EL FRACASO DEL PROCESO. LA RUPTURA DE LA TREGUA. ¿Y AHORA QUÉ?

 

 Artículo de Rosa Díez en su blog de ¡”Basta Ya!” del 3-7-07

 

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

 

 

Son varias las Universidades de Verano y Fundaciones académicas que debaten a lo largo de los meses de julio y agosto sobre la situación política que vive España tras el fracasado "proceso de paz" y la ruptura oficial de la tregua declarada por ETA bajo el engañoso nombre de "alto el fuego".

Esta semana intervendré junto con otros ponentes en sendos cursos en  Aranjuez, en Ávila y en Valencia . Posicionarse sobre las decisiones a tomar en el inmediato presente y sobre la política que debe orientar en el futuro la acción del Gobierno en materia antiterrorista requiere reflexionar a fondo sobre lo que ha ocurrido en estos tres años. Repasar los hechos y las decisiones; lo que hizo cada cual y lo que cada cual no hizo en cada uno de los momentos que han marcado los acontecimientos políticos desde que el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones en marzo de 2004. Eso es lo que he tratado de hacer en la conferencia que ocupará el blog a lo largo de esta semana. Vuestras sugerencias y opiniones serán, como siempre, bien recibidas.

 

 EL FRACASO DEL PROCESO, EL FIN DE LA TREGUA, Y AHORA, ¿QUÉ?

 

Analizar el momento que hoy vive España y sacar conclusiones y consecuencias para el futuro requiere reflexionar sobre las causas que nos han llevado a encontrarnos en esta situación. Por eso el título de esta conferencia podría llevar un bajo título en el que nos preguntáramos cómo hemos llegado aquí. Así pues, antes de hablar del futuro, empezaré por hacer un diagnóstico de la situación actual.

 

En España vivimos tiempos confusos, tiempos oscuros. Tiempos en los que los grandes consensos que posibilitaron la construcción y la consolidación de la democracia han saltado por los aires. Todo lo que parecía estabilizado, todo lo que parecía formar ya parte de nuestro acervo democrático moderno, ha vuelto a ser puesto sobre el tapete del debate. El espíritu de la Transición, aquello de lo que la gente de mi generación se sintió tan orgullosa, aquello que fue modelo y ejemplo para otros países que estaban en trance similar al nuestro, -en tránsito desde la dictadura a la democracia-, hoy ha sido revisado de forma unilateral por quien más empeño debiera poner en preservarlo.

 

En treinta años de democracia los españoles habíamos aprendido que las cuestiones fundamentales requieren de consensos de Estado. Empezando por el acuerdo que permitió cerrar -con las dosis justa de perdón y olvido-, las páginas más dolorosas de nuestra historia, las tragedias de nuestra guerra y de nuestra posguerra, hasta los acuerdos en la concreción de las políticas activas que nos permitieron ir colocando a España en la escena internacional. Empezamos por pactar un modelo de Estado, que le llamamos la España de las Autonomías, y que quedó sancionado en nuestra Constitución del 78. A partir de ahí, los grandes consensos, desde la política exterior hasta el modelo para fija nuestra integración en Europa, estuvieron siempre basados en un pacto previo entre las dos grandesfuerzas políticas que, hoy por hoy, pueden formar Gobierno en España. A partir de esos consensos básicos se buscó la integración de los nacionalistas y de otras fuerzas minoritarias, como es el caso de IU de hoy o el Partido Comunista de los primeros años de la democracia.

 

Pero toda esa filosofía que inspira el funcionamiento de cualquiera de los

estados modernos y democráticos de nuestro entorno europeo saltó por los aires desde el mismo momento en que el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero se propuso revisar la historia de España y el modelo de convivencia que nos habíamos dado los españoles. Todos empezó hace poco más de tres años, cuando tras ganar el partido Socialista Obrero español las elecciones de marzo de 2004 con un programa socialdemócrata y continuista de lo que fueron los Gobiernos de Felipe González, el Presidente del Gobierno decidió volver al punto cero, como si los socialistas no hubiéramos sido unos de los grandes protagonistas de la consolidación de la democracia en España. Todos los consensos básicos, todo el acerbo del partido Socialista Obrero Español, un partido que abandonó el marxismo y apostó por la socialdemocracia y por Europa, que superó la nostalgia de la izquierda revolucionaria, que abrazó la reforma política en España –a pesar de haber solicitado la abstención en el referéndum que la sancionó–, que impulsó la Constitución del 78, todo fue puesto en cuestión. Claro que todo se hizo como si no se estuviera haciendo, con las dosis justas de acción negativa y discurso positivo. Me explico.

Nada de lo que ha ocurrido en España hubiera sido posible si no se hubiera utilizado un lenguaje perverso, una discurso engañoso tendente a embaucar a la sociedad y a hacernos creer que vivíamos en el mejor de los tiempos y de los mundos posibles. Las palabras han sido utilizadas a lo largo de estos tres largos años en los que todo ha sido sometido a revisión, sin ningún tipo de diagnóstico ni análisis previo, sin ningún tipo de debate nacional que recomendara hacer estas grandes reformas que de facto se han iniciado en España, para ocultar lo que se pretendía hacer, para desorientar a los ciudadanos, para simular continuidad y progreso donde sólo había ruptura y regresión. La perversión del lenguaje se ha convertido en un instrumento referencial de nuestro tiempo. Sin la utilización de un lenguaje perverso que ha tenido como objetivo pervertir la acción política, nunca hubiéramos llegado a una situación como la actual.

Es verdad que todo esto ha ocurrido porque vivimos en una sociedad con muy escaso recorrido democrático, con poco cuajo, con escasa estructura cívica, con muy limitados contrapoderes sociales y democráticos. Nada de esto hubiera podido suceder en Francia, en Alemania, en el Reino Unido; ni siquiera en Italia. Ningún gobernante, aunque lo hubiera pretendido, hubiera podido poner el país patas arriba en tan poco tiempo, en menos de una legislatura. Hubiera habido contrapoderes que lo hubieran impedido. Desde el funcionamiento reglado de una democracia parlamentaria hasta la actuación de los poderes sociales, económicos, sindicales y mediáticos. En nuestro país nada de eso ha funcionado; y así un gobernante dispuesto a romper con una historia común que había puesto a España entre los países más admirados de Europa ha podido hacerlo con total impunidad y eficacia. Al menos hasta ahora.

Me he referido al principio a la ruptura de los consensos básicos destacando el principal de todos ellos, la Transición Española. Pero para entender las causas de esa ruptura hemos de comprender que todo deviene de una profunda revisión de los principios fundamentales en los que se basan las políticas de Estado. Frente al modelo que funciona en toda Europa –en el que los grandes pactos se realizan entre las fuerzas políticas que pueden formar Gobierno– el Presidente Zapatero opta por iniciar una segunda transición en la cual el modelo de estado se pacta con los partidos que no creen en el modelo sancionado en nuestra vigente Constitución, lo que es fuente de inestabilidad e incertidumbre y provoca una clara división en la sociedad española.

Es en esa nueva filosofía, esa táctica increíble consecuencia de una estrategia en la que el PSOE abandona su proyecto político para toda España para someterse al de los nacionalismos en cada una de las Comunidades en las que estos tienen presencia, en la que se incluye la ruptura del otro gran consenso político al que me quiero referir: la estrategia de la lucha contra el terrorismo.

Para analizar lo que ha ocurrido en este tema me remontaré a lo sucedido desde el momento en que el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones, en marzo de 2004. No me pararé a reflexionar sobre los prolegómenos que sin duda marcaron nuestro calendario –las relaciones iniciadas en 2001 y descritas por todos los medios de comunicación, desde El País al GARA, pasando por el Mundo y ABC–, entre los dirigentes del Partido Socialista y la organización terrorista ETA. Me remontaré al momento en que José Luís Rodríguez Zapatero, investido ya como Presidente del Gobierno, decide cambiar la política antiterrorista manteniendo la apariencia de continuidad. Desde el primer momento se inicia una etapa de discurso hueco, vacío de contenido, lleno de palabras talismán, de signos equívocos. Ese es el momento en que se decide utilizar las palabras para, en feliz hallazgo de Pilar Ruíz, la matrona de los Pagaza, llamar a las cosas por los nombres que no son. Y para posibilitar que el engaño surta efecto.

Las trampas del lenguaje tramposo.

Uno de los primeros hallazgos para enmascarar el cambio de la política antiterrorista fue la utilización del término "proceso de paz". Pero, ¿qué ocurrió para que pasáramos de hablar de la derrota de ETA al final dialogado de la violencia?

Aunque la nueva política se puso en marcha desde el mismo momento en que Zapatero se sentó en La Moncloa , esa nueva terminología adquirió tintes de oficialidad el día que el Presidente del Gobierno anunció solemnemente, tras la reunión del Consejo de Ministros en febrero de 2006: “estamos en unas circunstancias que me permiten tener la convicción de que puede empezar el principio del fin de la violencia” A partir de ese momento la mayor parte de los diarios de tirada nacional empezaron a hablar del terrorismo en unas páginas cuyo encabezamiento rezaba así: “ proceso de paz ”·.

Pero la constatación de que se estaba produciendo una nueva orientación en la política antiterrorista pudo ser apreciada antes por cualquier observador objetivo; todo comenzó a visualizarse en Anoeta, en aquel mitin del 14 de noviembre de 2004 que organizó Batasuna sin que nadie lo impidiera. Otegi fue el protagonista; en su peculiar estilo provocador empezó su intervención burlándose de las instituciones que habían permitido que el acto se celebrara: “Hoy, un partido ilegal, con un portavoz ilegal, celebra un acto ilegal”. Recuerdo que Otegi llevaba en la mano el pañuelo palestino, la kufiya. Tres días antes había muerto Arafat en París. En homenaje al raís parafraseó las palabras que éste había pronunciado treinta años atrás en la Asamblea General de Naciones Unidas: “Vengo con el fusil de combatiente de la libertad en una mano y la rama de olivo en la otra. No dejen que la rama de olivo caiga de mi mano”. Treinta años atrás todos los medios de comunicación mundiales citaron incansablemente esa declaración. Y como ocurre ahora en España con las palabras talismán nadie pareció fijarse en que el hecho de que Arafat anunciara que llevaba en una mano un fusil, lo que podría ser interpretado como una amenaza. Todos prefirieron quedarse a “dormir” en el olivo, porque siempre resulta más cómodo embobarse en las metáforas.

Otegi, como es vasco, adaptó a su estilo la declaración de Arafat para hacerla un poco más conminatoria: “La izquierda abertzale” –dijo– “se presenta hoy aquí con un ramo de olivo en la mano. Que nadie deje que se caiga al suelo”. No nos dijo qué llevaba en la otra mano porque tampoco hacía falta. Pero también aquí todos prefirieron quedarse a dormir en el olivo. Y convirtieron esa declaración, como las que ha hecho a partir de ese momento, en un gran acontecimiento político. Ni entonces ni después se paró nadie a pensar que quien hablaba era el dirigente de una organización terrorista, dispuesto a perdonarnos la vida si hacíamos lo que ellos querían. Todos prefirieron especular sobre los "avances" que representaba la “nueva oferta”; nadie se paró a pensar que, entonces como ahora, los terroristas condicionaban “el fin del conflicto y “la paz definitiva” a la aceptación de sus reivindicaciones. Todos prefirieron ver una propuesta política donde lo único que había era una amenaza terrorista.

El Presidente del Gobierno se hizo eco de esas declaraciones y las contestó días mas tarde durante su intervención en un acto público que celebraba el PSE en Baracaldo. Le vino a decir algo así como que sin violencia todo era posible. Y desde ese mismo momento, desde que el Presidente trató públicamente a Otegi como a un igual –al contestar a sus palabras como si fueran una propuesta política y no la amenaza de un dirigente terrorista–, ETA no ha dejado de tener la iniciativa.

Pero lo que consagró oficialmente el cambio de estrategia en la lucha antiterrorista fue la resolución aprobada el 17 de mayo de 2005 en el Congreso de los Diputados. No tanto por su contenido, sino por la forma en que se gestó. En esa época el Acuerdo por las Libertades y contra el terrorismo no había sido denunciado por ninguno de sus firmantes. Ese pacto obligaba a las partes a consensuar la política antiterrorista, a elaborar un diagnóstico común y a partir de ahí aplicar las políticas que se consideraran oportunas. Pero el Partido Socialista optó por cambiar de estrategia y de socio. Cambio al socio de la firmeza, el que aportaba 148 diputados, por otros socios que sumaban juntos 38 diputados. El Pacto Antiterrorista contaba con el apoyo de las fuerzas políticas que representaban el 87% de los ciudadanos; el nuevo acuerdo estaba apoyado por el 57%. Además los nuevos socios, como muy bien explica mi amigo el periodista Santiago González “son partidarios de negociar llueva o escampe, mate ETA o deje de matar” Los nuevos socios del Gobierno se ofrecen como intermediarios, pero son en realidad comisionistas. Pero el Partido Socialista Obrero Español, que ya había renunciado a ser a ser un partido de ámbito nacional con un mismo proyecto para toda España, decidió romper con el Partido Popular y fijar la nueva posición política en materia antiterrorista con aquellos que nunca pretendieron la derrota de ETA. Y cambiar el objetivo de la derrota por el del final dialogado con ETA.

Pero como era difícil de explicar incluso a una sociedad como la española, tan escasa de estructuras cívicas vivas y de contrapoderes dispuestos a actuar –como expliqué al principio de esta intervención–, la nueva estrategia estuvo "edulcorada" con declaraciones de firmeza, con la utilización de un lenguaje tramposo. Se trataba de aparentar que nada había cambiado, que se seguía pretendiendo la derrota de ETA, cuando realmente se había optado por la vía de la negociación.

Pero esta nueva estrategia estaba condenada al fracaso. Aún a pesar de que la ausencia de atentados mortales y el discurso pacifista del Gobierno y del PSOE contribuyera de forma notable a aletargar a una sociedad que más que la paz lo que quiere es que le dejen en paz. Pero la apuesta de José Luís Rodríguez Zapatero estaba condenada a fracasar porque estaba basada en un supuesto que se mostró profundamente equivocado, completamente irreal: el supuesto de que ETA había decidido abandonar el uso de la violencia para conseguir sus fines. A pesar de que siempre estuvo claro que ETA no había renunciado, a pesar de que la tregua era como las anteriores, a pesar de que casi desde que ETA la declaró empezaron las extorsiones, los atentados callejeros, los robos de armas, los comunicados cada vez más exigentes y amenazantes, el Gobierno inició y mantuvo los contactos con la banda, incumpliendo la resolución del Congreso de los Diputados que él mismo había propiciado. Y ese fue el segundo gran error.

Porque si la nueva estrategia estaba basada en un profundo error de percepción, no menos equivocada fue la táctica. Un Gobierno democrático puede sentarse a negociar con una organización terrorista si aprecia su debilidad; pero la negociación habrá de hacerse precisamente en función de esa debilidad y sin cambiar ninguno de los parámetros y de las políticas que condujeron a la banda terrorista a ese estado. Justo lo contrario de lo que hizo el Gobierno de Zapatero, que empezó por romper los consensos básicos y las políticas que se habían mostrado más eficaces en la lucha contra ETA para sentarse a hablar con ella. Al convertir a ETA en interlocutor político, al parlamentarizar el diálogo con la banda, al romper el Acuerdo con el partido Popular –el único acuerdo de Estado que daba estabilidad a la política antiterrorista– al pactar la nueva política con socios que nunca quisieron la derrota de ETA, al empezar a ceder ante las pretensiones de los terroristas –la primera de ellas la ruptura de ese pacto– ETA recuperó la esperanza.

Pero sigamos con las trampas del lenguaje tramposo. Como se había decidido que la realidad no podía empañar un titular –y mucho menos hacer que se revisara la estrategia–, ni siquiera el comunicado de ETA de marzo de 2006 hizo variar la estrategia gubernamental. Aunque las palabras utilizadas por ETA significaban algo muy distinto a lo esperado, aunque la banda reivindicaba, como siempre, el derecho de autodeterminación –se decía expresamente que “los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión”–, y la territorialidad (o sea, Navarra), aunque se insistía en el origen político del “conflicto”, el comunicado de ETA fue recibido por el Gobierno –y por la opinión pública en general– como un hecho extraordinariamente importante y novedoso.

Era importante, sí; pero no era tan novedoso. No era sino una forma diferente de proclamar una tregua. Esa fue la primera trampa del lenguaje que se instaló ente nosotros. Empezamos a funcionar ante la tregua de ETA como si estuviéramos ante una declaración definitiva de abandono de la violencia. Pronto se demostró que era una ingenuidad mantener esa interpretación. Cada uno de los comunicados o de los boletines internos de ETA que conocimos nos explicaba pormenorizadamente que la banda terrorista estaba decidida a seguir con el chantaje y con el uso de la violencia. Resulta patético recordar ahora cómo desde los abanderados la nueva estrategia antiterrorista se insistía en negar la evidencia: la voladura de la ferretería del concejal de UPN en Barañain obedecía a “problemas con los vecinos”; las cartas de extorsión a empresarios “tenían el sello de salida con fecha anterior a la declaración de alto el fuego”; los comunicados amenazantes de la banda eran “ de consumo interno ”; los terroristas que encapuchados dispararon en las campas de Aritxulegi eran “ una anécdota folclórica ”; el zulo encontrado en Amorebieta era “un proyecto de zulo” ; las pistolas robadas en Francia no significaban “que ETA se estuviera rearmando”… Y así, suma y sigue.

El uso perverso del lenguaje (Hannah Arendt ya describió una situación similar a su vuelta a Alemania tras el exilio, cuando se escandalizó al ver cómo sus compatriotas trataran los hechos –lo ocurrido en los campos de exterminio– como si fueran opiniones), ha contribuido de forma notable a que lleguemos ha esta situación. Eso a pesar de la notable rebelión de las asociaciones de víctimas de terrorismo, de algunos movimientos cívicos y de algunas voces entre las que cabe destacar algunos sindicatos de policías, fiscales y jueces díscolos que han hecho imposible que el lenguaje del régimen, el políticamente correcto, se convirtiera en lenguaje único.

Aclarando conceptos confusos.

Pero el lenguaje no se ha pervertido en España de forma inocente. Como vengo sosteniendo, todo obedece a una estrategia. Se trataba de embaucar con palabras talismán a la opinión pública, se trataba de adormecer nuestras conciencias enfatizando de forma permanente los meses o años “sin muertos ” –fíjense qué perversidad, cuando centenares de ciudadanos llevan tantos años CON MUERTOS–; se trataba de ilusionar a la gente con un tiempo nuevo, con buenas noticias, con palabras positivas, para lo que no se dudaba en tachar como "enemigos de la paz" a quienes se atrevían a denunciar lo erróneo de la nueva estrategia. Toda esta perversión del lenguaje tenía como objetivo ir modulando a la sociedad de la que se esperaba que, en ausencia de crímenes, estuviera dispuesta a tolerarlo todo. Y todo porque el Gobierno estaba dispuesto a aceptar una negociación política para que ETA dejara de matar. Pero, como dije antes, algunos rebeldes evitaron que la sociedad española se plegara. Y ETA, con su insaciabilidad, hizo el resto.

Mantener viva la ambición por derrotar a ETA no ha sido fácil. Recuerden toda la campaña del gobierno y de sus medios afines destinada a convencernos de que “el fin de la violencia” era lo mismo que la derrota de ETA. Nos costaba mucho explicar que ETA puede dejar de actuar violentamente durante un cierto tiempo; o utilizar una violencia de intimidación que no conlleve atentados mortales. Pero que eso no significaría que esté derrotada; como quedó demostrado trágicamente el día 30 de diciembre pasado.

Hoy sigue siendo necesario hacer esa pedagogía democrática. No vaya a ser que algunos no hayan enterrado definitivamente el funesto proceso. ¿Qué es el fin de la violencia? ¿Qué ETA no mate? ¿Qué no mate porque no lo necesita, porque no quiere, porque en ese momento no puede…? ¿Es eso suficiente? ¿Es ese el objetivo por el que hemos luchado durante tantos años? Yo creo que no. En todo caso les aseguro que no es para eso para lo que llevamos toda la vida resistiendo en el País Vasco. No hemos luchado contra el totalitarismo, no hemos resistido la persecución y las amenazas para vivir más cómodos: Lo hemos hecho para ser libres. Y para que en el País Vasco haya algún día libertad hay que derrotar a ETA; lo demás no es nada. El fin de la violencia es un objetivo a medio camino, poco ambicioso, defensivo. El objetivo de la democracia no puede ser otro que derrotar a ETA.

Zapatero decidió reeditar la política de apaciguamiento hacia ETA que ya se había demostrado ineficaz en nuestra reciente historia; y a eso lo llamó diálogo, aunque en realidad era una negociación. El dialogo está reservado a personas o colectivos que tienen una base de valores en común; circunstancia que no se produce entre una organización terrorista y un gobierno democrático. Se dialoga entre demócratas; con los terroristas, se negocia. Lo que cualquier gobierno serio debe decidir--y explicar a la opinión pública—son los márgenes de esa negociación, que nunca tendrá contenido político. Por ejemplo se puede negociar sobre los presos, sobre su reinserción, sobre sus familias, sobre los plazos en que se entregan las armas...Pero nunca se pueden abordar cuestiones políticas, ni sobre el marco institucional, ni sobre el futuro de España. No importa que no se llegue a acuerdos; la cesión del gobierno se produce desde el mismo momento está en que se acepta hablar con una banda terrorista sobre las cuestiones que en democracia están reservadas a los representantes de la soberanía popular.

Pero en España el Gobierno no ha querido reconocer ni siquiera que estuviera hablando con ETA. Y como no se ha querido reconocer que la negociación es la consecuencia del “proceso”, se les ha llamado a las cosas por los nombres que no son. Se ha puesto el lenguaje tramposo al servicio de la política… Porque el gobierno sabía que si se le pregunta a alguien si está a favor del proceso de paz la respuesta será abrumadoramente positiva; pero si se le pregunta si está a favor de negociar con ETA, la respuesta variará sustancialmente; entre otras cosas porque a partir de ese momento los ciudadanos exigirán conocer el contenido de la negociación y pronunciarse sobre ellos.

En este proceso engañoso, en el que nada era lo que parecía, las palabras talismán han venido a sustituir las verdaderas aspiraciones de los ciudadanos Se dejó de hablar de libertad para sustituir ese concepto por la " paz", cuando la paz nunca ha sido el problema. Yo tengo cincuenta y cuatro años y siempre he vivido en paz. Pero nunca he disfrutado de libertad. La primera parte de mi vida viví bajo el régimen franquista; aspirando por construir la democracia. No conocí la guerra; pero mi padre me explicó bien lo que significaba recuperar las libertades; mi padre nunca se conformó con la paz de Franco; y yo tampoco me conformo con la paz de Azkoitia, esa paz que consiste en que el verdugo vuelve a casa como un héroe y la víctima haya de soportar incluso su desprecio. La gente de mi generación sabe bien que se puede vivir en paz sin tener libertad; pero la paz sin libertad no es nada. Conviene que sepamos diferenciarlo. La paz de Azkotia se puede conseguir con un final dialogado que no suponga la derrota de ETA; pero eso no nos traerá la libertad.

Pero el Gobierno hablaba de paz porque la libertad sólo puede venir de la derrota de ETA. Y no estábamos en eso: estábamos en el "final dialogado". La derrota de ETA es mucho más que la derrota “militar”. Derrotar a ETA significa deslegitimar radicalmente su historia, sus objetivos, sus métodos. Todo. Significa que ellos sepan que están derrotados, que todo lo que hicieron, todo el dolor que nos causaron, fue finalmente para nada; la derrota de ETA significa que ellos sepan que los terroristas nunca volverán a casa como héroes; que tendrán que pagar por lo que nos hicieron; que la democracia podrá ser generosa, pero nunca pagará para que nos dejen de matar. Derrotar a ETA significa que mientras la organización terrorista exista, mientras y haya memoria viva de sus víctimas, no conseguirán ninguna de los objetivos políticos en cuyo nombre instituyeron una sola víctima. Nada. Ni la autodeterminación, ni la independencia, ni la anexión de Navarra. Nada. En democracia hay legitimar los objetivos, no sólo los métodos. Por eso ninguno de aquellos objetivos de ETA que requirió del crimen podrá ser otorgado por la democracia. No al menos mientras ETA no haya desaparecido y mientras exista la memoria viva de sus víctimas.

El Gobierno hablaba de paz porque derrotar a ETA requiere un Acuerdo de Estado. No se puede derrotar a ETA haciendo una política que deje fuera a la mitad del país. Pero como habían decidido aplicar una política antiterrorista que dejaba fuera a la mitad de España no podían hablar de libertad ni de derrota; por eso hablaban de paz.

Quizá hay que vivir en Euskadi para entender la diferencia entre libertad y paz. Sólo se aprecia lo que no se tiene; o lo que se ha perdido. Y en el País Vasco vivimos en una democracia formal; pero, para empezar, ni siquiera hemos tenido nunca unas elecciones verdaderamente democráticas. Las elecciones que como en el resto de España se han celebrado hace poco más de un mes ni fueron libres ni han traído más libertad a la sociedad vasca. Muy al contrario: la consecuencia de esas elecciones es que setenta y siete concejales no han tomado posesión por miedo y que los terroristas cuentan hoy en Euskadi y Navarra con más de cuarenta alcaldes y cuatrocientos treinta y siete concejales. Aunque en Euskadi nunca se ha cumplido el principio de legalidad, gracias a la nueva política del Gobierno, gracias a la permisividad y al apaciguamiento, ETA ha vuelto hoy a las instituciones.

La vuelta de ETA a las instituciones democráticas ha sido, por ahora, el último episodio de este drama que tiene por director de escena al Gobierno de la nación y por sufridores al conjunto de los ciudadanos, particularmente los que vivimos en el País Vasco. Hoy somos menos libres que hace tres años. Hoy ETA está más fortalecida, tanto desde el punto de vista social como "militar", si me permiten la expresión, mientras nuestras instituciones democráticas y el conjunto de la sociedad está más fragilizado y más dividido que nunca. Todo esto es consecuencia de una apuesta política completamente equivocada. Me gustaría pensar que es una apuesta y una estrategia revisada y abandonada; pero si quieren que les diga la verdad, tengo mis dudas. Les diré por qué.

No hace falta que les diga que creo que cualquier gobernante tiene el derecho a cambiar la política antiterrorista si cree que con una diferente va a conseguir los mismos objetivos. Por eso nunca se me ha ocurrido discutir la legitimidad del Presidente Zapatero para hacer lo que hizo, por muy crítica que sea con su opción. Un gobernante puede cambiar de política; pero tiene la obligación de que explicarles a los ciudadanos cual es su decisión y el alcance de la misma; tiene que someterse al veredicto de la opinión pública. No puede utilizar las palabras para esconderse tras de ellas, para aparentar una cosa y hacer justamente la contraria.Y, sobre todo, cuando esa política se muestra fracasada, tiene que asumir su responsabilidad y rectificar. Justo lo que no ha hecho este Gobierno, que por no reconocer ni siquiera ha reconocido las cesiones que ha hecho a la banda a lo largo de estos tres años.

Permítanme un breve repaso, que no pretende ser exhaustivo, de las cesiones que se han producido públicamente. La primera cesión fue compromiso adquirido por Zapatero con la banda terrorista de romper explícitamente el pacto antiterrorista y parlamentarizar el "proceso". El 17 de mayo de 2005, cuando el Gobierno nombró interlocutor a ETA en sede parlamentaria, se produjo un enorme retroceso democrático. La segunda se visualizó cuando el 29 de junio el Presidente anunció en sede parlamentaria, aunque no ante el Congreso, que se iniciaban los contactos con ETA, aunque ello resultara un incumplimiento de la propia resolución parlamentaria, pues no se había cumplido ninguna de las exigencias previstas. Después el PSOE y el Gobierno de España llevaron el "proceso" al Parlamento Europeo, dos días después de que ETA secuestrara a tres personas y robara 350 pistolas en Francia, consiguiendo dividir a la Cámara por la mitad y nombrado a ETA interlocutor del Gobierno de España ante los ojos de toda Europa. Después quisieron equiparar la huelga de hambre del terrorista sanguinario de Juana Chaos con una enfermedad en estado terminal para mandarlo a San Sebastián; después la fiscalía retiró la acusación contra Otegi para que no pudiera ser juzgado; después la fiscalía y la abogacía del Estado permitieron que ETA volviera a las instituciones democráticas del País Vasco y Navarra legalizando parte de las listas de ANV.

Pero a pesar de todo lo que ya sabemos, a pesar de que ETA ha roto oficialmente la tregua, el Gobierno se niega a asumir su responsabilidad. Incluso se atreve a insistir cada día en que no ha habido cesiones ante la banda. ¿Y qué otra cosa que cesiones son los episodios que he descrito? ¿No es una cesión política y democrática inaceptable que un gobierno democrático haya aceptado dialogar con la banda en dos mesas paralelas sobre el futuro de Navarra y el de Euskadi? ¿No es una cesión política buscar una fórmula para denominar la autodeterminación ? ¿No es una cesión política negar formalmente todo tipo de contacto con la banda terrorista tras el atentado de la T 4 y seguirlos manteniendo? ¿No es el Gobierno consciente que desde el mismo momento en que niega públicamente uno contactos que sigue manteniendo se convierte en rehén de la banda? ¿No es una cesión política llevar a la mesa mediadores internacionales? ¿No es una cesión política aceptar la existencia de un conflicto político como origen de la actividad criminal de ETA?

Más allá de todas las cesiones públicas que antes señalé, en sus conversaciones con la banda y sin necesidad de hacer ningún tipo de especulación, todo esto es lo que sabemos que ya ha ocurrido:

ETA propuso al gobierno que las conversaciones se produjeran de forma bilateral, en dos mesas, la militar y la política. Y el Gobierno aceptó.

ETA propuso al Gobierno mediadores internacionales, como garantía de la buena disposición del Ejecutivo y del PSOE a cerrar un acuerdo. Y el Gobierno aceptó.

ETA ha sido quien ha ido seleccionando a los partenaires de la negociación, hasta el punto que fue ETA quien excluyó al PNV cuando le consideró demasiado "duro". La escenificación, excluido el PNV, no podía ser más peligrosa: la parte española era el gobierno y la parte vasca los terroristas.

El Gobierno español ha reconocido a ETA, –nacional e internacionalmente–, como interlocutor en una negociación política. Poco importa que no haya habido acuerdos. Ese es el drama; porque será el punto de partida del que ETA pretenderá continuar en cualquier proceso futuro.

Hasta aquí hemos llegado. Por la decisión del gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero de romper los consensos básicos e iniciar una segunda transición prescindiendo para ello del otro gran partido que puede formar gobierno en España. Por su estrategia de buscar un final dialogado con ETA, renunciando a la derrota del terrorismo y aceptando el discurso nacionalista del conflicto político de origen. Y ahora, ¿qué?

No es la hora de resignarse. Es la hora de volver a poner negro sobre blanco la única propuesta que nos puede permitir rearmarnos moralmente y defendernos de la estrategia de ETA. Sólo una política basada en un Pacto de Estado contra ETA podrá defendernos del peligro. Pero también ahora y en esta materia sigue siendo necesario explicarnos, utilizar las palabras en su verdadero sentido, hacer pedagogía. Un Pacto de Estado no es el apoyo de todas las fuerzas políticas , un consenso amplio o el acuerdo de todos contra ETA , que son los discursos que hemos escuchado al presidente del Gobierno desde el día en que ETA rompió la tregua. Naturalmente que contra ETA, contra sus futuros ataques, todos los demócratas estaremos juntos. Pero eso es una cosa y otra bien distinta es pactar la política antiterrorista para combatir y derrotar a ETA. Esa es la asignatura que tenemos pendiente desde que el Gobierno rompió el Pacto; ese es el camino que debemos de emprender cuanto antes si queremos evitar que el deterioro producido por la ruptura de los consensos básicos tenga en el futuro consecuencias aún más perniciosas.

Pero para hacer un Pacto de Estado en esta materia el Gobierno ha de estar dispuesto a pactar la política antiterrorista con el Partido Popular. No valen apelaciones genéricas al consenso; es preciso que el gobierno asuma el fracaso de la política emprendida hace tres años; es preciso que decida volver al plan A, a la política de firmeza contra ETA. Para reformular este Pacto de Estado se requiere que el gobierno renuncie de una vez por todas a la esperanza de recuperar el diálogo con la banda. Se requiere una rectificación de la política antiterrorista en toda regla: para que lo sepan los ciudadanos y para que también la banda terrorista se de por enterada.

Hagamos un ejercicio de clarificación del lenguaje también en este aspecto. En primer lugar, ¿es lo mismo “un acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas y sociales” en pro de una determinada política que un Pacto de Estado? Pues no; la característica sustancial de un Pacto de Estado es que ha de estar suscrito entre las fuerzas políticas que pueden formar el Gobierno de la Nación. Lo genuino de ese tipo de pactos reside en que, precisamente por estar suscritos entre quienes pueden gobernar, la política que se acuerda –en este caso antiterrorista– no se verá sometida a la incertidumbre temporal derivada de la alternancia política. Un acuerdo entre fuerzas políticas que sumen una mayoría parlamentaria puede garantizar la aprobación de determinadas iniciativas; un pacto de Estado garantiza la estabilidad de la política. En un pacto de Estado no sobra nadie; pero no puede faltar ninguno de los partidos que pueden formar el Gobierno de la Nación. Hoy por hoy el Partido Socialista y el Partido Popular.

Un nuevo Pacto de Estado, lo llamen como lo llamen, es lo único que puede ayudarnos a recomponer todo lo que en estos tres años se ha roto. Es lo único que puede devolvernos la esperanza a los ciudadanos y quitar las expectativas de triunfo a ETA. Es verdad que nadie podrá ya impedir que los concejales terroristas sigan en los ayuntamientos vascos y navarros; pero un Pacto de Estado en esta materia debiera llevar aparejado el compromiso de iniciar expedientes de ilegalización contra ANV y el PCTV. Un Pacto de Estado garantizaría la aplicación de todos los instrumentos del estado de derecho, de todos ellos, ni uno más ni uno menos, en la lucha contra los criminales terroristas y contra sus aliados y cómplices. Un Pacto de estado nos llevaría a unir otra vez a los movimientos cívicos, a las asociaciones de víctimas, a los partidos democráticos, en un sólo discurso que nos permitiera recuperar el optimismo y enfrentarnos con garantía de éxito a una situación de falta de libertad que hoy se vive en las calles y pueblos del País Vasco.

Este pacto es incompatible con la ambigüedad. Este pacto de requiere propósito de la enmienda por parte de quien lideró una política que se ha saldado con un enorme fracaso. Este pacto de estado requiere generosidad y sentido de Estado. Sé que ustedes estarán pensando que hoy eso es imposible. Y sé que parece imposible. Pero creo que tengo, como militante socialista, como ciudadana española, como vasca y como cargo público, el deber de reclamarlo, de exigírselo principalmente al Presidente del Gobierno. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que nos volvamos a encontrar en un funeral.

Porque nada ha cambiado, salvo a peor, desde que el partido Socialista Obrero Español se presentó a las elecciones de Marzo de 2004 llevando en su Programa Electoral el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, comprometiéndonos a defenderlo y pidiendo apoyo para ello a todos los ciudadanos. Volvamos a la política que tanto éxito produjo en el pasado y que situó a ETA al borde de su desaparición. No hay disculpas para no hacerlo.

Esto es lo que pienso sobre el momento actual. Y sobre las circunstancias que nos han conducido a esta situación.

Les reconozco que estoy muy preocupada Pero soy de esas personas que saben que no pueden permitirse el lujo de la desesperanza. Albert Camus escribió en momentos difíciles: "La verdadera desesperanza no nace de una obstinada adversidad, ni en el agotamiento de una lucha desigual. Proviene de que no se perciban más las razones para luchar e, incluso, de que no se sepa si hay que luchar. Las páginas que siguen afirman simplemente que si bien la lucha es difícil, las razones para luchar, al menos, permanecen siempre claras” (Camus, 1950)

Nuestra esperanza está basada en el reconocimiento de nuestras propias fuerzas, en la firmeza de nuestro compromiso, en la seguridad de que la democracia vencerá al totalitarismo. Pero también en la determinación de dejar a nuestros hijos una sociedad más libre de aquella en la que hemos vivido. La gente de mi generación no puede renunciar a ser la protagonista de la victoria contra el totalitarismo. Tenemos una deuda con nuestros con los que han dejado su vida en esta lucha; y tenemos un compromiso con las nuevas generaciones. Ni a unos ni a otros vamos a defraudar. Por eso los resistentes somos los verdaderos optimistas: porque, otra vez Camus , los resistentes tienen –tenemos– la última palabra. Y nos conformaremos con menos que ganar la batalla.

Muchas gracias por su atención.

Ávila, 5 de julio de 2007