EL JUEZ 'CARACOL' PARECE HACERLE EL JUEGO A LOS
ABOGADOS DE MILLET
El magistrado evita que
el saqueador del Palau dé cuenta de sus subvenciones
a la Fundación de CiU
Artículo de Jordi García Soler en “El Plural” del 21 de octubre de 2009
Por su interés
y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio
web
De auténtico escándalo público debe calificarse la reacción que ha producido en la sociedad catalana la decisión del juez instructor del caso Millet, Juli Solaz, de mantener en libertad con cargosa los dos principales imputados, Fèlix Millet, ex presidente del Orfeó Català y también de la Fundación y el Consorcio del Palau de la Música Catalana de Barcelona, y Jordi Montull, el ex director administrativo de dichas entidades, tras tomarles declaración transcurridos ya tres meses desde el registro que agentes de los Mossos d’Esquadra realizaron a finales del pasado mes de julio en el Palau, en funciones de policía judicial.
Una hábil estrategia jurídica y un juez “caracol”
La hábil estrategia jurídica llevada a cabo por los
letrados defensores de Millet y Montull,
Pau Molins y Jordi Pina, ha dado por ahora los
resultados por ellos deseados. El juez instructor –conocido por sus propios
compañeros de la Audiencia de Barcelona como “el cargol”, esto es “el caracol”, por
su habitual lentitud- se limitó a retirar a Millet y Montull sus pasaportes, negándose a adoptar otras medidas
cautelares como solicitaba la Fiscalía, que ya en otras ocasiones había
solicitado el ingreso en prisión provisional de ambos imputados. Por no
imponerles, el juez Solaz ni tan sólo les impuso la obligación del pago de
ninguna fianza, desoyendo una vez más la petición fiscal y en este caso también
de las acusaciones particulares.
Indignación popular
La
reacción social ha sido no sólo de escándalo sino de gran indignación. Basta
leer los editoriales de periódicos de orientaciones tan dispares como El
Periódico de Catalunya, La Vanguardia o El País, para comprobarlo. Las llamadas de los
oyentes a los programas de radio y televisión con participación de la audiencia
han reflejado hoy mismo esta indignación con una contundencia extraordinaria.
Fèlix Millet,
referente de la burguesía catalana
Y es que el “caso Millet” se ha convertido en el gran
escándalo público en Cataluña, no sólo porque afecta a unas entidades como el Orfeó Català y su histórica sede,
el céntrico edificio modernista del Palau de la
Música Catalana, obra de Lluís Domènech i Montaner,
sino porque Fèlix Millet se
había convertido en los últimos años en un referente de la burguesía catalana,
con una sesentena larga de importantes cargos en todo
tipo de instituciones, entidades y empresas.
La magnitud de una estafa multimillonaria
Más
allá del carácter emblemático de la figura de Fèlix Millet, miembro de una de “las familias” que históricamente
han mandado en Cataluña desde hace como mínimo un siglo y con notorias
vinculaciones personales y familiares con el entramado político pujolista, está claro que el “caso Millet” ha impactado especialmente
en la sociedad catalana por su magnitud económica. Se empezó hablando de un
desvío de 3,3 millones de euros y ahora se baraja la posibilidad de que las
cantidades distraídas por Millet y Montull
superen los 20 millones de euros, procedentes en su mayor parte de donaciones
privadas pero también de subvenciones públicas.
Una instrucción lenta y con vetos
En
algunos ámbitos jurídicos y judiciales apenas ha sorprendido la decisión
adoptada por el juez Solaz. Aseguran que era de prever tras la lentitud de su
instrucción, sus negativas previas a adoptar medidas cautelares y el retraso
con el que citó a declarar a los dos imputados principales. Las cartas de
confesión del delito que Millet y Montull
le enviaron e hicieron públicas semanas atrás parecen haberle convencido, como
sin duda deseaban los abogados defensores. Tal vez por la misma razón, el mismo
juez Solaz limitó las declaraciones de los imputados al año 2003, objeto inicial
de la querella, aunque en ésta se especifican no sólo la apropiación de fondos
por un importe de 2,3 millones y el uso de facturas falsas en aquel año sino
también otros supuestos desvíos posteriores por unos 10 millones más.
¿Temas tabú?
Uno de
los abogados de las acusaciones particulares inquirió a Fèlix
Millet datos sobre los supuestos convenios firmados
por la Fundación Palau de la Música con la
convergente Fundación Trias Fargas, con un importe
global de 630.000 euros, pero el juez Juli Solaz
impidió que Millet respondiera. Quedó por aclarar
también la donación de entre 12,5 y 25 millones de pesetas que la misma
Fundación Palau de la Música realizó en 2000 al
entonces ya militante de CDC Àngel Colom, a través de
la nonata Fundación Espai Catalunya, al parecer para
pagar las deudas contraídas por el fracasado Partit
per la Independència (PI), creado por el mismo Colom
y Pilar Rahola como escisión de ERC.
Complicidades políticas
Estas
cuestiones, al igual que las nuevas aportaciones documentales surgidas tanto de
las recientes auditorías llevadas a cabo por orden del nuevo equipo directivo
del Orfeó Català y el Palau de la Música Catalana como del informe pericial
realizado por funcionarios de Hacienda, deberán ser objeto de nuevas
declaraciones de los imputados ante el juez instructor. Las informaciones
periodísticas de estas últimas semanas han apuntado hacia la existencia de
evidentes complicidades políticas en el “caso Millet”,
y tarde o temprano acabarán saliendo a la luz.
Recurso ante la Audiencia
Por
ahora, la Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona, en solicitud de
la adopción de medidas cautelares, en concreto del ingreso en prisión de Fèlix Millet y Jordi Montull. Quedan aún por declarar los restantes imputados. Y
está por ver si aumenta o no el número de personas imputadas, con la posible
imputación de las esposas de Millet y Montull, ya que a través de empresas puestas a su nombre
fueron desviadas importantes cantidades de dinero. Por el momento, el escándalo
social es público y notorio, como lo es la gran indignación popular ante una
estafa en la que está clara la malversación de caudales públicos.
Jordi García Soler es periodista y analista político