AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo de Jorge De Esteban en “El Mundo” del 13 de diciembre de 2009

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web


Desde la aprobación del Estatut de Cataluña, la Constitución Española, a medida que éste se vaya desarrollando, irá perdiendo vigencia en una parte concreta de España. Pero, incluso, como dicen muchos catalanes, el Estatut no es el punto final, sino una propuesta de mínimos, puesto que consideran la Constitución como una «camisa de fuerza», que impide el expansionismo nacional de Cataluña.

Dicho de otra forma, mientras que los magistrados del Tribunal Constitucional discuten circularmente una y otra vez sobre la constitucionalidad o no del Estatut en general o de algunos artículos en particular, los nacionalistas catalanes, ante la miopía política de Zapatero, siguen avanzando hacia su meta final. Baste señalar para entenderlo con dos ejemplos de actualidad.

Por una parte, hace poco que se nombró a los nueve miembros del llamado Consell de Garanties Estatutàries, remedo de Tribunal Constitucional para andar por casa y que es una de los cuestiones que han sido recurridas por su posible inconstitucionalidad. Pero no importa, la política de los hechos consumados es la que prima hoy en Cataluña. De esta manera, el primer dictamen vinculante de un órgano presuntamente inconstitucional ha sido para declarar «inconstitucional» el artículo 86 y, en parte, el 63, de la Ley del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), presentando una sentencia «interpretativa» para hacer compatible esta institución con la del Defensor del Pueblo (for the time being…).

Es más, esta nueva institución está formada por ocho varones y una sola mujer, contradiciendo flagrantemente la paridad que establece el propio Estatut. Estamos así en pleno surrealismo jurídico, aumentado por la segunda cuestión que paso a exponer.

En efecto, hoy domingo se va a proceder a dar otro pasito más hacia la secesión de Cataluña, mediante una llamada consulta popular sobre la independencia de Cataluña, en 167 municipios, que albergan a una población de unos 700.000 habitantes, y a los que se les va a plantear la siguiente pregunta: «¿Estás de acuerdo en que Catalunya sea un Estado de Derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?».

Pues bien, tal y cómo se va a llevar a cabo esta consulta es inconstitucional, porque no se trata de un simple sondeo o encuesta, lo que sería factible, como es lógico, sino que consiste en un referéndum semioficial y camuflado por las siguientes razones: primero, porque ni el Gobierno de Zapatero ni la Generalitat han hecho nada por desaconsejarlo o prohibirlo, cuando es una consulta que afecta al artículo 2 de la Constitución, que preconiza la indisoluble unidad de España; segundo, porque es una consulta que ha sido aprobada por muchos consistorios municipales; tercero, porque los mismos ayuntamientos han facilitado las listas del censo, sin las cuales no sería posible realizar esta pantomima; cuarto, porque muchos ayuntamientos han prestado sus instalaciones para las votaciones; quinto, porque se permite votar a los menores de 18 años, que no tienen capacidad electoral todavía, y a muchos inmigrantes, y sexto, porque según el artículo 149.1.32 de la Constitución, se necesita la autorización del Estado para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum y, que se sepa, tal autorización no existe.

Sí existe, en cambio, el artículo 122 del Estatut, que declara «competencia exclusiva» de la Generalitat, en todo lo referente a consultas populares y referendos, vaciando de contenido, por consiguiente, al artículo citado de la Constitución. Luego, por acción u omisión, tanto el Gobierno central como la Generalitat han permitido esta consulta que, de folclórica, puede llegar a convertirse en algo muy serio, porque ya se empieza a hablar de próximos referendos en más pueblos y ciudades y, especialmente, en Barcelona.

Por supuesto, estas consultas ni son legales ni son vinculantes, pero pueden ser trascendentes, a pesar de que se han hecho sin los controles propios de cualquier elección o referéndum.

Pero, desde luego, no se trata de algo nimio, ni de una simulación, sino que lo que está en juego es hacer ver, urbi et orbi, que el sueño de los nacionalistas iluminados empieza a calar en muchos ciudadanos que, en principio, no están por la independencia.

En otras palabras, salvo que la consulta se resuelva como un esperpento político, el Gobierno de Zapatero y los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un bonito tema de reflexión durante las próximas Navidades, porque en el cuento del lobo, después de los falsos anuncios, éste acabó llegando y el cuento entonces se acabó.