PAZ E IMPUNIDAD
Artículo de FLORENCIO DOMÍNGUEZ en “El Correo” del 23-5-05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
La semana pasada dos
organizaciones policiales expresaban su apoyo a la resolución del Congreso que
abre el camino a las negociaciones con ETA. Elogiaban el nivel de exigencia que
el acuerdo planteaba a la banda, al tiempo que expresaban su oposición rotunda a
la reducción de penas a los etarras con delitos de sangre. Los sindicatos no
parecen percibir que las medidas en favor de los presos -de todos los presos- es
lo único que los gobiernos están dispuestos a ofrecer a ETA una vez que se ha
descartado hacer concesiones políticas. Incluso si se hicieran éstas, el paquete
tendría que llevar el regalo de los presos.
Todas las conversaciones que se han mantenido en el pasado con la banda se han
hecho sobre la base de ofrecer medidas de gracia para los terroristas a cambio
del abandono de las armas, medidas que se aplicarían tanto a los etarras
encarcelados como a los huidos. La impunidad penal es la contrapartida por
excelencia.
El esquema de todos los gobiernos parece ser alcanzar la paz a cambio de
sacrificar la justicia porque se cree que es más fácil y de menor coste social
que el de hacer renuncias políticas. Las víctimas y los familiares de éstas son
conscientes de ello. Lo han sido siempre, aunque en el pasado eran convidados de
piedra con los que nadie contaba. En 1998, ante el temor de que se sacrificara
la justicia a la que tienen derecho, se movilizaron. Los partidos, entonces, se
esforzaron por darles compensaciones y el reconocimiento que no habían tenido,
en previsión de que hubiera que pedirles un sacrificio. Ahora, en cambio, tienen
la sensación de ser ignoradas de nuevo.
La demanda principal de las víctimas es la justicia: que los autores de los
atentados sean juzgados y condenados con arreglo a la ley y que cumplan las
penas impuestas. No es algo caprichoso. Es la reacción natural de los
agraviados. El 20 de enero de 2000, por ejemplo, PNV, EA y Euskal Herritarrok
aprobaron en Alonsotegi un acuerdo solicitando la detención de los culpables de
un atentado ultra contra un bar de la localidad, cometido veinte años antes, en
el que murieron cuatro personas. Se pedía el esclarecimiento de los hechos y el
juicio para los responsables, incluso aunque el delito hubiera prescrito. Su
petición no es diferente de las que formulan las víctimas de ETA.
El Gobierno que firme la impunidad para los crímenes de ETA tendrá que afrontar
interpelaciones como la formulada por el poeta Juan Gelman a los presidentes
argentinos que indultaron a los responsables de la dictadura militar: «Que se
sepa, ninguna víctima les dio el mandato de perdonar a los asesinos en su
nombre».