CRISIS INSTITUCIONAL DE LIBRO
Artículo
de Fernando Fernández en “ABC”
del 30 de abril de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
LA
afirmación de la presidenta del Tribunal Constitucional ha armado mucho
revuelo, pero es evidente. Un país donde un presidente autonómico cuestiona la
legitimidad del Constitucional, donde un vicepresidente del Gobierno acusa al
Tribunal Supremo de causar alarma social por cumplir la ley sin entender de
juicios populares ni actos sacramentales, donde el reparto del agua provoca
graves enfrentamientos porque los derechos territoriales se anteponen a los de
los ciudadanos, donde se exige de los cargos institucionales que favorezcan
siempre al que les ha nombrado, y si no son vilipendiados y acusados de
vendidos, donde el Instituto Nacional de Estadística se toma una semana para
maquillar convenientemente los datos, donde una crisis económica produce más de
cuatro millones y medio de parados y los que alertan sobre su desarrollo son
tratados de antipatriotas y despreciados por conspiradores, donde llamar a las
cosas por su nombre es delito de alta traición; un país así tiene un grave
problema institucional que conviene hacérselo mirar.
Si
ese país pertenece a una Unión Monetaria cuestionada, debe una cantidad de
dinero impresionante -la suma de la deuda pública y privada española supera el
240 por ciento del PIB- y su Gobierno está ocupado en inventar fantasmas, nadie
puede sorprenderse por qué su prestigio internacional está bajo mínimos y su
crédito, evaporándose. Si los inversores huyen del riesgo, si la arquitectura
institucional europea se resquebraja en tiempo real porque los dineros no acompañan
a las palabras, si la arquitectura española está en liquidación porque es
discutida y discutible, estamos ante la tormenta perfecta. Nadie puede mostrar
sorpresa. Es una crisis perfectamente previsible y era perfectamente evitable.
La
crisis institucional tiene su origen en un hecho aparentemente trivial, pero de
consecuencias demoledoras. La izquierda española decide romper uno de esos
acuerdos tácitos que sostienen a las democracias modernas y opta por modificar
unilateralmente el bloque constitucional sin el apoyo del principal partido de
la oposición. Precisamente para estigmatizarla. A partir de entonces, vale todo
contra el PP. Hasta forzar la legalidad y cuestionar la legitimidad de la
Constitución del 78 y la ley de amnistía. ¿Por qué no, si ambas fueron
impuestas bajo la vigilancia de los uniformes?, como se dice ahora en frase tan
cursi como incendiaria. Fue una decisión consciente, no fortuita. No tuvo por
qué ser así, pero se quiso que fuera así. De aquellos polvos vienen estos
lodos. Y los que mostraron su preocupación eran unos fascistas, unos
maníaco-depresivos o unos imbéciles.
La
especial incidencia de la crisis económica en España tiene también su origen en
dos hechos aparentemente triviales. El primero quedó inmortalizado en un frase
que hizo fortuna: a más y mejor. Una vez en el poder, el presidente Zapatero y
sus asesores decidieron olvidarse de todo cuanto habían dicho en la oposición
respecto a la necesidad de pausar el crecimiento y hacer reformas estructurales
y se empeñaron con ahínco en alimentar las burbujas inmobiliaria y de crédito
que, apenas incipientes en 2004, alcanzaron luego proporciones dantescas. El
segundo hecho aparentemente trivial fue cuando Zapatero y su equipo decidieron
jugársela al efecto balsámico de Obama. Como esa
conjunción planetaria iba a provocar un espectacular renacer del crecimiento,
tampoco había que hacer reformas, sino simplemente aliviar la suerte de los
desplazados temporalmente de esta tierra prometida e ir sentando las bases de
una nueva España llena de derechos sociales. De esa decisión se deriva la
explosión del déficit y del paro, y nuestros problemas de credibilidad. Porque
hay inversores que piensan que este Gobierno es capaz de todo con tal de no
rectificar, hasta de coquetear con alternativas a la Unión Monetaria.