UNA HUELGA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POLÍTICA

Artículo de Carlos Martínez Gorriarán en su blog de “¡Basta Ya!” del 07.04.08

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

A estas alturas ni siquiera es posible saber si la huelga de los trabajadores de la administración de Justicia no transferida está desconvocada o no, si su fin depende del asentimiento de los miles de huelguistas a través de un referéndum, o si los afectados de alguna comunidad autónoma se descolgarán del acuerdo general, en el caso de que éste se haya producido. Lo que sí sabemos es que el ministro Fernández Bermejo ha desconvocado una huelga que él no ha convocado –son los milagros del zapaterismo, ya se sabe, la asunción espontánea y entusiasta de competencias que no competen al interesado-, y que la relación entre los sindicatos clásicos llamados “de clase” –UGT y CCOO- con los nuevos sindicatos profesionales –CSI-CSIF y STAJ- está al borde de la ruptura, si no está rota ya. En realidad, en el interior de la propia CCOO hay una fuerte tensión entre los afiliados en huelga y sus representantes, y el aparato de la confederación sindical. A la vista de todo esto, parece prematuro dar por finalizada una huelga que va mucho más allá de una petición sindical corriente, centrada en las mejoras salariales y laborales.

¿Qué pedían los funcionarios en huelga? Desde luego, la homologación salarial y laboral con sus iguales transferidos a las comunidades autónomas. Pero también algo más difícil de expresar y que los medios de comunicación no acaban de captar, quizás debido al peso de la rutina y de las interpretaciones más tradicionales, alentadas por el Gobierno y sus terminales mediáticas (¿se han dado cuenta de que los que en otras huelgas son los muy respetables “trabajadores” se convierten en sospechosos “funcionarios” cuando el patrón es el Gobierno?) Me refiero a que esta era, y quizás siga siendo, una huelga contra la discriminación política y a favor de la igualdad.

Las diferencias salariales entre funcionarios transferidos y dependientes del Gobierno sólo expresan una diferencia más de fondo, y un fenómeno muy negativo en plena expansión: el fin de la igualdad por efecto de la centrifugación del Estado. El mismo trabajo, con idéntico encargo profesional, es pagado de muy distinta manera, y aparece sometido a reglas y requerimientos distintos, en función de la taifa autonómica donde una tenga la suerte o desgracia de aterrizar. No se trata ni mucho menos de dinero y trabajo: se trata también de autoestima, de igualdad, de reconocimiento, de condiciones profesionales de trabajo ligadas directamente a los valores de responsabilidad y libertad. De todo eso que ya ha desaparecido, o está en camino de hacerlo, en las administraciones transferidas anárquicamente a las comunidades autónomas: sanidad, educación, agencias estatales o justicia. No es ninguna casualidad que la administración de justicia sea una calamidad, sobre todo si se compara con otras mucho más complicadas, como ayer señalaba con acierto Soledad Gallego en El País. Pero, y aunque esto no lo señale la analista, el problema radica en la retirada del Estado del campo de sus responsabilidades, como la de asegurar la igualdad de todos, y en su conversión acelerada, y por la vía de los hechos consumados, en un sistema de taifas al servicio de las élites locales. El problema está en el modelo de Estado, o mejor dicho, en su completa evaporación.

Esta última es la razón de que los sindicatos clásicos, como los partidos clásicos, se empeñen en reducir un conflicto político muy serio, que expresa profundos descontentos y alarmas sociales, en mera cuestión de negociar la pasta y el estatus. Sobre todo UGT, y el sector de CCOO más ligado a IU y al propio PSOE –que hace lo posible para moverle la silla a José María Fidalgo y su equipo, a mayor gloria del aparato socialista-, han decidido actuar como sindicatos áulicos del PSOE y de su Gobierno, dando la espalda a los afectados e ignorando por completo los valores clásicos de la igualdad y la función de servicio público de la administración. La Justicia no está, en España, tanto al servicio de los justiciables, los ciudadanos implicados en pleitos, como al del establishment, disperso en sus intereses territoriales. Por eso la Justicia tiene cada vez menos que ver con la justicia, como puede verse. Contra eso también protestan los trabajadores en huelga, y por eso mismo era previsible la reacción de uno de los peores personajes del Gobierno Zapatero: echar unas monedas sobre la mesa y dar el problema por zanjado. Pero es posible que esto sólo sea el comienzo: la cuestión de la igualdad de los ciudadanos y de la dignidad y finalidad de los servicios públicos, privatizados por los partidos tradicionales, no se va poder barrer debajo de la alfombra tan fácilmente.