EL GOLPE DE ESTADO PERMANENTE

Artículo de Luis del Pino en “Libertad Digital” del 18-8-09

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web

La expresión "golpe de estado permanente" fue utilizada por Francois Mitterrand en 1964 como título de un libro, para describir la forma de gobernar del general Charles de Gaulle. La verdad es que no se me ocurre un término mejor para describir la situación en España desde el 11 de marzo de 2004.

Recientemente, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha efectuado unas declaraciones en las que venía a abogar porque el Tribunal Constitucional convalide el ilegal estatuto de Cataluña, argumentando que lleva aplicándose más de dos años sin que ello haya causado ningún problema. Por lo que se ve, al ministro de Justicia español no le parece que sea un problema el que se lleve dos años violentando los derechos individuales de los catalanes, y de todos los ciudadanos españoles, en materia lingüística o de educación. Como tampoco le parece un problema que se vacíe de contenido la Constitución española, al reconocer el carácter de nación para Cataluña o al consagrar las relaciones bilaterales entre Cataluña y España. Vamos, que al ministro de Justicia le parece de perlas el que con una norma de rango inferior se enmiende la Constitución por la vía de los hechos consumados.

Si las tomamos aisladamente, las declaraciones de Caamaño resultan sencillamente incomprensibles, por cuanto el ministro de Justicia está conscientemente incumpliendo una de las obligaciones de su cargo, que es velar porque las leyes, y en particular la principal de todas, la Constitución, se respeten y se cumplan. Pero si ponemos las palabras de Caamaño en el contexto de otras declaraciones y sucesos recientes, se entiende perfectamente que nos encontramos ante una ofensiva coordinada para resucitar la Hoja de Ruta que la presión popular obligó a aparcar en la anterior legislatura. Ya anunciamos en este blog que esa hoja de ruta se retomaba a la vuelta del verano de 2009 y mucho me temo que hemos acertado de pleno.

Casi todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas apunta directamente a lo mismo. Por un lado, asistimos a una resurrección de la presión terrorista, con dos nuevos asesinatos incluidos, para que no olvidemos que el problema territorial sigue ahí. ¿Cómo podría alguien vendernos, de otro modo, la destrucción constitucional, si no es ofreciéndonos a cambio el "fin" del terrorismo, mediante algún proceso "negociado" de abandono de las armas? ¿Y cómo podrían vendernos el abandono de las armas de un grupo terrorista, si éste no se hiciera patente mediante la sangre y el terror? "Poner muertos encima de la mesa de negociación", se llama esa jugada tantas veces repetida.

En paralelo, asistimos a una sucesión de declaraciones destinadas a vender entre la opinión pública la idea de que la Constitución lo admite todo, incluido ese estatuto catalán que la pervierte. Así, a las declaraciones del ministro Caamaño hemos de sumar las del presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, que afirmaba hace pocos días que la sentencia del Constitucional sobre el estatuto de Cataluña conllevará una "nueva interpretación de la Constitución". O sea, modificación constitucional al canto, pero sin preguntarnos a los españoles en un referéndum, como sería obligado, qué nos parece la jugada.

Y en una perfecta estrategia de pinza, esas declaraciones se complementan con un aumento de la presión desde los grupos independentistas, encabezados por ERC, para tratar de que en la calle se visualice un movimiento social en favor del Estatuto. La única jugada que les falta por poner en marcha, para terminar de agotar la panoplia de herramientas tradicionales, es alguna campaña contra la Monarquía, destinada a ver si así los españoles renunciamos más fácilmente a la Nación, con tal de salvar la Corona. Ya les hemos visto utilizar esa técnica pavloviana de manipulación otras veces.

España está inmersa, desde el 11 de marzo de 2004, en un proceso ilegal e ilegítimo de destrucción de la Constitución del 78, esa constitución aprobada por una abrumadora mayoría de los ciudadanos. En Cataluña, sin ir más lejos, el 91% de los votantes (el 55% del censo electoral) dijo sí a la Constitución. Y ahora se pretende sustituir esa Constitución por la vía interpretativa, utilizando para ello un Estatuto que sólo contó con el respaldo de uno de cada tres catalanes. Es decir, se nos hurta a todos los españoles la posibilidad de manifestar nuestra opinión sobre esa derogación de facto de la Constitución y encima se hace eso utilizando un estatuto que tiene menos respaldo entre los catalanes que la propia Constitución.

Resulta evidente que a lo que estamos asistiendo es a una quiebra absoluta del régimen de legalidad, lo que hace imperativo que nos preparemos para nuevas movilizaciones. Porque desgraciadamente, cuando el Poder está dispuesto a saltarse la Ley a la torera, cuando a lo que nos enfrentamos es a un golpe de estado permanente, destinado a sustituir la democracia real por una apariencia de democracia, lo único que queda es la resistencia democrática y cívica. Sólo la presión de la calle podrá doblarle la mano a quienes no atienden a argumentos, ni están dispuesto a moverse dentro del marco de legalidad, ni respetan las reglas del juego democrático.

De nosotros, de los ciudadanos, depende el paralizar de nuevo esa Hoja de Ruta que nos quieren imponer.