EL DEDO EN LA LLAGA
Artículo de JORGE DE ESTEBAN en “El Mundo” del 11.07.05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
Alfonso Guerra, en una intervención el viernes pasado en los cursos de verano de
El Escorial, ha puesto por fin el dedo en la llaga que afecta a España en la
actualidad. Y digo «por fin», porque menos mal que se oye una voz sensata dentro
del PSOE, acerca de lo que puede ocurrir a nuestro país, si no se remedia cuanto
antes lo que se nos viene encima. Lo que está en juego, ni más ni menos, es la
pervivencia de nuestro Estado nacional y, en definitiva, la posible convivencia
pacífica de los españoles adoptada a partir de la Transición.
Por supuesto, el mal que nos aflige viene de antiguo, y se encuentra, como tantas veces he denunciado en estas páginas, en el funesto Título VIII de la Constitución que dejó sin definir el modelo de Estado, desde el punto de vista de la descentralización territorial del Poder. Pero a esa causa mediata, se ha venido a añadir ahora otra inmediata. Empezando por la primera, lo que dejó claro el Título citado de nuestra Norma Fundamental, fueron las consecuencias siguientes. En primer lugar, que nuestra Constitución, a diferencia de todas las demás, es una Constitución «inacabada», porque hurtó el modelo de Estado descentralizado desde un principio. Una Constitución, como acaba de señalar Enrique Múgica, es siempre un punto de llegada y no un punto de partida.
En segundo lugar, se dejó la posibilidad de crear las Comunidades Autónomas, a gusto y voluntad de las diversas regiones, estableciendo un sistema a la carta, en lugar de haber hecho un menú para todos igual o, si se quiere, otro especial para algunas regiones más diferenciadas, esto es, para las llamadas nacionalidades históricas.En tercer lugar, esa indefinición del Constituyente, dejaba en manos del Gobierno de turno y del Tribunal Constitucional, la construcción del Estado de las Autonomías. Lo cual venía a significar que en España existe un proceso constituyente permanente, que comportaba, y comporta todavía, la adopción de un sistema de pujas para alcanzar la mayor cota de poder político. Circunstancia que enseguida utilizaron los partidos nacionalistas de algunas Comunidades Autónomas para reivindicar continuamente mayores cuotas de poder. Semejante característica ha sido el signo diferenciador de nuestro régimen político con respecto a otros, que sufría así de una inestabilidad constitucional permanente, según la cual nunca se ha sabido con certeza cuáles son las competencias del Estado y cuáles las de cada Comunidad Autónoma.
Ahora bien, dicho esto, ese proceso constituyente abierto estaba sujeto, a pesar de todo, a unos límites que establece la propia Constitución. El primero de ellos es el que se debe respetar el principio de constitucionalidad, en el sentido de que ninguna Comunidad Autónoma puede llevar a cabo su autogobierno en contra de lo que establece la Constitución. El segundo límite es que no existe más que la Nación Española, compuesta, al ser plural, de nacionalidades y regiones. El tercero, consiste en que la unidad de esa Nación es indiscutible y para ello se establecen los mecanismos adecuados para poder garantizarla. El cuarto principio, es el de la igualdad, que sin duda admite la heterogeneidad de las diversas Comunidades Autónomas, aunque ello no implica que puedan surgir privilegios de algunas sobre otras. El quinto, es el de la solidaridad entre todas ellas, lo cual significa que las Comunidades Autónomas más ricas económicamente deben ayudar a las más pobres, y así lo señalan los artículos 2º, 40.1 y 138.1 de la Constitución. Principio establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia 135/92, afirmando que debe ser un factor de equilibrio entre el principio de autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones y la indisoluble unidad de la Nación Española, que se despliega en el auxilio recíproco (STC 18/82), en el deber de apoyo (STC 98/86) y en la lealtad constitucional (STC 11/86) de todas las Comunidades Autónomas.En consecuencia, por muchas diferencias que haya entre ellas, ninguna puede quebrar alguno de los principios señalados.
Hasta ahora, cabría afirmar que, de un modo u otro, esta exigencia constitucional se ha cumplido. Pero todo parece indicar que la misma puede estallar, a partir de la aparición de la segunda causa inmediata de nuestra lamentable actual situación. En efecto, la fecha del 11 de marzo de 2004, que comienza a ser ya interpretada como una de las más funestas de la historia de España, puede llevarnos a una situación de desintegración nacional. Cada vez aparece más claro que las elecciones del 14 de marzo del año pasado no debieron celebrarse en esa fecha. El shock traumático que significó la muerte de cerca de 200 víctimas inocentes, en vísperas de unas elecciones, debería haber comportado un acuerdo de todos los partidos para posponer la cita electoral. Sin embargo, intereses electorales de los dos grandes partidos, comportaron que cada uno quisiera arrimar el ascua a su sardina, en perjuicio de los intereses nacionales. Las consecuencias las estamos pagando y son muy claras. En primer lugar, se constituyó un Gobierno socialista que es rehén de grupos nacionalistas, que buscan su interés propio y no los intereses generales. En segundo lugar, ante un Gobierno débil, como es el actual, asistimos también a una oposición igualmente débil, lo que nos conduce a un despeñadero.En tercer lugar, presenciamos la exacerbación de los intereses nacionalistas, ahora incluso incrementados por el resultado de las elecciones gallegas. En cuarto lugar, por primera vez desde la vigencia de nuestra Constitución, el país se encuentra polarizado y ha surgido el espectro de nuestros enfrentamientos guerracivilistas.La consecuencia evidente de todo ello es que el Estado nacional cada vez se halla más debilitado, y las reivindicaciones de los partidos nacionalistas en el País Vasco y Cataluña están desbordando la Constitución.
Esta es, se quiera o no se quiera, la situación en que nos encontramos, y es la que acaba de denunciar Alfonso Guerra de manera lúcida.Creo que se pueden destacar los siguientes puntos de la reciente conferencia de El Escorial. Alfonso Guerra mantiene, en primer lugar, que la Constitución sólo se puede modificar por los procedimientos establecidos en la Constitución, que exigen, en todo caso, el necesario acuerdo del Partido Popular. Por consiguiente, si la actual estrategia del Gobierno es apartar del consenso básico a este partido, se está arrinconando él mismo en un callejón sin salida. En segundo lugar, el ex vicepresidente denuncia que asistimos a una modificación de la Constitución, no declarada, a través de la reforma de los Estatutos de Autonomía que han emprendido al menos siete Comunidades Autónomas. Pero incluso llega a afirmar, con toda la razón, que en algunos casos se trata de un nuevo Estatuto y no de una mera reforma, lo cual no está previsto en la Constitución. De esta manera, Cataluña o el País Vasco no se limitan a reformar su actual Estatuto, sino que quieren aprobar, lo que yo he denominado aquí, unas «Constitutos», es decir, unas auténticas Constituciones disfrazadas de Estatutos.En tercer lugar, como dice Guerra, no es posible admitir que en esos nuevos Estatutos, algunas Comunidades Autónomas se definan como Nación. No se trata de una mera cuestión semántica, sino que existen cientos de monografías, explicando que en un Estado no cabe más que una Nación política, y así se pactó en el artículo 2º de nuestra Constitución, en donde no se reconoce más que la Nación española, aunque se admitan nacionalidades y regiones.Romper esa denominación, no significa ni más ni menos que cambiar la Constitución por algo etéreo y enormemente peligroso. Si se dice que una Comunidad Autónoma es una Nación, lo que viene a significar es que ésta posee la soberanía y el propio poder constituyente.Por consiguiente, la definición de una Comunidad Autónoma como Nación, lo que significa en definitiva es que no existe la Nación española. Y todos sabemos que las Naciones, cuando un grupo se define así, tienden a convertirse en Estados, hasta el punto de que la ONU, como su propio nombre indica, es la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la identificación en el mundo actual es total entre Nación y Estado. En cuarto lugar, Guerra mantiene que las Comunidades Autónomas consideran que sus Parlamentos son soberanos, lo que no es verdad, puesto que únicamente son autónomos, en el marco de las competencias que les reconoce la Constitución. De esta manera, en quinto lugar, Guerra afirma que se producirá, de seguirse esa tendencia, una fragmentación de la soberanía, que cambia radicalmente la actual estructura del Estado, y que acabaría, convirtiéndose, en el caso mejor, en una especie de Confederación de «Estaditos». Además, en sexto lugar, sostiene que la reforma de las leyes orgánicas aprobadas por las Cortes Generales, desde los Parlamentos Autonómicos, es algo semejante a dejar que se pueda reformar la legislación estatal por cada una de las 17 Comunidades Autónomas, lo que convertiría al Estado en un galimatías. Mantiene igualmente, en séptimo lugar, que los nuevos Estatutos se atribuyen competencias exclusivas del Estado, a través de un uso fraudulento del artículo 150.2 de la Constitución, el cual permite que el Estado ceda alguna de sus competencias exclusivas a Comunidades Autónomas, pero siempre de manera excepcional. No existe ningún Estado Federal, por muy descentralizado que esté, en que el Estado central se quede desnudo de sus competencias exclusivas, como pretenden, por ejemplo, los nacionalistas vascos y catalanes y, en el mismo sentido, no es posible admitir tampoco el blindaje de las competencias que se atribuyen algunas Comunidades Autónomas, porque dejarían al Estado inerme, sin que pueda armonizar, mediante leyes de bases, las leyes autonómicas. Y, para acabar, Alfonso Guerra tiene también razón en denunciar como inconstitucionales, tanto las pretensiones de crear una Administración única, que dejaría sin función, en contra de lo señalado por la Constitución, al Delegado del Gobierno en cada Comunidad Autónoma, como permitir que la financiación de cada una de ellas se lleve a cabo de forma insolidaria.
En definitiva, Guerra concluye afirmando que «no hay ningún Estado que pueda resistir la residenciación fragmentada de la soberanía».Pero, es más: estas reivindicaciones nacionalistas, que vienen a exigir un nuevo reparto, a su favor, del poder político, no son aspiraciones de los ciudadanos de cada Comunidad Autónoma, sino que, como se demuestra, por ejemplo en Cataluña, donde la reforma del Estatuto sólo interesa al 0,4% de los mismos, según sondeos de la propia Generalitat, es obra de los intereses y de los delirios de grandeza de las minorías nacionalistas, pues como decía Menéndez Pidal, «el futuro imprevisible pudiera erigir en carácter dominante el arte de minorías». A buen seguro, Alfonso Guerra acaba de rendir un gran servicio a España, con su denuncia del peligro de la «deconstrucción» del Estado y de la Constitución.¿Llegará a darse cuenta de ello el presidente Rodríguez Zapatero? ¿No debería ir pensando en convocar elecciones generales para salir del embrollo en que nos ha metido?
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.