CUATRO VERDADES SOBRE ETA, ZAPATERO Y EL CLAUDICANTE PROCESO DE PAZ

Artículo de José Javier Esparza  en “El Semanal Digital” del 29.09.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

El "proceso de paz" con ETA atraviesa por malos momentos. Pero hay algo peor: la autoridad del Estado atraviesa por momentos aún delicados. Sería el momento de osar una rectificación.

29 de septiembre de 2006.  Han pasado seis meses del "alto el fuego" de ETA. La banda terrorista ha escenificado la efeméride en el conocido episodio de Oyarzun, con sus pistoleros anunciando a tiros la vigencia de la lucha armada. El Gobierno, en recompensa, llevará al Parlamento Europeo la negociación con ETA, como si se tratara de un problema entre dos potencias de la Unión. Mientras tanto, las víctimas, que se manifestarán en Sevilla, son públicamente amenazadas por el jefe de la policía gubernamental. Es difícil imaginar un bochorno mayor. ¿Nos dejarán decir cuatro verdades?

Una: Esto no es un "proceso de paz". No puede hablarse de "paz" cuando los terroristas siguen con sus extorsiones, su guerrilla urbana y, sobre todo, con sus armas en la mano. Que no maten es un alivio, pero el alivio se disipa al constatar que la amenaza persiste. Aquí hay, desde el principio, un grave error de concepto. Cualquier acercamiento negociador a un grupo terrorista exige tratarlo como a tal, y no como a una potencia hostil. Eso implica, entre otras cosas, que los terroristas entreguen las armas como paso previo a cualquier pacto formal: el desarme solemniza gráficamente la renuncia al uso de la violencia. Si los terroristas no entregan las armas, entonces se les está reconociendo tácitamente el derecho a usarlas, lo cual es tanto como equiparar al terrorista con la propia fuerza pública. El fondo del problema no es práctico (¿de qué sirve entregar unas armas si pueden guardarse otras?) ni formal (¿qué más da lo que hagan si dejan de matar?), sino que se trata de una cuestión fundamental de legitimidad del Estado: un Estado no puede tolerar que una banda terrorista aparezca a ojos de nadie como interlocutor parigual en una mesa de negociaciones, porque entonces la autoridad del Estado quedaría gravemente erosionada. Y cuando la autoridad del Estado mengua, también –y sobre todo- mengua su legitimidad, pues ésta descansa en la capacidad del Estado para proteger a sus súbditos. Si el Estado aparece como más débil, entonces su posición no será la de quien negocia una paz, sino la de quien claudica ante un enemigo.

Dos: El Gobierno se ha liado en su propia red y no sabe cómo salir. Zapatero ha intentado una trenza: enhebrar el problema territorial con el problema terrorista, diluir las reformas estatutarias en una suerte de proceso de pacificación general, apoyar la "salida política" de ETA en una ampliación del autogobierno y, a la vez, apoyar la confederalización del Sistema de 1978 en la solución del problema terrorista. En eso, a lo que parece, ha venido consistiendo la gran jugada con la que ZP quería pasar a la Historia. Ahora bien, para que saliera la trenza debían comparecer dos requisitos: uno, que ETA estuviera efectivamente dispuesta a una claudicación con salida política; dos, que los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos se dieran por satisfechos con la revisión estatutaria. Y lo que estamos viendo, al contrario, es esto otro: ETA endurece sus exigencias (y con razón, pues aún tiene las armas en la mano) y los nacionalistas, por su lado, amplían el límite de sus reivindicaciones hasta el umbral de la autodeterminación y la transformación de España en un Estado plurinacional. Lo lógico sería que el Gobierno abandonara la trenza, pero entonces tendría que confesar el fracaso de su principal proyecto político. Por eso la situación del Gobierno es tan patética: liado en su propia trampa, lanzando garrotazos absurdos contra las víctimas del terrorismo, sospechoso de ocultar hipotéticas conexiones etarras con los atentados del 11-M… Es como si el Gobierno no estuviera trabajando para hacer a España más segura y libre, sino para contentar a ETA y a los nacionalistas. Es demencial.

Tres: ETA está sacando ventaja y España está perdiendo el paso. Por el momento, el balance del "proceso" no puede ser más negativo para España y los españoles. Cada día que pasa, la presencia social y política de ETA es mayor. Hace dos años era una banda criminal con su capacidad operativa muy disminuida, sus bases sociales fuera de la ley y su presencia política reducida a cero. Hoy la tenemos por todas partes, sus portavoces hablan y se manifiestan sin rubor, incluso de forma provocadora, y se ha llegado al dislate de elevar "su problema" al Parlamento Europeo. En dos palabras: el proceso ha legitimado a ETA. Incluso si esta situación fuera reversible, los daños causados a la solidez del Estado tardarán años en enmendarse.

Cuatro: Es urgente rectificar. El sentido común debería llevar al Gobierno a invertir la corriente y plantear nuevas exigencias a ETA –entrega de armas y renuncia expresa a la violencia- si quiere continuar con su "proceso". Y tendría que ser capaz de utilizar la fuerza del Estado –policía y tribunales- para mantener su autoridad. El Gobierno no debe temer una reacción negativa de la opinión pública. Si lo que está en juego es –y lo es- la dignidad nacional, nadie reprochará al Ejecutivo que dé marcha atrás aunque sea contra las falsas expectativas que él mismo había creado. En todo caso, el coste electoral que la rectificación pueda acarrear a los socialistas siempre será, objetivamente, menor que el coste político y moral que supondría para la nación seguir adelante en estas condiciones. ¿Es tan difícil un ejercicio de patriotismo?