AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN
Artículo de Jorge De Esteban en “El Mundo” del 13 de diciembre de 2009
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web
Desde la aprobación del Estatut de Cataluña, la Constitución Española, a
medida que éste se vaya desarrollando, irá perdiendo vigencia en una parte
concreta de España. Pero, incluso, como dicen muchos catalanes, el Estatut no
es el punto final, sino una propuesta de mínimos, puesto que consideran la
Constitución como una «camisa de fuerza», que impide el expansionismo nacional
de Cataluña.
Dicho de otra forma, mientras que los magistrados del Tribunal Constitucional discuten circularmente una y otra vez sobre la constitucionalidad o no del Estatut en general o de algunos artículos en particular, los nacionalistas catalanes, ante la miopía política de Zapatero, siguen avanzando hacia su meta final. Baste señalar para entenderlo con dos ejemplos de actualidad.
Por
una parte, hace poco que se nombró a los nueve miembros del llamado Consell de
Garanties Estatutàries, remedo de Tribunal Constitucional para andar por casa y
que es una de los cuestiones que han sido recurridas por su posible
inconstitucionalidad. Pero no importa, la política de los hechos consumados es
la que prima hoy en Cataluña. De esta manera, el primer dictamen vinculante de
un órgano presuntamente inconstitucional ha sido para declarar
«inconstitucional» el artículo 86 y, en parte, el 63, de la Ley del Síndic de
Greuges (Defensor del Pueblo catalán), presentando una sentencia
«interpretativa» para hacer compatible esta institución con la del Defensor del
Pueblo (for the time being…).
Es
más, esta nueva institución está formada por ocho varones y una sola mujer,
contradiciendo flagrantemente la paridad que establece el propio Estatut.
Estamos así en pleno surrealismo jurídico, aumentado por la segunda cuestión
que paso a exponer.
En
efecto, hoy domingo se va a proceder a dar otro pasito más hacia la secesión de
Cataluña, mediante una llamada consulta popular sobre la independencia de
Cataluña, en 167 municipios, que albergan a una población de unos 700.000
habitantes, y a los que se les va a plantear la siguiente pregunta: «¿Estás de
acuerdo en que Catalunya sea un Estado de Derecho, independiente, democrático y
social, integrado en la Unión Europea?».
Pues
bien, tal y cómo se va a llevar a cabo esta consulta es inconstitucional,
porque no se trata de un simple sondeo o encuesta, lo que sería factible, como
es lógico, sino que consiste en un referéndum semioficial y camuflado por las
siguientes razones: primero, porque ni el Gobierno de Zapatero ni la
Generalitat han hecho nada por desaconsejarlo o prohibirlo, cuando es una
consulta que afecta al artículo 2 de la Constitución, que preconiza la
indisoluble unidad de España; segundo, porque es una consulta que ha sido
aprobada por muchos consistorios municipales; tercero, porque los mismos
ayuntamientos han facilitado las listas del censo, sin las cuales no sería
posible realizar esta pantomima; cuarto, porque muchos ayuntamientos han
prestado sus instalaciones para las votaciones; quinto, porque se permite votar
a los menores de 18 años, que no tienen capacidad electoral todavía, y a muchos
inmigrantes, y sexto, porque según el artículo 149.1.32 de la Constitución, se
necesita la autorización del Estado para la convocatoria de consultas populares
por vía de referéndum y, que se sepa, tal autorización no existe.
Sí
existe, en cambio, el artículo 122 del Estatut, que declara «competencia
exclusiva» de la Generalitat, en todo lo referente a consultas populares y
referendos, vaciando de contenido, por consiguiente, al artículo citado de la
Constitución. Luego, por acción u omisión, tanto el Gobierno central como la
Generalitat han permitido esta consulta que, de folclórica, puede llegar a
convertirse en algo muy serio, porque ya se empieza a hablar de próximos
referendos en más pueblos y ciudades y, especialmente, en Barcelona.
Por
supuesto, estas consultas ni son legales ni son vinculantes, pero pueden ser
trascendentes, a pesar de que se han hecho sin los controles propios de
cualquier elección o referéndum.
Pero,
desde luego, no se trata de algo nimio, ni de una simulación, sino que lo que
está en juego es hacer ver, urbi et orbi, que el sueño de los nacionalistas
iluminados empieza a calar en muchos ciudadanos que, en principio, no están por
la independencia.
En
otras palabras, salvo que la consulta se resuelva como un esperpento político,
el Gobierno de Zapatero y los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un
bonito tema de reflexión durante las próximas Navidades, porque en el cuento
del lobo, después de los falsos anuncios, éste acabó llegando y el cuento
entonces se acabó.