Editorial de “El País”
del 30 de mayo de 2010
Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo
en este sitio web
Unas elecciones ahora retrasarían lo que es urgente hacer y perpetuarían vicios
del sistema
Frente a riesgos inminentes como los que acechan a la
economía española, las soluciones cuyos efectos no sean inmediatos carecen de sentido.
Como también las que sumen incertidumbre política a la creciente preocupación
por la situación de nuestro país entre los socios de la zona euro y las
principales economías mundiales. Un eventual adelanto de las elecciones en
estos momentos abundaría en ambos errores, y podría dar al traste con el
precario equilibrio desde el que, hasta ahora, España ha conseguido colocar sus
emisiones de deuda pública.
Una llamada a las urnas en las actuales
circunstancias, como reclaman los más impacientes, entre los que ya se
encuentra Rajoy, paralizaría la toma de decisiones desde el instante en que las
Cámaras fueran disueltas hasta la formación del nuevo Ejecutivo. Por una parte,
habría incentivos partidistas para aplazar o relativizar el alcance de las
medidas de austeridad más impopulares ya aprobadas; por otra, un Gobierno en
funciones solo podría tomar decisiones de trámite, sin capacidad para hacer
frente a las emergencias que, como se ha comprobado, son inherentes a esta fase
especialmente aguda de la crisis.
Descartar el adelanto no es sinónimo de voto de
confianza al Gobierno de Zapatero, sino de exigencia de responsabilidades: que
lo que no ha sabido evitar a tiempo lo corrija, incluso a riesgo de
impopularidad; que hasta someter los nuevos Presupuestos al Parlamento y
comprobar si dispone de la mayoría necesaria para aprobarlos, asuma su
responsabilidad en el saneamiento de la economía; y que aborde las reformas que
pueden ayudar a crear empleo cuando se inicie la recuperación; y para ello,
que, como parece haber entendido que debía hacer, diga claramente a los
ciudadanos que España ha perdido en esta crisis una parte sustancial de su
riqueza y que, de no tomar medidas urgentes, la economía española puede entrar
en una espiral negativa de difícil salida.
La teoría recomienda hacer las reformas en periodos de
bonanza, pero la realidad es que, por inercia o electoralismo de mirada corta,
casi siempre se aplazan hasta que las crisis presionan lo suficiente. En ese
sentido dicen los economistas que la actual puede ser una oportunidad para
mejorar la eficiencia del sistema. La reforma del mercado laboral no permite
más dilaciones, después de dos años durante los que el Gobierno ha delegado su
responsabilidad en los agentes sociales, que han fracasado rotundamente. El
Gobierno actual ha dado un gran protagonismo a los sindicatos, pero si, al
igual que la patronal, tienen una función social que va más allá de la defensa
de los legítimos intereses de sus afiliados, este es el momento de demostrarlo.
En circunstancias como las actuales, ni esos intereses ni los generales del
país se defienden mediante huelgas u otras medidas de presión que, de vencer,
lo harían sobre un país en ruinas.
Una reforma del mercado laboral contribuiría por su
carácter central a la creación de un nuevo clima desde el que abordar otras
reformas necesarias, como la fiscal, de forma que los ingresos no dependan
tanto de la coyuntura; o la de las administraciones, que profesionalice y
despolitice la función pública, evite duplicidades y esos derroches que tanta
irritación suscitan ahora (desde los viajes inútiles con séquito a los informes
sobre cuestiones fútiles a precio de oro).
Pese a todas las razones que aconsejarían evitar el
adelanto electoral, su fantasma seguirá pesando porque no es seguro que el
Gobierno pueda sacar adelante la próxima Ley de Presupuestos. A efectos de la
oposición, este horizonte invitaría a apoyar al Gobierno ahora que ha empezado
a cumplir con sus obligaciones, no a desentenderse de las suyas solo porque
cree encontrarse en la antesala del poder.