ETA Y LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

 Artículo de Carlos Martínez Gorriarán, Profesor de la UPV y portavoz de Basta Ya, en “ABC” del 14.06.07

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

Creo que una conclusión ineludible del fracaso del siempre mal llamado «proceso de paz» es que nuestra democracia ha demostrado graves deficiencias a la hora de garantizar la solidez de la clave de bóveda de cualquier democracia: el cumplimiento de las leyes. Más allá de los pésimos cálculos estratégicos de Zapatero y sus asesores, con la deleznable concepción de la política y la ética pública que esos malos cálculos revelan, el hecho es que para sostener la negociación política con ETA el gobierno ha podido burlar el sentido de las leyes o eludir su aplicación, y todo ello sin incurrir en una ilegalidad flagrante. Semejante facilidad abre la caja de Pandora en materias tan sensibles como la igualdad jurídica de los ciudadanos o las obligaciones de las instituciones del Estado de derecho, que deben asegurar por todos los medios a su alcance la vida, la seguridad y la libertad de los ciudadanos amenazados por cualquier causa, sea un grupo terrorista o una catástrofe natural. No es ningún secreto que muchas personas han acabado preguntándose si, en vez de confiar en la justicia, sus derechos no estarían mejor protegidos por una banda de pistoleros, lo que les permitiría negociar con el gobierno y recibir un trato privilegiado.

No soy jurista y sin duda ignoro cuestiones fundamentales de la especialidad, de manera que me limitaré a señalar el muy evidente fenómeno del vaciamiento de la Ley de Partidos, sin duda el mayor logro jurídico del Pacto Antiterrorista. ETA siempre lo ha entendido así, y por eso se ha volcado en conseguir la vuelta de su brazo político a las instituciones, por razones prácticas y políticas sobradamente conocidas. Incluso ha fingido que buscaba sinceramente un acuerdo de paz, engañando a muchos. Porque en cuanto ha conseguido su propósito -¡y a cambio de nada!- ha cancelado la farsa, volviendo a lo que es.

La opereta del caso De Juana, las idas y venidas de Otegi por los tribunales, la tolerancia de la kale borroka y de la extorsión, incluso del robo de armas y de movimientos de bandas armadas, palidecen frente al éxito de la vuelta a la legalidad de HB, ahora como el avatar ANV. Y la sentencia salomónica que legalizaba una parte del partido dejando fuera a la otra sólo ha empeorado las cosas: además de regalar a la banda una base territorial indispensable (bautizada ya como «territorio ANV»), le ha proporcionado gratuitamente la argumentación que buscaba -el «Guantánamo electoral»- para justificar su regreso al asesinato en respuesta a la discriminación de que es víctima, disparate llamado a tener un gran éxito en foros internacionales muy variados, para desgracia de todos.

Los etarras han explotado la capacidad de obstruir los procedimientos judiciales que el gobierno puede desplegar a través de la fiscalía general del Estado. Ha quedado demostrado, ante el pasmo general, que un gobierno decidido a negociar con ETA puede usar la fiscalía general para retirar cargos, paralizar procedimientos e impedir a un tribunal que dicte la sentencia que hubiera considerado más acorde al derecho, como le pasó al Tribunal Supremo en la demanda de ilegalización de las listas de ANV. Se ha observado, por otra parte, que las listas que la propia fiscalía postulaba como candidatas a la ilegalización eran en varios casos las más convenientes para las cábalas poselectorales del partido del gobierno en Navarra y País Vasco. Pero dejando ahora los aspectos más sórdidos e instrumentales del asunto, ¿estamos en condiciones de garantizar que las leyes aprobadas por el Parlamento sobrevivirán a la interpretación creativa de un gobierno que puede obstruir su aplicación en función de sus conveniencias? Parafraseando el famoso dicho cínico atribuido a Romanones -«ustedes hagan la ley y déjenme a mí el reglamento»-, el gobierno bien puede decir: «ustedes hagan la ley y déjenme a mí nombrar al fiscal general». El resultado: la Ley de Partidos ha sido vaciada como una bañera a la que se quita el tapón. La bañera sigue ahí, cierto, pero no sirve para bañarse en ella. Y es muy posible que acabe en la chatarra si el Tribunal de Estrasburgo hace suya la doctrina Conde Pumpido.

Si no estoy equivocado, es un problema constitucional. La Constitución concede demasiado poder al gobierno a través de la prerrogativa de nombrar al fiscal general (art. 124.4), lo que le permite llegar a burlarla, como ha ocurrido con la Ley de Partidos, simplemente con inhibirse y tolerar la actuación de Batasuna, que ha disfrutado de más libertad, y atención mediática, que los partidos democráticos vascos. La conexión jerárquica gobierno-fiscalía debilita la separación de poderes y limita la capacidad de actuación de los jueces. Ha quedado a la vista justamente cuando la negociación política con ETA emprendida por el gobierno reclamaba una actuación eficaz de la justicia para evitar la relegalización de hecho de Batasuna, primero, y luego la salomónica de media ANV.

Hay quien piensa que todo depende en última instancia de quién esté al frente del gobierno. Si se trata de alguien completamente contrario a la negociación con ETA, se alega, no habrá ningún problema en este sentido. Pero es un argumento débil. Para empezar, ese partido -de momento, sólo el PP entre los grandes- necesita una mayoría absoluta que le permita no sólo aplicar las leyes, sino exigir que hagan lo mismo las instituciones vascas, pongamos por caso, por lo que no debe depender de pactos con nacionalistas. Pero la debilidad argumental radica en que una democracia no puede depender, para algo tan serio como la aplicación de las leyes y la igualdad jurídica, de la personalidad de quien ocupe en un momento dado las instituciones fundamentales.

Siguiendo la saludable máxima liberal, la Constitución es el contrato que protege a los ciudadanos del excesivo poderío del Estado, de manera que lo necesario es reformar nuestro contrato constitucional para obtener garantías razonables de que la próxima vez que un gobierno o un parlamento procedan a ilegalizar a la rama política de ETA, o cualquier cosa semejante, no vendrá después otro gobierno con distinta visión de la jugada, capaz de deshacerlo todo para volver al punto anterior... como ha pasado esta legislatura.

En el PP algunas voces cualificadas abogan por la reforma de la Constitución, sobre todo en materia territorial, para hacer frente al vaciamiento constitucional de competencias estatales e igualdad territorial que ha impulsado el zapaterismo en otra de sus inspiraciones visionarias. En la izquierda renovadora hay gente que comparte esa idea, que probablemente prosperaría también en el PSOE de no ser por el zapaterismo. Pero es importante que nos percatemos de que el regreso del terrorismo total no es sólo la consecuencia de una mala política de gobierno, que lo es, sino de que esa mala política ha aprovechado ciertas insuficiencias constitucionales. Hay que abrir un debate de reforma constitucional que también aborde los profundos desafíos del terrorismo, de manera que no dependamos de líderes visionarios o fiscales guantanameros, pero tampoco de contrarios más lúcidos que no siempre estarán disponibles en el momento y lugar oportunos. La democracia es así. Y por eso, en este nuevo asalto contra ETA que deberá ser el definitivo, hay que hablarde la reforma de la Constitución.