SALTO EN EL VACÍO
Artículo de ÁLVARO DELGADO-GAL en “ABC” del 02.10.05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
Ya salió el conejo de la
chistera. Tomémosle las medidas a la propuesta estatutaria que anteayer se
aprobó en el Parlament y que pronto llegará a Madrid. Primer dato: si el
Congreso bendice el documento según ha salido de Cataluña, se habrá procedido a
una reforma encubierta de la Constitución. Para conocer el paño, basta una
muestra. Sólo la creación de un poder judicial catalán exige la reforma de diez
artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Habría que acudir a
aumentos exponenciales, para tasar el impacto del «Estatut» sobre el conjunto de
la Carta Magna. Esto encierra dos hechos gravísimos. En primer lugar, se quieren
cambiar las reglas de juego por la puerta de atrás. En segundo lugar, se acomete
la operación dando la espalda al PP, que es casi la mitad del país. Se rompe, en
una palabra, el consenso del 78, lo que equivale a decir que se ingresa en un
desarrollo literalmente inédito y rigurosamente impredecible. Aznar, el otro
día, habló de un cambio de régimen. La expresión es inexacta. Más justo sería
decir que nos estamos dirigiendo hacia la liquidación del régimen vigente sin
ningún orden alternativo que lo substituya.
Pasemos, de la política, a los números. ¿A qué España nos aboca el «Estatut»? La
respuesta es elemental: a un país en que la redistribución recorrería circuitos
regionales. El acuerdo sobre financiación contempla que Cataluña recaude y
gestione los impuestos, y luego negocie bilateralmente qué cantidad debe
trasladar al Estado. Se trata, hablando en plata, de un sistema muy próximo al
del concierto económico. En un papel de urgencia que el PSC redactó anteayer, se
afirmaba que no hay cupo, porque el «Estatut» prevé que la Generalitat ceda una
parte de lo recaudado con arreglo a una serie de coeficientes, que se fijarían
entre ambas partes. Pero esto es eludir la cuestión de fondo. Quienquiera que se
haya tomado la molestia de examinar qué interpretaciones se hacen en Cataluña de
las balanzas fiscales, está en grado de anticipar que la Generalitat establecerá
unos coeficientes cortados a la medida de sus reclamaciones, que son infinitas.
Contra lo que se asevera en la prensa, el modelo de financiación codificado en
el «Estatut» no es federal, sino confederal. Y el propósito transparente,
alcanzar los resultados del concierto vasco o el convenio navarro. El desenlace
cantado, en el medio plazo, sería una mucho menor contribución catalana a la
equidad interterritorial. Súmense otros ingredientes al cóctel, verbigracia, la
impotencia del Estado para hacerse valer frente a una Cataluña blindada, o el
efecto emulador que el esquema catalán excitará en otras comunidades ricas, y
resultará sencillo a gallegos, extremeños o andaluces, apreciar lo que se les
viene encima.
¿Qué ocurrirá en el Congreso? No es posible hacer viable el Estatuto sin
desnaturalizarlo por completo. Se puede aplicar pintura metalizada a un
utilitario, y añadirle unos alerones, y después, si se mira desde muy lejos,
hacerse a la idea de que es un deportivo. Pero no sabemos todavía cómo
transformar una carroza fúnebre en un triciclo, o al revés. En esencia, habrá
que devolver el «Estatut», o si no, tragárselo en lo sustancial, sosteniendo
contra toda evidencia que tiene cabida en la Constitución. Recelo que sucederá
lo último, por dos razones. Primero, porque devolver el Estatuto obligaría al
PSOE a romper con el PSC; segundo, porque es Zapatero quien, a última hora, ha
impulsado un trato con CiU.
La actuación de Zapatero ha sido misteriosa. La semana pasada, todo indicaba que
el Gobierno, con la anuencia del PSC, estaba dispuesto a tensar la cuerda a fin
de que CiU hiciese naufragar el invento. Los costes habrían sido graves, aunque
inferiores a los que comporta desquiciar el Estado. El Presidente, sin embargo,
rebasó por la retaguardia a su propio partido, y desequilibró irreversiblemente
la balanza a favor de un acuerdo. No podrá echarse abajo el Estatuto sin que
Zapatero dimita, y se convoquen elecciones generales en circunstancias
dramáticas para los socialistas. Es probable, en consecuencia, que la ley
catalana pase el portazgo del Congreso, con retoques más que insuficientes. La
celebración del referéndum en Cataluña adquiriría, por la fuerza de las cosas,
el carácter de un acto de autodeterminación, en el curso del cual los catalanes
estarían sentando las condiciones de su permanencia nominal en España. Lo que
más tarde dictaminara el TC, carecería de importancia.
Zapatero ha dado un paso histórico, aunque desconocemos hacia dónde. España
enfila el siglo XXI envuelta en un caos muy del siglo XIX.