LA IGUALDAD DE LAS VACAS

 Artículo de Jorge de Esteban en “El Mundo” del 14.08.06

Jorge de Esteban es presidente de Unidad Editorial y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

Lo ha dicho -y tiene toda la razón- el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara: «En España tiene más garantía de ser tratado igual en todas las Comunidades Autónomas un cerdo o una vaca que un hombre». La explicación es muy sencilla: en materias agropecuarias, rige para toda la Unión Europea una normativa comunitaria común; mientras que en materia de Derechos Humanos, se están aprobando, dentro de España, disposiciones que tienden a privilegiar a los ciudadanos de una Comunidad sobre los de otras.

Ciertamente, si consideramos, en vez de vacas o cerdos, a los ciudadanos españoles, vemos atónitos como cada día se erigen más diferencias entre los mismos, convirtiendo en papel mojado el artículo 14 de la Constitución, que señala que todos «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Hace poco he presenciado, en contra de mi voluntad de miembro de un Tribunal, como se impedía que un opositor a una cátedra de Derecho Constitucional en el País Vasco pudiese realizar los ejercicios, porque no había acreditado su conocimiento del euskera. Igualmente nos enteramos con frecuencia de alguna discriminación de españoles en Cataluña por no hablar catalán -por ejemplo, 400 funcionarios al servicio de la Administración de Justicia han pedido su traslado a otra Comunidad Autónoma-. Y, en estos días, se nos ha informado de que varias personas especializadas en los servicios antiincendios forestales de Galicia fueron despedidos por el nuevo Gobierno regional por no saber gallego, demostrándose así que los que hablan esta lengua -empezando por los miembros de ese Gobierno incompetente-, pueden ignorar lo que hay que hacer cuando los bosques arden por los cuatro costados, ante la desesperación de miles de personas que ven como se arruina su vida, su patrimonio y el medio ambiente en que viven y desean vivir.

Todos estos males, y los que se nos vienen encima, se deben a que cada vez más nos alejamos del modelo de Estado de Derecho que instauraba nuestra Constitución y del pacto de convivencia que la misma significaba. Asistimos así a una creciente paradoja: mientras que el único ejemplo de algo parecido a una Confederación de Estados que existe hoy en el mundo, es decir, la Unión Europea -Suiza, a pesar de lo que se dice con frecuencia, dejó de serlo en 1870 para pasar a ser un Estado Federal confirmado por la reciente Constitución de 1999-, tiende crecientemente a crear un sistema normativo común para los 25 Estados que la componen, que incluso se reforzará cuando se logre la vigencia de un Tratado Constitucional hoy en barbecho, en lo que se refiere a nuestro país está claro que navegamos en sentido contrario.

En efecto, la aprobación del Estatuto de Cataluña que entró hace unos días en vigor, rompe el modelo del Estado de las Autonomías, como nos hemos cansado de denunciar en este periódico. Pero por si hubiese alguna duda, lo acaba de aclarar el presidente de la Generalitat, lúcido excepcionalmente en esta ocasión, puesto que lo que dice es rigurosamente exacto, afirmando así, en el pueblo más pequeño de Cataluña, que el ya vigente Estatuto -legal pero ilegítimo, pues no fue votado ni siquiera por el 50% de los catalanes-, equivale a una Constitución, rompiendo evidentemente con el concepto de Estatuto que define nuestra Norma Fundamental.

Maragall añadía además, de forma subrepticia, que la soberanía ya reside en el pueblo catalán, al sostener que «Cataluña puede hacer lo que quiera» y que el Estado central «es prácticamente residual», lo que equivale a decir que en España ya hay un Estado adosado al Estado central, en el que regirán unos derechos fundamentales para los catalanes distintos de los del resto de los españoles, y que están destinados a construir el país que «un día aquéllos que comenzaron aquí, y estamos hablando del año 1100, habían soñado». Sueño que comporta un afán de expansionismo que se dirige, con el señuelo de crear una Eurorregión, a poner en pie la entelequia de los països catalans, tratando de ir imponiendo su voluntad a las Comunidades que hablan también, según él, la lengua catalana sin reconocer especifidades legítimas.

Pero, como no podía ser menos, la diferenciación en el reconocimiento de los derechos, quiere imponerse también, por el momento, en el País Vasco, donde el llamado proceso de paz es un eufemismo para que los vascos disfruten de un trato diferenciado respecto de otras Comunidades Autónomas. En este sentido, se sostiene que un partido ilegalizado como Batasuna tiene derecho a pedir, en una manifestación ilegal, la autodeterminación, que es algo que no cabe en la Constitución. Para quienes mantienen este argumento, la Ley de Partidos no debe regir en Euskadi porque los vascos poseen unos derechos históricos de los que carecen el resto de los españoles.

En consecuencia, toda la construcción del Derecho Constitucional democrático, surgido de las revoluciones americana y francesa, basado en la idea de que cada individuo es contemplado en lo que tiene de igual a los demás y no en lo que tiene de diferente, se viene así abajo, retrocediendo, como quieren los nacionalistas vascos y catalanes, a un periodo anterior al siglo XVIII, el cual es contemplado con la fantasía de unos iluminados que no responde a la realidad histórica.

Naturalmente, el deseo de unos y de otros, con un Estadito de andar por casa, es el de seguir perteneciendo a la Unión Europea, la cual aprobó una Carta de Derechos que aspira a ser vinculante lo antes posible y en la que se dice, en su artículo II.81, que «se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual». Pero da igual, porque una minoría de fanáticos quiere imponer sus criterios a una mitad o mayoría de la población de estas Comunidades Autónomas, que no desea aventuras separatistas o discriminatorias, aunque no sean vacas o cerdos.

En este caluroso verano que padecemos hoy en España, no sólo arden los bosques, sino que está empezando a arder también nuestra Constitución y ya sólo pueden salvarla los bomberos del Tribunal Constitucional, si es que acaban de despertar de su letargo. Porque, como ha señalado el reciente Premio Nobel de Medicina, James Watson, la estupidez es una enfermedad genética que debería curarse si se ponen los medios adecuados.