COMUNICADO DE LA FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD
Del 30.04.06
Tras el comunicado de ETA declarando el alto el fuego permanente y las consideraciones políticas inherentes al mismo, era previsible un cierto vértigo declarativo, a pesar de que la "tregua” era esperada, a tenor de lo que indicaban, sin entrar en la valoración de las mismas, las propias pautas del comportamiento político del Presidente del Gobierno.
El exagerado y disperso tratamiento informativo desplegado ha conseguido desvirtuar, en algún caso hasta la extravagancia, la verdadera dimensión política de lo que supone el comunicado de la banda terrorista en una situación de extrema debilidad. Resulta paradójico, pero no casual, que sea en los medios sociales más afectados por la crueldad terrorista o el “appartheid” nacionalista, tanto en el País Vasco como en Cataluña, donde menos optimismo y más incertidumbre se ha percibido.
De las declaraciones del Presidente del Gobierno Sr. Rodríguez Zapatero, y del Presidente del Partido Popular Sr. Rajoy, tras la reunión mantenida, así como las condiciones definidas por el Parlamento Español expresamente indican:
-Que dicho comunicado de “alto el fuego permanente” se realiza en una situación agónica de la banda terrorista. Debilidad a la que se había llegado por la firmeza en la actuación democrática del Estado de Derecho con los recursos policiales, judiciales y legales impulsados por el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, que suscribieron el Partido Socialista y el Partido Popular durante la Presidencia del anterior Gobierno. Positiva actuación explícitamente reconocida y glosada en su comparecencia por el actual presidente del Gobierno. Política de unidad en la que creemos necesario insistir hasta la derrota definitiva y constatada de ETA, no sólo deseada o ilusoriamente pregonada.
- Que tanto la resolución del Parlamento Español, como lo públicamente expuesto por distintos portavoces del Gobierno, su propio Presidente y el líder de la Oposición, supone que los parámetros a los que debe acogerse la respuesta del Estado se definen en que la derrota de terrorismo, su desistimiento y disolución, no puede implicar el pago de un “precio por la paz”, que no se puede suspender la vigencia del ordenamiento jurídico, ni menoscabar la dignidad de las víctimas del terrorismo
Por lo tanto, las únicas vías democráticamente aceptables y eficaces, que no pongan en riesgo el Estado de Derecho, son aquellas que dentro del ordenamiento jurídico puedan articularse tras el desistimiento del terrorismo y fueran consecuencia de su finalización. Con la generosidad que se desee, pero con esa indispensable premisa. Por otra parte así ha sido formalmente requerida por el Gobierno actual de España, sus portavoces, el Parlamento, y también por el primer partido de la oposición, el Partido Popular.
Para que esto sea posible, es imprescindible el acuerdo de los dos grandes partidos en España, que ha sido el soporte principal del éxito de la lucha contra ETA, la que la ha llevado a su extrema debilidad, y que conduciría a la derrota definitiva del terrorismo.