EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE ATASCA DE MANERA CRÍTICA CON EL ESTATUTO

Informe de C. Guindal en “El Confidencial.com” del 17 de abril de 2010.

Por su interés y relevancia he seleccionado el informe que sigue para incluirlo en este sitio web.

El Tribunal Constitucional ha evidenciado que no es capaz de sacar adelante la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. El quinto borrador del texto fue ayer rechazado por seis magistrados a cuatro, dejando entrever que no es posible un acuerdo.

Ya son cuatro años de atasco, y todo apunta a que se retrase la decisión por lo menos hasta el próximo otoño. Incluso los más pesimistas ya hablan de 2011. Los cálculos indican que el futuro inmediato es más negro que claro. La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, decidió ayer tras la última reunión del Pleno, cambiar el ponente del borrador. Después de cinco textos y mucho trabajo, la magistrada Elisa Pérez Vera, del ala progresista, renunció de la ponencia. Casas dio un golpe en la mesa y optó por cambiar la estrategia. Si con el borrador progresista es imposible encontrar un acuerdo, a ver qué ocurre si son los conservadores quienes estudian los recursos contra el Estatut.

El vicepresidente Guillermo Jiménez será a partir de ahora el ponente. Es conservador, aunque del sector más moderado. El handicap del magistrado es que en breve comienza la etapa preelectoral de las elecciones autonómicas catalanas, previstas para el próximo otoño, y el Tribunal Constitucional no dicta sentencias en estas épocas para evitar que pueda perturbar el proceso electoral.

Por tanto, el nuevo ponente tiene escasamente dos meses para redactar el sexto borrador, cuando Pérez Vera ha tardado en el último más de cinco. Todo esto hace imaginar que no va a dar tiempo a que se pueda votar el texto antes de las elecciones.

Esto implica que habría que esperar a otoño. Sin embargo, hay que recordar que en noviembre finaliza el mandato para los cuatro magistrados elegidos por el Congreso de los Diputados. Si a esto se añade los otros cuatro que siguen en su cargo en funciones desde diciembre de 2007, se abre la opción de esperar hasta el cambio de los ocho magistrados y que sea otro tribunal quien estudie los recursos interpuestos por el PP, el defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Valencia, Murcia, Aragón, Baleares y La Rioja.

Entre los magistrados que llevan dos años y medio en sus sillones sin ser destituidos está la propia presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, el vicepresidente y ahora ponente, Guillermo Jiménez, y los conservadores Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata. Junto a éstos, tendrán que abandonar a partir de noviembre sus cargos los progresistas Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay, y los conservadores Javier Delgado y el fallecido Roberto García Calvo.

Difícil camino

Guillermo Jiménez, catedrático de Derecho Mercantil, tiene muy complicado acercar posiciones para que se apruebe su borrador. Su antecesora hizo cinco modificaciones y ninguno de sus compañeros se movió un ápice de sus criterios. El quinto texto anulaba 15 artículos del Estatuto y modificaba una veintena de ellos. Incluso el jueves por la tarde, todos los magistrados se encerraron en sus despachos para estudiar posibles cambios al texto y obtener su aprobación en el Pleno del viernes, pero ni por esas.

El ponente tiene que revisar de nuevo los puntos más polémicos del Estatut, entre los que están la autodefinición de Cataluña como Nación, que aparece en el Preámbulo. También hay que llegar a un consenso con la bilateralidad, que afecta al artículo 3 de manera directa e indirectamente al 183 y siguientes, cuando se habla de la creación de una comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado o entre el gobierno catalán y la Unión Europea.

Los derechos históricos (artículo 5), el deber de conocer la lengua catalana (artículo 6) y los símbolos de Cataluña, es decir, la bandera, la fiesta y el himno (artículo 8) son también el eje de los principales desencuentros en el tribunal, que lleva ya cuatro años sin ponerse de acuerdo.

El tribunal ya está desesperado. Incluso la presidenta se ha llegado a plantear emplear el voto de calidad si consigue un acercamiento de cinco a cinco, algo por ahora imposible. Cierto es que esta maniobra a la desesperada puede caer como un jarro de agua fría en su currículum. La última vez que un presidente hizo algo similar fue Manuel García Pelayo. Tuvo que recurrir a ese voto para aprobar la expropiación de Rumasa, en el Gobierno de Felipe González. El magistrado recibió tal aluvión de críticas que su carrera quedó manchada para siempre.