INTERVENCIÓN DE ROSA DIEZ EN ELCONGRESO DE LOS DIPUTADOS. LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA.

Madrid, 17 de marzo de 2009.

No es la lengua, son los ciudadanos.

Esta es la primera cuestión que quiero dar por establecida antes de iniciar este debate: no voy a hablar de los derechos de las lenguas; ni de la lengua castellana o española ni del resto de lenguas que son oficiales en distintas comunidades autónomas españolas.

No hablaré de los derechos de las lenguas, porque las lenguas no tienen derechos; quienes tienen derechos que han de ser protegidos son los ciudadanos. Ese es el único objetivo de la proposición de reforma de Ley Orgánica cuya toma en consideración defiendo hoy en esta Cámara: proteger los derechos de los ciudadanos y evitar la discriminación por motivos lingüísticos.

No todos los que denunciamos la situación por la que atraviesa la lengua española enfocamos la cuestión de la misma manera. A mi partido, lo mismo que a quienes impulsaron el Manifiesto por la Lengua Común, no le preocupa la situación del castellano ni su futuro. No nos preocupa el futuro de la lengua española porque sabemos que el nuestro es un idioma poderoso, rico y culto, que hablan más de cuatrocientos millones de ciudadanos en todo el mundo y cuyo conocimiento y estudio se expande de forma acelerada en países tan importantes como Brasil o Estados Unidos. Y, además, porque el único futuro que nos preocupa es el de los ciudadanos, sea cual fuere la lengua en la que desean comunicarse.

Se ha hablado y escrito tanto --y tan intencionadamente mal—sobre esta cuestión que la utilización rigurosa del lenguaje se convierte es este caso en algo mucho más importante que una cuestión de forma; es el fondo lo que hay que definir con exactitud para defender a quien verdaderamente está siendo atacado. No es el idioma el que está siendo atacado por los partidos políticos que le llaman “normalización lingüística” a la exclusión de la lengua castellana del espacio público. El idioma es el instrumento que utilizan esos partidos políticos para discriminar a los ciudadanos que se niegan a “normalizarse” y a asumir las consignas de los nacionalistas o de sus asimilados en los gobiernos autonómicos o en el gobierno de la nación.

Hablar de” los ataques al español” es caer en la trampa de quienes plantean la cuestión como una batalla entre idiomas y nos quieren convencer de que con sus medidas discriminatorias sólo tratan de “proteger” al más débil de ellos. Como dije, los idiomas no tienen derechos, por tanto no deben ser protegidos por nadie. Los idiomas son instrumentos de comunicación y expresiones culturales y sociales de un tiempo. A lo largo de la historia de la humanidad han aparecido y desaparecido centenares de ellos, sin que nadie haya osado calificar de “genocidio lingüístico” (como han hecho algunos dirigentes políticos actuales) la sustitución de ninguna de esas lenguas por otras asumidas por los ciudadanos como parte de la evolución de la sociedad. Esto que afirmo no es incompatible con que las instituciones –y los particulares—decidan impulsar medidas para conservar una lengua minoritaria en el conjunto del Estado y/o en una CCAA en la que es lengua co-oficial. Pero una cosa es movilizar recursos públicos para mantener un idioma y otra muy distinta tratar de imponer el uso exclusivo del mismo en el espacio público. Una cosa es garantizar la enseñanza de la lengua cooficial y otra bien distinta salir a la calle a buscar hablantes de la misma.

Lo que está ocurriendo en nuestro país es que los nacionalistas han impuesto en las comunidades que gobiernan o en las que se han convertido en clave para que gobierne el PSOE una política lingüística que sólo genera discriminación de los derechos individuales de los ciudadanos y empobrecimiento colectivo de la propia comunidad. Podríamos decir que esta política no favorece a nadie; lo que sería cierto si no tomáramos en consideración que ya ha cumplido su objetivo: que se sepa quien manda. Y que para estar a bien con el cacique todo el mundo termine transigiendo ante lo que son verdaderos abusos contra los derechos ciudadanos y contra la inteligencia colectiva de la sociedad.

Según establece la Constitución Española en su artículo 3.1: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Este es un derecho de los ciudadanos –que no de la lengua—que está siendo vulnerado permanentemente en Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Autónoma Valenciana y en las Islas Baleares, con el impulso de las instituciones autonómicas y con el consentimiento y apoyo del Gobierno de la nación.

Nuestra Constitución también establece en su artículo 14 que:”Los españoles son iguales ante la Ley, sin que puedan prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. La experiencia demuestra que una lengua materna distinta a la dominante en una Comunidad Autónoma bilingüe, y sobre todo el dominio o el desconocimiento de alguna de las lenguas co-oficiales en éstas, son algunas de esas circunstancias personales o sociales que están dando origen a la discriminación que la Constitución prohíbe.

La llamada “normalización lingüística” pretende convertir en “normal” la supresión de derechos constitucionales, con la consecuencia de instaurar una sociedad dividida en dos colectivos desiguales en derechos: el de quienes sí tienen los conocimientos lingüísticos exigidos ilegítimamente –puesto que el conocimiento de una lengua cooficial no es un deber constitucional—y el de aquellos que, aun siendo ciudadanos de pleno derecho a efectos legales, en la práctica son convertidos en ciudadanos de segunda, privados del derecho a ser atendidos en su lengua habitual si esta es la oficial del Estado; privados de acceder a determinados puestos de la función pública e incluso de ámbitos de la actividad económica normal; privados de poder educar a sus hijos en la lengua castellana. Esta práctica política ha vuelto a recrear las situaciones de discriminación por la lengua que quiso eliminar la Constitución. Los nacionalistas y los partidos que están dispuestos a someterse a sus criterios ideológicos para gobernar –ya sea aprobar Presupuestos o mantener la presidencia autonómica en los lugares en los que no han conseguido ganar las elecciones—pretende sustituir el bilingüismo de hecho por una nueva dominación monolingüística en la que toca discriminar y disminuir los derechos constitucionales de quienes incumplan los modelos de conducta lingüística que el nuevo régimen ha diseñado.

Por si todo esto fuera poco, estas políticas de discriminación representan un factor negativo para la recuperación económica y, sobre todo, para sustituir el actual modelo productivo por uno más desarrollado, innovador y emprendedor. La discriminación de empresas y profesionales que no certifiquen el nivel de conocimiento de la lengua cooficial exigido por algunas administraciones autonómicas –tales como la exigencia del uso de esa lengua en las comunicaciones internas, con los clientes, en el etiquetado…-- se ha convertido en una barrera artificial y arbitraria opuesta al libre flujo de capitales financieros y humanos, contraria a la libertad económica y profundamente negativa para nuestro desarrollo como país.

La discriminación que sufren centenares de miles de ciudadanos en nuestro país por razones lingüísticas, el atraso a que estamos condenando a las comunidades autónomas en las que se ha implantado esta anomalía democrática; el deterioro de las relaciones humanas entre ciudadanos que nunca tuvieron ningún problema en relación con el idioma que hablaban en su casa y aquel en el que querían que fueran educados sus hijos, hace que sea necesario y urgente que podamos analizar en sede parlamentaria todos estos aspectos. Ya no es suficiente con hacer que proclamas sentimentales de defensa de la lengua: hay que legislar para defender los derechos de los ciudadanos; para eso estamos aquí, para eso hemos sido elegidos en las urnas.

Señorías, la democracia progresa haciendo retroceder --mediante leyes y acciones de gobierno-- las causas de discriminación opuestas a la libertad e igualdad de los ciudadanos ante la Ley. Al Estado no sólo le compete la regulación del contenido esencial de los derechos de los ciudadanos, sino que tiene la competencia material para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. El Estado tiene la competencia para regular aquellas condiciones que hagan posible el igual ejercicio del derecho a la libre circulación de ciudadanos, el acceso a la función y cargos públicos, al trabajo, a la educación, etc., en todo el territorio español.

Es por eso que Unión Progreso y Democracia presentó el 27 de junio de 2008 esta Proposición de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Discriminación Lingüística y Asegurar la Libertad de Elección de Lengua cuya toma en consideración llega a la Cámara nueve meses más tarde. Una Proposición que consta de siete artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales que tienen como objetivo exactamente lo que el contenido de la proposición explicita: prevenir y erradicar la discriminación y garantizar la libertad de elección de los ciudadanos. Objetivos que difícilmente pueden no ser compartidos por todos nosotros.

Permítanme una reflexión complementaria: no cabe decir que, puesto que la Constitución prohíbe la discriminación, no hay y nada más que legislar: Como todos ustedes saben, el hecho de que el Art. 14 de la CE prohibiera todo tipo de discriminación no evitó que ésta se siguiera produciendo. Por eso el 22 de marzo de 2007 se promulgó la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Ese es un antecedente de nuestra democracia que es de plena aplicación y que como tal es citado en la proposición que hoy debatimos. Espero que nos libremos de prejuicios y de complejos a la hora de abordar la cuestión. Ya no estamos en campaña electoral; ya no hay que empeñarse en negar la mayor.

Como dije al principio, este no es un debate sobre las lenguas: es un debate sobre los ciudadanos y sobre la obligación de los poderes públicos de proteger sus derechos. Los sentimientos personales de cada cual son muy respetables; pero los sentimientos no tienen por qué alcanzar categoría política.

Hablemos de lo que se puede probar: de la discriminación que sufren miles de ciudadanos a la hora de elegir la lengua en la que educan a sus hijos en el sistema público o concertado; de la discriminación que sufren profesionales bien formados a la hora de acceder a puestos de la administración que no requieren del conocimiento de la lengua cooficial para el perfecto desempeño de su función; hablemos de la discriminación que sufren los ciudadanos que osan dirigirse a la administración en la lengua común; hablemos de la discriminación que sufren los ciudadanos que en sus comercios privados, en sus empresas, deciden utilizar exclusivamente la lengua común… Hablemos de esa realidad contrastada. Y si hay en esta Cámara quien piense que es una discriminación necesaria para proteger un determinado idioma y se atreve a decirlo, merecerá todo mi respeto, por muy en desacuerdo que esté con esa filosofía.

Pero espero que nadie diga que lo que denuncio no es cierto. Eso sería un ejercicio de hipocresía política que, más allá de cualquier otra consideración, los ciudadanos no se merecen.

Les hablo como Portavoz de Unión Progreso y Democracia; pero también como Diputada Nacional. Me dirijo a diputados que, como yo, y en virtud de lo establecido en el artículo 67 de la CE “no están ligados por mandato imperativo”. Les propongo que reflexionen sobre la necesidad de proteger, a través de una nueva ley, derechos de los ciudadanos que están siendo violados. Les pido que desechen cualquier tentación de debate ideológico o sentimental a la hora de abordar esta cuestión. La defensa de los derechos constitucionales—tales como el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, recogido en el Art. 23 de la CE-- nada tiene que ver con la ideología. Es una exigencia democrática de Primero de EGB, si se me permite la expresión. Lo que les estoy pidiendo es que nos pongamos de acuerdo en la defensa y promoción de una política de interés general. Por eso les pido su voto favorable a la tramitación de esta Proposición de Ley.

Muchas gracias.