ENVIDIA DE ALEMANIA

 Artículo de Francesc de Carreras  en “La Vanguardia” del 09.03.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

El Gobierno de la señora Merkel ha reemprendido el proceso de reforma constitucional que no había conseguido aprobar el gobierno anterior. La reforma afecta a diversas cuestiones relacionadas con la organización federal de la República alemana, que en los últimos años habían demostrado su mal funcionamiento. En el federalismo alemán, los estados federados, es decir, los länder, tienen muy amplios poderes ejecutivos y ejercen escasas competencias legislativas. En cambio, estos länder tienen influencia en la legislación a través del Bundesrat, es decir, del Senado, que, con el Bundestag o Cámara Baja, constituyen el poder legislativo alemán.

En efecto, los miembros del Bundesrat están designados por los gobiernos de los länder, y los del Bundestag son elegidos directamente por los ciudadanos. Por lo tanto, en el Bundesrat están representados directamente los gobiernos, no los ciudadanos, y los miembros de esta Cámara son una especie de embajadores a las órdenes de sus gobiernos respectivos. En cambio, los diputados del Bundestag, si bien representan directamente a los ciudadanos, de hecho están, como sucede entre nosotros, a las órdenes de los partidos a los que pertenecen. Por su parte, el canciller federal, en la actualidad la señora Merkel, es elegido por esta Cámara Baja.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en España, el Senado federal alemán tiene amplios poderes legislativos en las materias que son competencia de los länder, hasta el punto de que en los últimos años alrededor del 60% de las leyes debían ser aprobadas conjuntamente por ambas cámaras. Ello provoca que el Bundesrat tenga de hecho un poder de veto fáctico respecto a las iniciativas legislativas gubernamentales. Cuando en ambas cámaras las mayorías son coincidentes, la acción del Gobierno federal puede ejercer eficazmente. Ello no sucede así cuando las mayorías son distintas y se anteponen los intereses partidistas: la oposición se ejerce bloqueando desde el Bundesrat la acción gubernamental. Ello ha sido así en Alemania, tanto en época del canciller Köhl como en la de Schröder. Ello ha conducido a la ineficacia del Gobierno. La necesidad, advertida desde hace años, de que Alemania adaptara su legislación económica y social a las nuevas circunstancias europeas y mundiales no ha podido llevarse a cabo debido a este bloqueo y las consecuencias han sido nefastas: recesión económica y aumento histórico del paro. El mal funcionamiento de las instituciones políticas impedía las necesarias reformas sociales.

Por el mismo motivo, es decir, debido a este bloqueo, no pudo llevarse a cabo la reforma constitucional en la legislatura anterior. En cambio ahora, con un Gobierno de gran coalición, con una mayoría apabullante en las dos cámaras de democristianos y socialistas, podrá llevarse a cabo la necesaria reforma constitucional que precisa el voto favorable de las dos terceras partes de ambas cámaras. Básicamente, esa reforma consistirá en disminuir el número de materias sobre las cuales debe legislar el Senado y en aumentar las competencias legislativas de los länder.

De esta manera, el Gobierno federal podrá emprender la reforma social y económica que Alemania necesita para salir de su actual declive. Acabado el bloqueo partidista, se ganará eficacia en la acción de Gobierno. "Necesitamos decisiones más rápidas", ha dicho la señora Merkel. "No creo que esta reforma sea una cuestión de más o menos centralismo, sino que más bien se trata de dejar más claras las competencias", ha declarado Wowereit, alcalde socialista de Berlín.

Dos aspectos deben subrayarse sobre esta manera de abordar la reforma constitucional en Alemania. Primero, antes de iniciar la reforma se ha buscado el acuerdo, tanto entre los dos grandes partidos como entre todos los gobiernos de los länder. Segundo, su finalidad es buscar una mayor eficacia y funcionalidad del conjunto del sistema, no en satisfacer las reivindicaciones de uno de los territorios.

A la vista de lo que está sucediendo en España, el proceso alemán suscita envidia. En efecto, en nuestro país, el proceso es totalmente distinto. Primero, no hay acuerdo alguno entre los dos grandes partidos y, segundo, la reforma del modelo territorial se emprende a través de una iniciativa del Parlament de Catalunya que plantea unas reivindicaciones específicas, no las del conjunto de todo el Estado.

En su programa de Gobierno, el presidente Zapatero propuso llevar a cabo una reforma constitucional y, de manera secundaria, reformar también algún estatuto de autonomía, en el marco, se daba a entender, de lo establecido en el llamado documento de Santillana, aprobado seis meses antes de que el PSOE ganara las elecciones. Pues bien, todo ello ha sido trastocado por razones puramente tácticas, ligadas a los apoyos que Zapatero necesita para seguir gobernando. El Gobierno ha sido desbordado por las circunstancias y ha decido ceder, presuntamente por razones partidistas. Ésta no es, pues, la manera de hacer una reforma del modelo territorial que pretenda ser sólida y duradera. Además, imposibilita llevar a cabo la reforma constitucional prometida por Zapatero en su programa de Gobierno.

En España volvemos a las andadas en aquello que pensábamos que se había abandonado definitivamente en la transición: hacer reformas estructurales, de hecho o de derecho constitucionales, sin amplios consensos. Parece, pues, que volvemos a los viejos y malos tiempos de una España que creíamos superada.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB