¿A DÓNDE NOS LLEVAS, PRESIDENTE?:
1. DEMOCRACIA Y TERRORISMO
2. UN FRAUDE DE LEY CONSENTIDO POR EL GOBIERNO
3. LA VOLADURA DEL PACTO POR LAS LIBERTADES Y CONTRA AL TERRORISMO
4. PRESIDENTE, QUEREMOS SABER
Artículos de Jaime Ignacio del Burgo en “Libertad Digital” del 30-4-05 y 1 Y 2-5-05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
La ilegalización de un partido político en el seno de una democracia es un acontecimiento traumático. Supone la privación del derecho de asociación, uno de los derechos fundamentales. A su vez, el terrorismo no puede estar amparado por el ordenamiento jurídico y por tanto no puede convertir el ejercicio de los derechos democráticos en un instrumento para vulnerar radicalmente los valores constitucionales, los derechos humanos y el pluralismo político.
En España, como ocurre en otros países democráticos la ley prevé la posibilidad de disolver aquellos partidos situados en la órbita del terrorismo o que persigan la subversión violenta del régimen constitucional. A pesar de ser tan evidente, esta previsión legal se introdujo en la ley de partidos en 2002, veinticinco años después la instauración de la democracia.
ETA –y en esto está de acuerdo todo el mundo– pretende conseguir la independencia del País Vasco mediante la subversión del actual orden constitucional. Aterroriza a la sociedad vasca y al conjunto de la sociedad española mediante el crimen organizado. Con el fin tener un instrumento político en apoyo a sus fines y métodos, el Movimiento Vasco de Liberación Nacional, entramado político-social dirigido por los pistoleros de la banda etarra, constituyó en 1979 el partido denominado Herri Batasuna. Ha utilizado desde entonces diversas denominaciones. La última marca política de la banda terrorista, antes de su relevo electoral por parte del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) fue Batasuna. Afortunadamente, el Tribunal Supremo disolvió Batasuna e impidió su presentación a las elecciones municipales de 2003. Fue uno de los mayores golpes recibidos por el entramado del terror etarra.
La ilegalización de un partido político no puede hacerse así como así. La ley tipifica con minucioso rigor y concreción los supuestos o causas para la ilegalización. Son actuaciones y comportamientos muy graves en una democracia.
El Fiscal General del Estado está legitimado para instar la disolución. Por algo es el órgano constitucionalmente encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Pero el Fiscal no ilegaliza.
También el Gobierno está legitimado para solicitar la disolución de un partido. Lo puede hacer por su propia iniciativa y lo debe hacer a instancia del Congreso o del Senado. Las demandas de ilegalización se resuelven por la Sala especial del Tribunal Supremo formada por su presidente, los presidentes de las cinco Salas en que se divide el Alto Tribunal y dos magistrados, el más antiguo y el más moderno, de cada una de ellas. El Gobierno, pues, tampoco ilegaliza.
EHAK: Puesta la ley, puesta la trampa
Dice el refrán español que “puesta la ley, puesta la trampa”. La trampa sería hacer un nuevo partido sustitutivo del disuelto. La ley intentó evitar la trampa. Para eso, en trámite de ejecución de sentencia, la Sala especial del Tribunal Supremo puede decretar la disolución del nuevo partido teniendo en cuenta para la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución. Pero la responsabilidad de denunciar la trampa corresponde al Gobierno y al Fiscal.
En las recientes elecciones vascas, y tras conocerse el 26 de marzo de 2005 la ilegalización de la Plataforma electoral Aukera Guztiak por considerarla como una continuación de Batasuna, irrumpió en el escenario político un nuevo partido denominado “Partido Comunista de las Tierras Vascas” (EHAK). Era el “plan B” de Batasuna. En las elecciones ha conseguido nueve escaños.
El Partido Popular y otras organizaciones sociales vascas denunciaron desde el primer momento que EHAK era la trampa tendida por Batasuna a la ley para poder presentarse a las elecciones. El Gobierno, a pesar de contar con diversos informes de la Guardia Civil con pruebas de la vinculación entre ambos partidos, no ha querido instar la disolución de EHAK. Su actitud estaría avalada –para sonrojo de la Abogacía del Estado– por un informe de su titular. Más que el informe independiente de un órgano del Estado se asemeja al dictamen elaborado para defender los intereses de su cliente, en este caso, el Gobierno.
El Gobierno y la Fiscalía usurpan las funciones del Tribunal Supremo
El Fiscal tampoco ha tenido a bien ejercer ninguna acción en defensa de la legalidad pues considera que sigue sin haber pruebas indiciarias suficientes de que los dirigentes de ETA-Batasuna se hayan referido o hayan contemplado en algún momento la posibilidad de que EHAK se convirtiera en la vía de articulación de su actuación política. No hay pruebas, sostiene el Ministerio Fiscal, de que el nuevo partido haya sido un montaje de ETA-Batasuna. La actitud de la Fiscalía, secundando así el interés del Gobierno, merece un severo reproche porque la Constitución le ordena actuar con estricta sujeción a la legalidad y con total imparcialidad.
El Gobierno y el Fiscal, con su actitud, han usurpado la función del Tribunal Supremo. No han cumplido con su obligación porque hay mucho más que indicios, y cada día que pasa surgen más, sobre la vinculación directa entre EHAK y ETA-Batasuna. El Gobierno y la Fiscalía deben dejar que sea el Tribunal Supremo quien se pronuncie sobre la base de los datos existentes. No hacerlo se llama pura y llanamente prevaricación aunque sea por omisión y no tenga en principio trascendencia penal para sus autores.
La propuesta de Anoeta
A finales del pasado año, Batasuna aprobó la denominada “propuesta de Anoeta” (14.11.2004). Después de un largo preámbulo donde se vuelven a reproducir los argumentos ya conocidos y reiterados por ETA desde su adhesión al pacto de Estella, la propuesta incluye las bases para la resolución del conflicto. El objetivo es la iniciación de un proceso de diálogo político multilateral, sobre la base –claro es– del reconocimiento del derecho a la autodeterminación y el compromiso de respetar la decisión de la ciudadanía vasca. El acuerdo entre “los agentes de Euskal Herria” deberá asegurar el “tránsito político hacia un nuevo escenario en el que el pueblo vasco pueda, en condiciones democráticas, decidir cualquier estatuto político o institucional para nuestro Pueblo”. El acuerdo habrá de ser refrendado por la ciudadanía de "Euskal Herría" y una vez obtenido, sus firmantes se convertirán en representantes del pueblo vasco para abrir un proceso de diálogo y negociación con los Estados español y francés. En paralelo habría de abrirse una negociación entre ETA y ambos Estados para tratar sobre la “desmilitarización del conflicto”, “presos, deportados y refugiados” y “víctimas”.
Poco después de aprobada la propuesta de Anoeta, el 16 de enero de 2005 ETA emitió un comunicado expresando su pleno apoyo a la misma por ser “la aportación política más sólida que se ha presentado de cara a superar el enfrentamiento entre Euskal Herria y los Estados”. Batasuna quedaba así legitimada por la banda para impulsar y negociar el contenido de su propuesta.
Y ahora viene lo peor. Porque si han existido conversaciones entre dirigentes socialistas vascos y los representantes de la ilegalizada Batasuna, el guión de lo ocurrido después parece haber sido escrito de común acuerdo.
Se puede llegar sin ser temerario a la conclusión de que en los prolegómenos de las elecciones vascas la llamada “lista blanca” de Batasuna, la Plataforma Aukera Guztiak, no fue más que un señuelo para permitir al Gobierno salvar la cara al instar y obtener su ilegalización, mientras se preparaba bajo manga la irrupción del fantasmagórico Partido Comunista de las Tierras Vascas para permitir la presentación de la izquierda abertzale. Se ha dicho que al apoyar esta maniobra fraudulenta, el PSOE intentaba evitar la mayoría absoluta del PNV con la finalidad de enterrar el Plan Ibarreche. Si así fuera el Gobierno de Rodríguez Zapatero habría dado muestras de una incalificable irresponsabilidad por asestar un golpe de muerte a una legislación, como la Ley de Partidos, imprescindible para asegurar la libertad y el triunfo del Estado de Derecho en el País Vasco. El fin no justifica los medios.
Pero hay algo mucho más profundo e inquietante. A estas alturas, todo parece indicar que el Gobierno ha decidido avanzar en la dirección marcada en la propuesta de Batasuna, al menos en cuanto a la aceptación del inicio de un proceso de diálogo con la finalidad de conseguir lo que en la jerga nacionalista se denomina la superación del conflicto.
Jaime Ignacio del Burgo es diputado por Navarra. Representa a UPN en el Comité Nacional del PP
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2. UN FRAUDE DE LEY CONSENTIDO POR EL GOBIERNO
Artículo de Jaime Ignacio del Burgo en “Libertad Digital” del 1-5-05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
Arnaldo Otegui había anunciado a los cuatro vientos que la izquierda abertzale estaría presente en las elecciones vascas, de una u otra forma y que nadie lo iba a impedir. Cuando lo dijo la primera vez dio la impresión de tratarse de una bravata más del mundo batasuno. Los hechos han demostrado que Otegui no hablaba a humo de pajas. Mientras estábamos entretenidos –y loando la firmeza del Gobierno– con la ilegalización de la “lista blanca”, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, en plena connivencia con ETA-Batasuna, ponía en marcha sus motores. Todo el mundo sabe en el País Vasco quién ha proporcionado a los “comunistas”, que se han negado a condenar la violencia de ETA, los medios de financiación, el diseño de la publicidad, la difusión de la propaganda electoral, los interventores y apoderados y el asesoramiento jurídico. Batasuna se jacta de haber realizado 153 actos.
En el terreno político, y esto es definitivo, EHAK incorporó a sus objetivos electorales la propuesta de Anoeta. Ello permitió a Arnaldo Otegui y a Batasuna pedir el voto para el Partido Comunista de las Tierras Vascas, pues “votar a EHAK es votar un proceso de resolución del conflicto”. La noche de las elecciones, Batasuna proclamó a los cuatro vientos su resonante triunfo electoral.
Para mayor escarnio de nuestro Gobierno y de su Fiscal General, el diario “Gara” nos obsequiaba el pasado 25 de abril el siguiente titular a toda página: “La Mesa Nacional se felicita por su estrategia contra la ilegalización”, seguido del siguiente subtítulo: “Los votos obtenidos por la izquierda abertzale ‘nos dan una base sólida para afrontar con tranquilidad y valentía los próximos retos”. Y añadía: “Impulsará una solución democrática soslayando el debate de la gobernabilidad”.
La representante de EHAK ha defendido ante el lehendakari los postulados de la propuesta de Anoeta en la ronda de conversaciones abierta por el presidente en funciones del Gobierno Vasco con vistas a la formación del nuevo Gobierno vasco. Una ronda cuyo colofón será la entrevista –no sabemos si pública o secreta– de Ibarreche y Otegui, de acuerdo con lo que hablaron ambos personajes a lo largo de la noche electoral.
El Plan Ibarreche y la claudicación de Rodríguez Zapatero
Procede hacer una breve referencia al Plan Ibarreche. El Partido Popular intentó, sin éxito, conseguir un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad tanto de su formulación como de su contenido. El Gobierno de Rodríguez Zapatero se negó a interponer recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto por el Parlamento Vasco. Alegó razones formales. El texto elevado al Congreso no era más que una propuesta y, por tanto, el Tribunal se habría visto obligado a dictar auto de inadmisión del recurso. La actitud del Gobierno es una clara usurpación de las funciones del supremo intérprete de la Constitución. Como yo, Gobierno, investido del Espíritu Santo, sé lo que va a decir el Tribunal Constitucional, no hace falta que molestemos a sus magistrados, que bastante ocupados andan ya.
Pero, con la perspectiva que proporciona el paso del tiempo, podemos aventurar que el Gobierno quería evitar un pronunciamiento sobre el fondo. ¿Qué hubiera ocurrido si el Tribunal, ante la gravedad de la aprobación de un proyecto secesionista, declara la inconstitucionalidad del plan Ibarreche no sólo por vulnerar el artículo 2 de la Constitución sino por suponer además un vaciamiento casi total de las competencias reservadas al Estado en el título VIII? Pues muy sencillo. Que la pretensión de Maragall de llegar a un resultado similar al de Ibarreche al menos en cuanto al contenido del autogobierno habría quedado tocada de ala. Y eso es algo que Rodríguez Zapatero quiere evitar a toda costa.
Con su rechazo en el Congreso al Plan Ibarreche, la opinión pública se tranquilizó. Podía confiar en la firmeza del presidente frente a cualquier proyecto secesionista. Más puntos para Zapatero. Pero nadie advirtió –o muy pocos lo hicieron y si lo hicieron no llegó su voz a la opinión pública- que en el curso del debate se produjo una cesión del presidente a los nacionalistas de extrema gravedad. Ibarreche había justificado la presentación de su plan en el argumento de que ni la Constitución ni el Estatuto servían ya como marco de convivencia para el País Vasco. Pues bien, Rodríguez Zapatero aceptó su razonamiento y, por tanto, su base de partida: la defunción de la Constitución y el Estatuto. El presidente ofreció abrir un proceso de diálogo para alcanzar un “marco definitivo” para el País Vasco mediante la aprobación de un plan “sin apellidos”, un plan elaborado por todos y para todos. Ibarreche vio derrotado su plan secesionista, pero volvió a Ajuria Enea con un as en el bolsillo: la claudicación del presidente y el reconocimiento de que lo que hay no sirve. Podemos llegar a entendernos y configurar un nuevo marco. ¿No suena eso a la propuesta de Anoeta?
Durante la campaña electoral, Rodríguez Zapatero además de comprometerse a dar su apoyo a cualquier propuesta de nuevo Estatuto que se presente con el apoyo de al menos los dos tercios del Parlamento de Vitoria, anunció un referéndum sobre el futuro del País Vasco. Es verdad que cualquier reforma del Estatuto debe de ser sometida a refrendo de la ciudadanía vasca. Pero tal como lo dijo pretendía halagar los oídos de quienes defienden la necesidad de respetar el ámbito vasco de decisión. ¿Fue el eco batasuno de Anoeta el que inspiró las palabras de Rodríguez Zapatero en San Sebastián?
La “hoja de ruta”
Rodríguez Zapatero ha asumido en los últimos tiempos la fraseología típica y peligrosamente nacionalista. “Zapatero ofrecerá a Ibarretxe y Rajoy acordar la ‘hoja de ruta’ para Euzkadi”, titulaba el diario EL PAIS, el pasado 25 de abril. ¿Qué es eso de la hoja de ruta? ¿Acaso Euzkadi es Palestina?
Batasuna pide diálogo. El PNV pide diálogo. El Gobierno manifiesta su disposición al diálogo. Rodríguez Zapatero se compromete a respetar la voluntad vasca expresada en el Parlamento por dos tercios de sus miembros lo que significa que excluye del consenso al Partido Popular. Habrá referéndum si hay acuerdo. Y para redondear la jugada, el candidato socialista Pachi López afirma estar dispuesto a participar “en mesas sobre pacificación y definición del marco”. ¿No suena eso a la propuesta de Anoeta? Así que está todo dispuesto. Sólo falta la tregua de ETA.
De momento, los etarras y sus acólitos han conseguido sentar las bases para la apertura de un nuevo proceso para sustituir el actual marco jurídico como requisito previo imprescindible para alcanzar la paz. Como demostración de su buena voluntad, y en la búsqueda de puntos de encuentro, los socialistas vascos han propuesto la definición de Euzkadi como “comunidad nacional”. De forma incomprensible, el respetado presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, se lanza al ruedo de la reforma constitucional y defiende la constitucionalidad de la novedosa expresión.
Pero antes de que todo esté preparado para alzar el telón hay que sortear un último obstáculo: el pacto por las libertades y contra al terrorismo. Está en entredicho a causa de la negativa del presidente Rodríguez Zapatero a convocar la mesa del pacto y dar explicaciones de por qué no se pone en marcha el proceso de ilegalización de EHAK y valorar qué consecuencias traerá para el País Vasco y Navarra la revitalización de la organización abertzale a través del falso partido de los comunistas vascos.
El secreto del correcto funcionamiento de la democracia en España durante los últimos veinte años ha sido que tanto el PSOE como el Partido Popular compartían la idea de España y el modelo de Estado insertos en la Constitución de 1978. El pacto entre ambas formaciones había presidido en todo momento el desarrollo del Estado autonómico. Pero este consenso básico está en estos momentos hecho pedazo por la irresponsable apertura por parte del presidente Rodríguez Zapatero de un fraudulento proceso constituyente y un proceso de almoneda del Estado común para satisfacer la voracidad de comunidades nacionalistas.
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3. LA VOLADURA DEL PACTO POR LAS LIBERTADES Y CONTRA AL TERRORISMO
Artículo de Jaime Ignacio del Burgo en “Libertad Digital” del 02/05/2005
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
El pacto por las libertades y contra al terrorismo permanecía todavía como el único gran punto de encuentro entre los dos grandes partidos. Si Dios no lo remedia, el buen talante de Rodríguez Zapatero va a conducir a un desencuentro cuyas consecuencias serán desastrosas para España. En el Congreso de los Diputados el presidente Rodríguez Zapatero acusó de deslealtad a Mariano Rajoy porque el Partido Popular, en contra de lo dispuesto en el pacto, ha llevado el terrorismo al debate partidista. Pero el presidente sólo lee del pacto lo que le conviene. Y olvida que todo él se inspira en un principio esencial: que aunque al Gobierno le corresponde la dirección de la lucha antiterrorista, combatir el terrorismo e una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición.
En consecuencia, cualquier iniciativa del Gobierno no consensuada con el Partido Popular que suponga desvirtuar el alcance de los compromisos asumidos en el pacto supone una violación del mismo. El punto 9 del pacto no puede ser más explícito: “El objetivo de este acuerdo, impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, exige una colaboración permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que implica el intercambio de información, la actuación concertada en los ámbitos recogidos en el presente Acuerdo –reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones- y la búsqueda de posiciones conjuntas ante todos los acontecimientos que afecten a la política antiterrorista”.
El Partido Popular tiene la convicción, basada en algo más que meras conjeturas, de que el Gobierno está inmerso en una operación de diálogo con ETA con la finalidad de poner en marcha un proceso de paz, enmarcado en la búsqueda de un nuevo marco jurídico. Y conviene recordar que dar pasos en tal sentido sin contar con el Partido Popular es contrario al pacto. Como lo es estar dispuesto a pagar un precio político a cambio del abandono de la violencia, como lo serían el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y aceptar fórmulas que puedan conducir a corto, medio o largo plazo a la independencia del País Vasco.
El balance del primer año del Gobierno del buen talante –salvo con la mitad de la población española a la que constantemente se arremete desde el poder– no puede ser más desolador. Se ha desactivado la aplicación de la ley de partidos para permitir el acceso al Parlamento vasco de la izquierda abertzale a través de un partido fraudulento engendrado y amamantado a los pechos de ETA-Batasuna. Se ha decretado la defunción del Estatuto vigente como marco de convivencia. Se está dispuesto a abrir un proceso de negociación y diálogo con la finalidad de alcanzar un nuevo marco político para el País Vasco que permita el cese de la violencia terrorista. La figura del Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo parece haber sido creada para neutralizar la oposición de las víctimas a medidas exigidas por ETA tales como el reagrupamiento de los presos y la amnistía final. En medios penitenciarios circula el rumor de que el plan para el acercamiento de los presos podría estar ya preparado.
¿A DÓNDE NOS LLEVAS, PRESIDENTE?
4. PRESIDENTE, QUEREMOS SABER
Artículo de Jaime Ignacio del Burgo en “Libertad Digital” del 02/05/2005
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
A 29 de abril tenemos dos novedades sobre este asunto. La primera refiere que Rodríguez Zapatero ha ordenado al PSOE vasco facilitar en última instancia la investidura de Ibarreche. Para mí la cosa está clara. Explorar las posibilidades de avanzar por la senda de la propuesta de Anoeta es prácticamente imposible si no hay un lehendakari nacionalista. Otra vez el engaño. Porque con este gesto se pretende hacer creer a la opinión pública la generosidad y el “sentido de Estado” del PSOE al renunciar a la posibilidad de liderar un gobierno constitucionalista con tal de evitar la alianza PNV-EHAK. Se evita de esta forma la instalación en Ajuria Enea de un gobierno prisionero de la izquierda abertzale. A Ibarreche las cosas se le ponen más que bien. Puede reeditar el tripartito sin pagar precio alguno y pactar con el PSOE. “No te preocupes, le han dicho. La mayor parte de tu plan, quitando la hojarasca wagneriana del preámbulo, va a tener encaje en paralelo con el que actualmente cocina Maragall. Verás como hablando nos entenderemos”. Al mismo tiempo se arrincona al PP que, como siempre, sólo sabe crispar y jugar a la contra, y se satisface el pacto de Maragall con Esquerra Republicana de Cataluña que exige que con los populares ni a heredar en ninguna parte del “Estado”.
Lo cierto es que Rodríguez Zapatero con este gesto de buena voluntad proporciona un impresionante balón de oxígeno al PNV y rinde pleitesía a Ibarreche. Tenía razón el lehendakari la noche electoral cuando, sin poder disimular su pesar por el clamoroso fracaso del intento de convertir las elecciones en un plebiscito de su plan, expresaba su júbilo porque la baraja estaba de nuevo en sus manos y sólo ellos podían repartir las cartas. He aquí un nuevo frente propicio al chantaje político. Porque al PNV siempre le quedará EHAK para forzar a Rodríguez Zapatero a la componenda. Es muy posible que a estas horas ERC trate de convencer a ETA, si no lo ha hecho ya, de la conveniencia de una tregua para que en un escenario de paz pueda afrontarse desde Cataluña y el País Vasco –y quien sabe si también desde Galicia, en el supuesto de que el PP pierda el Gobierno- el definitivo asalto a la Constitución española para acabar con la idea de España en ella subyacente. Tiempo al tiempo. Y ojalá todo esto sean elucubraciones mías.
La segunda noticia procede del Fiscal General del Estado. Abrumado ante la cada vez mayor evidencia de la simbiosis existente entre el Partido Comunista de las Tierras Vascas y ETA-Batasuna, Conde-Pumpido se ha visto obligado a reconocer que la presencia de interventores proetarras en las mesas electorales en representación de EHAK podría servir de prueba para instar la ilegalización. Hasta ahí bien. Pero a renglón seguido, el Fiscal se apresura a señalar que será imposible evitar que los comunistas de las tierras vascas consigan sus escaños. El engaño es aún más escandaloso que el anterior, porque la ley de partidos permite solicitar la suspensión del partido, al tiempo de presentar el incidente de ilegalización. El Tribunal Supremo podría entender que la fraudulenta presentación a las elecciones provoca la nulidad radical de sus candidaturas. Estas últimas revelaciones han puesto de manifiesto la burda maniobra del Gobierno y la Fiscalía.
Sin duda, el sanedrín de Moncloa pensó de la siguiente forma: “Ilegalizamos la llamada “lista blanca”. Miramos para otro lado con EHAK. Y si la presión de la opinión pública, amparada en el descubrimiento de hechos irrefutables nos obliga a instar la ilegalización la promoveremos cuando los diputados electos hayan tomado posesión de sus escaños. Será un brindis al sol pero quedaremos bien con todos”. El engaño reside en que ilegalización no priva a los electos de su condición de parlamentarios. No podrán funcionar como Grupo pero ya hemos visto cómo la Mesa del Parlamento se las ingenió para no disolver el grupo de Batasuna en la pasada legislatura.
El precio del deshonor
No se puede hacer más destrozo a la política antiterrorista. ¿Veremos al Estado español ponerse de rodillas con el señuelo de conseguir la paz? Se dirá que Aznar mantuvo conversaciones con ETA. Y es cierto. Pero tan pronto como los comisionados del Gobierno, enviados con luz y taquígrafos a Ginebra, tuvieron conciencia de que ETA quería poner precio político a la paz sin moverse un ápice de la reivindicación de independencia y que, además, pretendían una negociación de tú a tú con el Estado, se levantaron de la mesa y regresaron a casa para no volver.
Pide Rodríguez Zapatero al PP respaldo si se abre un proceso de paz con ETA en el caso de que se den las circunstancias adecuadas. ¿Pretende conseguirlas entregando de antemano a los terroristas lo que con tanto esfuerzo se había conseguido en los últimos años de unidad contra ETA?
Conviene no perder de vista la sabia reflexión del gran político británico del siglo XX, Winston Churchill, cuando conoció el pacto de Munich alcanzado por Hitler con Francia e Inglaterra. “Cuando se quiere la paz al precio del deshonor se obtiene el deshonor pero no se consigue la paz”. Cuando Winston Churchill pronunció esta profética frase estuvo a punto de ser lapidado por la opinión pública de su país. Pocos meses después fue llamado para presidir un gobierno de salvación nacional capaz de hacer frente a la voracidad genocida y criminal del Führer. Enderezar el rumbo costó sangre, sudor y lágrimas. Demasiadas.
Rodríguez Zapatero se comprometió a gobernar con total transparencia. En este asunto reina total opacidad. Por eso formulo una pregunta. ¿A dónde nos llevas, presidente? Tu sonrisa no bastará para producir la rendición de ETA.
No espero recibir ninguna respuesta a mi pregunta, pero al menos confío en que el presidente será comprensivo con aquellos ciudadanos que, como yo, queremos saber la verdad. Esto último le suena a algo, ¿verdad presidente?