LA SITUACIÓN POLÍTICA EN EUSKADI: RAZONES PARA NEGOCIAR
Artículo de FLORENCIO DOMÍNGUEZ en “La Vanguardia” del 20/01/2005
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
El Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo suscrito por el PSOE y el
PP establece que en una sociedad democrática el diálogo corresponde a los
representantes legítimos de los ciudadanos y se desarrolla a través de las
reglas previstas en la Constitución y el Estatuto, "sin la presión de la
violencia". Los dos grandes partidos se comprometieron a que la violencia no
obtuviera, "en ningún caso, ventaja o rédito alguno", no en vano se partía del
hecho de que PNV y EA habían intentado en 1998 poner un "precio político al
abandono de la violencia", un precio que era la autodeterminación "para llegar a
la independencia del País Vasco".
La política que al amparo de este pacto, que fue propuesto por el actual
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha desarrollado
durante los últimos cuatro años ha resultado eficaz para contener el terrorismo
de ETA y llevar a esta banda a la peor situación de su historia. En las últimas
fechas, sin embargo, las noticias sobre supuestos contactos con ETA y con su
entorno o sobre la posibilidad de llevarlos a cabo recuerdan situaciones ya
vividas en los años ochenta y principios de los noventa. Las declaraciones que
se oyen estos días suenan igual que las que se oían en aquellas etapas pasadas
en las que las políticas de contactos con ETA fracasaron estrepitosamente. Hay
que preguntarse entonces qué razones puede haber para este revival
inesperado. Hay tres posibles respuestas que, en abstracto, pueden ofrecerse.
La primera de ellas sería que el Gobierno hubiera decidido aceptar la idea de
negociación que siempre han defendido los terroristas con la esperanza de que,
en el regateo, rebajen sus pretensiones y se llegue a un acuerdo aceptable sobre
sus exigencias políticas que ponga fin a la violencia. Sobra decir que supondría
una evidente vulneración de los principios del Acuerdo por las Libertades,
acuerdo que, en plena campaña electoral y en la Feria de Muestras de Bilbao como
escenario, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió solemnemente a mantener
vivo hasta la desaparición de ETA.
La segunda razón podría ser que el Gobierno tuviera información sobre la
decisión de ETA de abandonar definitivamente las armas, al igual que el Gobierno
británico supo de manera fehaciente de una decisión similar del IRA. En ese
caso, el objetivo sería facilitar la salida del grupo terrorista, pero habría
que tener garantías suficientes de la voluntad de la banda. No sería lo mismo
intentar contactos sabiendo que el abandono de las armas es una decisión ya
adoptada, que entrar en conversaciones con la esperanza de disuadir a los
terroristas. La experiencia de muchos años de conversaciones con ETA y la propia
del IRA nos demuestra que al grupo terrorista no se le convence en la mesa de
diálogo. Se le derrota social, política y legalmente, pero no se le persuade.
La tercera respuesta sería que tras la decisión de conversar hubiera una
estrategia política partidaria. El PSOE, por un lado, y la izquierda abertzale,
por otro, podrían coincidir ocasionalmente en el objetivo de hacerle la pinza al
lehendakari y a su plan. Los primeros facilitando la presencia electoral de
Batasuna para intentar evitar una mayoría PNV-EA, los segundos pagando algún
precio, como una tregua temporal, a cambio de salir de la marginación política y
volver a la legalidad, aunque fuera con nombre de conveniencia.
Los riesgos de volver a la política de contactos con el terrorismo son muchos y
no precisamente por los atentados que ETA pueda seguir cometiendo. Si ETA y su
entorno de connivencias políticas vuelven a ser reconocidos como interlocutores
políticos legítimos, en diez minutos pueden perderse las rentas de la lucha
antiterrorista de los últimos años.