PERDIDOS EN LA RUTA EQUIVOCADA
Artículo de Ignacio Cosidó en “Libertad Digital” del 29.10.06
Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
La negociación política con una banda terrorista, que es en definitiva lo que se propone Rodríguez Zapatero por mucho que pretenda ocultarlo, no es sólo un error político, sino que constituye un error moral, como ha recordado oportunamente la Iglesia católica española esta semana. La negociación con ETA es un error político porque dilapida una oportunidad histórica para haber derrotado definitivamente al terrorismo, sin que la sociedad española deba pagar precios políticos añadidos al sufrimiento que ha acumulado tras décadas de amenazas, secuestros y asesinatos. Es además un error moral porque permite que una minoría violenta y criminal imponga su voluntad sobre una mayoría pacífica y democrática, creando así un peligroso antecedente.
Pero más allá del error de fondo que supone negociar políticamente con los terroristas, Rodríguez Zapatero está cometiendo numerosos errores de procedimiento que colocan al Gobierno en una posición de inadmisible debilidad ante la hipotética mesa de negociación con los terroristas. La sensación cada vez más extendida es que el Gobierno carece en realidad de una hoja de ruta preestablecida para abordar el proceso, que la improvisación es la norma general de la negociación y que las cesiones siempre vienen del lado gubernamental, frente a la intransigencia e incluso la chulería de la que hacen gala los terroristas.
El primer error de procedimiento, y probablemente el más grave, ha sido embarcarse en este proceso de negociación con los terroristas sin contar con el imprescindible consenso político y social para poder abordar tan arriesgada empresa. Es verdad que si para el principal partido de la oposición la negociación con los terroristas constituye en sí misma un error, hubiera sido casi imposible haber contado con la complicidad del Partido Popular en semejante aventura. Pero si ese consenso no sólo político, sino del colectivo mayoritario de victimas del terrorismo, de un buen número de medios de comunicación y de otros varios colectivos sociales no era posible, entonces el Gobierno debería haber renunciado a emprender esta peligrosa apuesta. El problema es que el presidente del Gobierno ha convertido su denominado proceso de paz en un arma arrojadiza contra la oposición política, acusándola de antipatriota, de antidemocrática e incluso de no desear el fin del terrorismo.
Tampoco ha logrado el Gobierno un apoyo unánime de la comunidad internacional y muy especialmente de la Unión Europea, como la agónica resolución adoptada por el Parlamento Europeo esta semana se ha encargado de visualizar. Más allá del principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado, máxime si se trata de un país socio y aliado, el entusiasmo que ha recibido el proceso iniciado por Rodriguez Zapatero ha sido mucho menor del que obtuvo la iniciativa británica para Irlanda del Norte. Esto es aplicable no sólo para Europa, sino también para el caso de Estados Unidos.
Un segundo error táctico cometido por Zapatero es haber situado siempre las expectativas por delante de los hechos. La declaración de tregua por parte de ETA fue anunciada en numerosas ocasiones por el Gobierno antes de que lo hicieran los propios terroristas. La interpretación que hizo el Gobierno de ese anuncio, creyendo que ETA renunciaba no solo a cometer atentados mortales sino a cualquier tipo de actividad terrorista incluyendo la extorsión y las labores de aprovisionamiento, ha resultado también falsa. Las declaraciones y filtraciones del Gobierno sobre la buena marcha del proceso, negando la evidencia de la Kale Borroka, de las amenazas de reversión del alto el fuego y de las cartas de extorsión, han mantenido unas expectativas de paz en la sociedad española que tienen un alto interés electoral para el PSOE, pero que pueden resultar devastadoras si se ven frustradas. Todo ello ha provocado que Zapatero sea hoy rehén de sus propias expectativas y que muestre una enorme vulnerabilidad política frente a la determinación totalitaria de los terrositas.
Un tercer error en el desarrollo del proceso es la total opacidad y secretismo en el que el Gobierno lo ha envuelto, en contra de su compromiso inicial de mantener informado al Parlamento. Para los votantes socialistas este puede ser un mal menor, pero para el resto de los ciudadanos el secretismo del presidente aumenta la desconfianza y la sospecha de que en realidad se puede estar negociando algo difícilmente confesable. Las filtraciones interesadas a medios de comunicación afines, en ocasiones con un claro afán manipulador, nada contribuyen a calmar esa ansiedad, sino más bien todo lo contrario.
En todo caso, si mala es la falta de transparencia en el proceso, lo que resulta inadmisible es la mentira. Resulta inaudito que el Gobierno negara en repetidas ocasiones la existencia de contactos con la banda terrorista previamente a la declaración de tregua, cuando esos contactos no sólo han sido desvelados con pelos y señales por sus protagonistas con posterioridad, sino que ha quedado patente también el conocimiento y la implicación del presidente del Gobierno en los mismos. Lo único que queda por averiguar son los compromisos a los que el Gobierno llegó con los terroristas a cambio de esa declaración de tregua, unos compromisos que el Gobierno sigue negando sistemáticamente, pero que son cada vez más fáciles de deducir.
Hay además una constante improvisación. Según la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados para autorizar la negociación con ETA, el abandono de toda acción violenta era un requerimiento previo para el inicio de cualquier diálogo con la banda terrorista. Por el contrario, los anuncios de apertura de negociación por el presidente del Gobierno se han producido precisamente cuando más arreciaba el terrorismo callejero. El diseño inicial del presidente del Gobierno era además que primero la paz y luego la política, es decir, que mientras no hubiera un acuerdo en la denominada “mesa técnica” para la desactivación de ETA no podría constituirse la “mesa política” en la que sentar a todos los partidos para lograr la pretendida “normalización del País Vasco”. Ahora el proceso es inverso, primero se constituirá la mesa política y solo en función de los avances obtenidos por Batasuna en la misma, ETA accederá a entablar conversiones con el Gobierno. Es evidente que en este caso el orden de los factores si altera el producto, porque este cambio significa el reconocimiento de que se está dispuesto a pagar un precio político para que ETA desaparezca.
El objetivo común de todos los demócratas es que ETA desaparezca definitivamente. Pero el proceso preñado de errores en el que temerariamente se ha embarcado el presidente del Gobierno parece que conduce justo a lo contrario: que ETA se perpetúe como garante de este proceso largo, duro y difícil; que los demócratas debamos pagar un elevado precio político si queremos que los terroristas no vuelvan a utilizar sus armas para asesinar inocentes y que la sociedad española deba asumir el enorme error moral de claudicar ante el terror.
Ignacio Cosidó es senador del PP por Palencia.