LAS AUTONOMÍAS NO SOBRAN AUNQUE LOS LIBERALES SE HAGAN CENTRALISTAS

 

Artículo de Juan Carlos Escudier  en “El Confidencial” del 24 de diciembre de 2010

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

 

Ahora que todos culpan al Estado autonómico de nuestros males y proliferan los mensajes sobre la inviabilidad de un modelo que, según se afirma, nos llevará a la ruina, convendría precisar en sentido contrario que, a pesar de la crisis, jamás se ha vivido mejor en este país, y que si por algo se ha distinguido ese centralismo que tanto se añora es por asociarse a la lo largo de la historia con la miseria y el subdesarrollo. Afortunadamente, en nada se parece la España actual a la de 1978, cuando una de cada cinco personas era analfabeta y que todavía entonces desperdigaba emigrantes por el mundo con una maleta de cartón y una ristra de chorizos.

Ello no quiere decir que no existan deficiencias, duplicidades y despilfarros. El sistema no es perfecto pero eso ni lo invalida ni lo hace inviable. Pedir directamente su desmantelamiento, como hacen algunos de esos liberales que habitan en la TDT, no sólo es una estupidez sino también un desatino ideológico, ya que si por algo se caracteriza el pensamiento liberal es por la defensa de la descentralización política y administrativa. Una administración más cercana es más eficaz en sus acciones y más controlable por los ciudadanos. Pero de un tiempo a esta parte, los liberales se han vuelto estatalistas y tienen desconcertado a más de uno.

Al calor de este debate, han florecido algunos estudios sobre los dispendios autonómicos, entre ellos uno patrocinado por UPyD, el partido de Rosa Díez, en el que se cifra incluso el monto del derroche: 24.000 millones de euros al año, esto es, cerca del 2,5% del PIB. Con el debido respeto a su autor, Carlos Martínez Gorriarán, algunas de sus premisas son, cuando menos, incorrectas. Una de ellas establece una relación entre el número de funcionarios adscritos a las comunidades autónomas y el porcentaje de Presupuesto que gestionan. Según esta ratio, como las autonomías sólo manejan el 35% de dicho Presupuesto no deberían tener en nómina al 50% de los empleados públicos del país, lo que probaría de manera irrefutable el despilfarro.

Existe explicación a esta aparente contradicción, tal y como se ha encargado de demostrar Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Pompeu Fabra. Bastaría con analizar el tipo de funcionarios dependientes de las autonomías para comprobar que un 76% son profesores no universitarios y personal sanitario, lo que hace inevitable que haya más funcionarios en la medida en que Educación y Sanidad representan la parte más importe del gasto público total. A menos, claro está, que se entienda que andamos sobrados de médicos y maestros.

Pese a las deficiencias actuales y a los fantasmas agitados por Moody’s, el modelo se ha demostrado controlable, a tenor de los datos de déficit

A partir de aquí se puede coincidir en que resulta disparatada la proliferación de televisiones deficitarias, defensores del pueblo y del menor, agencias y consejos diversos, universidades y hasta de embajadas. El problema, sin embargo, no está en el gasto que estos entes y organismos representan sino en los ingresos que los hacen posibles. Dicho de otra forma, cada autonomía, como su propio nombre indica, es libre de decidir en qué emplea el dinero, porque para pedir cuentas a los respectivos gobiernos siempre estarán sus ciudadanos. Lo criticable son las fórmulas que se han aplicado a la generación de recursos, que han permitido que las comunidades autónomas nunca tengan que retratarse ante los contribuyentes para cubrir sus necesidades y que siempre hayan tenido la certeza de que el Estado aseguraría en época de vacas flacas los servicios esenciales. De hecho, las aportaciones adicionales de las que se beneficiaron nunca fueron puntuales sino que se consolidaron, lo que contribuyó a la expansión del gasto.

El profesor Ángel de la Fuente, miembro del Instituto de Análisis Económico del CSIC lo explicaba el pasado mes de abril en un artículo publicado en El País. Coincidiendo con el desplome de la recaudación tributaria a partir de 2007, el Estado se vio forzado a inyectar más de 11.000 millones en el nuevo modelo de financiación autonómica. Dado que dicha aportación tiene carácter permanente, bastará con que la recaudación tributaria se recupere para que la situación presupuestaria de las autonomías sea mucho mejor de la que tenían antes de la crisis y, en consecuencia, el gasto siga creciendo.

De la Fuente destacaba el hecho de que las autonomías tienen a su cargo la gestión de los pilares del Estado del Bienestar y que una planificación adecuada exigiría desvincular los presupuestos autonómicos de los ciclos económicos. ¿Cómo? Desligando la financiación de la recaudación tributaria líquida y estableciendo a priori una cuantía de ingresos aceptable, de manera que en los años de bonanza el exceso recaudatorio engrosara un fondo del que pudiera echarse mano en la parte baja del ciclo. Este sistema y una fuerte restricción de sus posibilidades de endeudamiento resolverían el problema. A partir de aquí, cualquier gollería caprichosa requeriría que los gobiernos autónomos aumentaran los impuestos a sus gobernados, por lo que sólo habría que esperar que las elecciones pusieran a cada cual en su sitio.

Pese a las deficiencias actuales y a los fantasmas agitados por Moody’s, esa agencia de calificación con nombre de pub irlandés, el modelo se ha demostrado controlable, a tenor de los datos de déficit hechos públicos esta semana. Las comunidades cumplirán en su conjunto sus compromisos para este año. Los casos de Murcia y Castilla-La Mancha, que habrán de imponerse severos ajustes, no impedirán que el ejercicio se cierre sin sobrepasar el 2,4% de déficit previsto respecto al PIB.

Siendo el tema económico importante, no lo es menos la descoordinación institucional que la Constitución no resolvió al trazar el Estado de las Autonomías. Ni las conferencias sectoriales, ni las bilaterales ni siquiera las conferencias de presidentes han constituido el foro adecuado para que las comunidades traten de sus problemas específicos o donde se puedan negociar cuestiones que afectan a todas ellas como la inmigración, las infraestructuras o el medio ambiente. Urge esa reforma que haga del Senado una cámara de representación territorial, tantas veces reclamada y tantas veces olvidada.

En resumidas cuentas, contamos con un modelo territorial perfeccionable, pero que también es responsable de las mayores cotas de prosperidad que ha disfrutado este país en toda su historia. ¿Que existen duplicidades que disparan los gastos? Pues sí, y no sólo las ya citadas. Sería bueno que en el informe que sobre la cuestión ha encargado esta semana el vicepresidente Chaves se mencione también la usurpación que la Administración central hace de competencias transferidas a las autonomías y que, ya de paso, el autor se revise la propuesta de Administración única de Fraga, quien denunciaba esto mismo hace 20 años. El Estado autonómico es tan reformable como irreversible. Afortunadamente.