden
irlo cambiando para, al fin, destruirlo.
¿Qué esperan el PSOE y el PP para ponerse de acuerdo en terminar lo poco que
falta para completar nuestro modelo territorial de Estado? Tres simples votos -y
el plato fuerte que se anuncia- no pueden poner en cuestión el éxito que
ha supuesto el Estado de las autonomías.
FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB