EL PROBLEMA ES QUE MENA TIENE RAZÓN
Artículo de José Javier Esparza en “El Semanal Digital” del 09.01.06
Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
9 de enero de 2006. Todos hemos
visto florecer los almendros, al menos una vez. Es comprensible que no deseemos
repetir la experiencia. Con todo, sorprende el ambiente de "ruido de sables"
creado en torno a las declaraciones del teniente general Mena. Porque los
golpismos, normalmente, buscan suspender el sistema democrático, pero lo que el
jefe de la Fuerza Terrestre ha defendido es exactamente lo contrario: la
legalidad constitucional. Hace sólo tres años, estas declaraciones apenas
habrían llamado la atención. Hoy son punibles. Elocuente giro.
¿Qué ha dicho Mena? Que la actual redacción del Estatut plantea problemas
profesionales a los militares. Que el artículo 8 de la Constitución encomienda
al Ejército la defensa de la soberanía e independencia de España, de su
integridad territorial y del ordenamiento constitucional. Y que si un Estatuto
de autonomía violara la Constitución –algo, dice, "afortunadamente impensable"-
el Ejército tendría que intervenir. Las tres proposiciones son formal y
sustancialmente impecables. La primera es una observación de carácter
profesional. Las otras dos son pura doctrina constitucional. Inversamente, todos
los argumentos esgrimidos contra el general son o bien circunstanciales (que si
ha "tapado" al Rey, que si alimenta el victimismo separatista, etc.) o bien
opinables (hasta dónde puede expresarse un militar sin que ello suponga
"intervenir en política"). Es difícil extraer de aquí razones para una sanción
de arresto domiciliario y cese.
Ni en la forma ni en el fondo de las declaraciones de Mena hay nada que amenace
el orden constitucional. Sin embargo, el Gobierno se ha sentido amenazado. ¿Por
qué? La clave nos la da la fórmula escogida para fundamentar la sanción:
"incumplimiento del deber de neutralidad" y "crear alarma social". Pero si
defender la Constitución rompe la neutralidad, entonces es que la Constitución
se ha convertido en objeto de litigio. Y si el Gobierno penaliza su defensa, es
que se halla en el campo de los atacantes. Eso también explica que el Gobierno
se haya apresurado a ofrecer la cabeza del pecador. Una reacción tan drástica
denota miedo. La puesta en escena gubernamental trata de enviar un mensaje
inequívoco: "Aquí mando yo". Ahí caben la histriónica sobreactuación de Bono y
la rúbrica de López Garrido al proclamar triunfal, como el verdugo que enseña la
cabeza del reo, que es "la primera vez que se arresta a un teniente general en
democracia". ZP cree que con este gesto refuerza su autoridad. Pero no: dado el
objeto de litigio –la Constitución-, los únicos que salen reforzados son quienes
aspiran a destruirla. O sea, Carod y compañía.
Seamos sinceros: muchos millones de españoles se sienten mejor defendidos por
posiciones como las de Mena que por Bono y ZP. El Gobierno lo sabe. No ha sido
Mena quien ha roto la neutralidad ni quien ha creado alarma social: ha sido ZP.
Y el Gobierno también lo sabe. Por eso el Gobierno tiene miedo. Porque sabe que
Mena tiene razón. Lo sabe.