DOS AÑOS DE ZP

 Artículo de Francesc de Carreras   en “La Vanguardia” del 20.04.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

A mitad de mandato, el balance sobre el actual Gobierno socialista ha sido enjuiciado de forma triunfalista por el PSOE y catastrofista por el PP. Normal. Pero desde una posición más objetiva y desinteresada, no tiene ningún sentido trazar un panorama color de rosa como hacen los socialistas, ni decir que nos encontramos "ante el peor gobierno de la democracia", como hacen los populares. Probablemente, lo más exacto sea plantear un balance en claroscuro, con luces y sombras, esperanzas y riesgos.

Antes de entrar en un examen más pormenorizado, la gestión del Gobierno socialista, muy personalizada en su presidente, no puede hacerse sin contrastarla con la del anterior gobierno del PP, también muy personalizada en Aznar. Se trata, en definitiva, de la famosa cuestión de los distintos talantes, que, efectivamente, no pueden ser más distintos. Aznar gobernaba como si fuera sólo responsable ante la Historia, así con mayúsculas, y los españoles que rechazaban su política eran ignorantes pancarteros, gentes sin el sentido de Estado del que sólo él disponía en exclusiva. Zapatero, en cambio, se esfuerza por caer bien a todos, a todos los españoles vivos y realmente existentes, sean del color que sean: necesita una constante aprobación de su acción diaria por parte de la mayoría.

Más allá de las sonrisas, el tono de voz y el fondo de la mirada, creo que en esta distinta manera de hacer política se distingue el auténtico meollo del talante tan opuesto de ambos líderes. Y si ello es así, hay tanto riesgo en procurar sólo el aplauso futuro de los historiadores como el fácil aplauso inmediato de las buenas gentes del lugar. Ni el elitismo ni la demagogia son buenos consejeros. Aznar ya lo pagó con la espectacular derrota de su partido. ¿Lo pagará también, por otras razones, Zapatero?

Llegados a este punto, es relativamente sencillo ponerse de acuerdo sobre un balance de algunas de las políticas concretas llevadas a cabo por los socialistas. Creo que es un acierto que un gobierno de izquierdas, en una sociedad europea y desarrollada como la nuestra, dedique sus esfuerzos a procurar una mayor igualdad de las personas pertenecientes a grupos sociales hasta ahora desfavorecidos, como es el caso de la tercera edad, las mujeres o los homosexuales. Se trata del cuarto pilar -además de la enseñanza, la sanidad y la Seguridad Social- del Estado de bienestar; entra de lleno en la ideología propia de un gobierno socialista, y lo que se ha hecho hasta ahora y lo que se proyecta para los dos próximos años hay que incluirlo en el haber del balance global.

En economía, la evaluación debe ser menos positiva, tirando a insuficiente. Solbes da todavía una justificada sensación de seguridad, no se han cometido errores de bulto -a excepción del manifiesto partidismo del Gobierno en la opa de Gas Natural a Endesa-, pero tampoco se han empezado a abordar los problemas de fondo de la economía española. No vale decir que crecemos por encima de la media europea -en realidad, gracias al euro y a la inmigración, factores no imputables al Gobierno-, cuando la inflación es un claro índice de nuestra pérdida de competitividad exterior. La insuficiencia en política económica deriva de la pasividad del Gobierno, incluso en políticas que le son complementarias como las infraestructuras, la investigación y la tecnología. En el claroscuro, ahí predominan las sombras.

Pero las insuficiencias son patentes en el innecesario embrollo de la política territorial. No me refiero ahora al cambio de política respecto a ETA, que no es política autonómica, sino antiterrorista. Me refiero al proceso estatutario en Catalunya y a las consecuencias que tendrá en otras comunidades autónomas. Se trata de un asunto demasiado serio como para considerarlo una consecuencia inherente a la necesidad del Gobierno de encontrar apoyos parlamentarios para poder seguir gobernando. Ni del programa socialista, ni del discurso de investidura de Zapatero se deducía un modelo de reforma estatutaria como la catalana, que, además, ya está siendo copiada -como era de esperar- por otras comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son una parte esencial de la organización del Estado y si bien el problema no es que España se rompe, como dice el PP, el problema puede ser que España deje de funcionar bien y ello nos cueste muy caro -sobre todo económicamente- a todos los ciudadanos, por supuesto también a los catalanes.

Este problema, además, lleva a sospechar que aquí se esconde una cuestión más de fondo: el intento de Zapatero de aislar al PP para establecer un pacto duradero con los partidos nacionalistas, haciendo así de la necesidad virtud. Desde el punto de vista de la táctica inmediata para resolver cuestiones no estructurales es algo plenamente aceptable, pero como estrategia en cuestiones de Estado es sumamente peligroso.

El profesor Jiménez de Parga, en un artículo de obligada lectura publicado anteayer en ABC, se fundaba nada menos que en el concepto de democracia parlamentaria de Hans Kelsen para proclamar algo que no debería olvidarse: "Las democracias pluralistas sólo funcionan correctamente cuando los grandes partidos están de acuerdo en la forma de abordar y solucionar los problemas esenciales". Aliarse con los pequeños partidos por razones de estabilidad parlamentaria está perfectamente justificado. Pero echarse sólo en brazos de partidos nacionalistas para hacer una reforma territorial es una temeridad injustificable.

F. DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB