CONTRA LAS
POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS
Artículo de Carlos Martinez Gorriaran en “El Mundo” del 02 de junio de 2008
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
El miembro del Consejo de Dirección de UPyD denuncia en este artículo cómo
los partidos nacionalistas, respaldados o tolerados por el PSOE y el PP, han
impuesto prácticas excluyentes que crean «ciudadanos de segunda»
El estruendo organizado por la propaganda triunfalista de Gobierno y PSOE,
empeorado por los ruidos de un PP en plena caída libre, que renuncia a hacer oposición,
pueden ocultar que en España existen problemas políticos muy serios. Pero el
Parlamento parece más ocupado en amplificar los ruidos externos, y en amordazar
a UPyD, para que demos la lata lo menos posible, que en abrir debates urgentes
sobre asuntos que perjudican a muchos de nosotros.Por ejemplo, las políticas
lingüísticas impulsadas por los nacionalismos, con el apoyo o la tolerancia de
PSOE y PP, y su efecto más deletéreo: la discriminación lingüística.
Así como pagar menos a una empleada por ser mujer o ponerle trabas para
que acceda a ciertos estatus y profesiones son formas de discriminar a alguien
por su sexo femenino, es un caso de discriminación lingüística impedir a una
persona cualificada que acceda a un empleo en la Administración porque no
satisface una exigencia abusiva de conocimiento de una lengua cooficial.
Y hay muchos más, como la imposibilidad de escolarizar a un niño en
castellano en un centro público (o concertado) de comunidades teóricamente
bilingües, o la conversión de la lengua particular cooficial en lengua única de
la Administración, sin olvidar la valoración irracional e incluso excluyente
del conocimiento de estas lenguas en concursos para acceder a un empleo
público.
Unos 15 millones de españoles residentes en Galicia, País Vasco, parte
de Navarra, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana pueden ser, o lo han
sido ya, víctimas de alguna forma de esta nueva discriminación, particularmente
insidiosa por dos razones: porque oficialmente no existe -como afirmó con
ignorante o cínico aplomo José Luis Rodríguez Zapatero- y porque, además, es la
consecuencia de una política tan falsamente democrática como prácticamente
unánime.
Los partidos nacionalistas no se han quedado solos en la imposición de
todo tipo de políticas lingüísticas claramente discriminatorias, sino que PSOE
y PP las han propiciado, mantenido e incluso aumentado en las comunidades
bilingües donde han gobernado o gobiernan.
La agresiva y delirante campaña de «normalización lingüística» desatada
estos días en Baleares se limita a desarrollar un decreto del Gobierno balear
de 1990, presidido por el PP. En la Comunidad Valenciana y Galicia hace tiempo
que los concursos públicos se celebran exclusivamente, o casi, en sus lenguas
cooficiales.Y no hace falta referirse a la situación catalana para ilustrar qué
significa convertirse en ciudadano de segunda por razón de lengua, por muy
oficial del Estado que sea, porque en el País Vasco los nacionalistas quieren
hacer lo mismo.
Ahora bien, la discriminación lingüística triunfante no es sólo
responsabilidad nacionalista, sino efecto de la tolerancia de quienes dicen no
serlo.
Pero, ¿para qué es necesaria una «política lingüística»? Sólo para
resolver las situaciones heredadas de discriminación en este terreno. Toda
política legítima de este tipo debe limitarse a asegurar la cooficialidad y la
libertad de elección de lenguas en las comunidades realmente bilingües, lo sean
mucho o poco.En nuestro caso, es lo que hizo la Constitución de 1978 al
declarar las lenguas particulares de las comunidades bilingües cooficiales en
sus respectivos territorios. Se trataba de que catalanes, gallegos y vascos
tuvieran la oportunidad de usar sus lenguas maternas, ignoradas hasta entonces
por la Administración, sin soportar por ello discriminación o desventaja
objetiva alguna.Sin embargo, la evolución de la política autonómica ha
convertido ese propósito democrático en el intento inverso de instaurar un
monolingüismo de nueva planta, artificioso y coercitivo además de reaccionario
y aislacionista, en la «lengua propia».
Si los partidos y la sociedad civil han reaccionado tarde y débilmente a
esta deriva antidemocrática es, entre otras razones, por las muy excesivas
concesiones hechas a las reaccionarias monsergas nacionalistas en materia
cultural y política. Así, el concepto de «lengua propia», fundamental para
legitimar la «política lingüística» de «normalización lingüística», es un
artefacto ideológico sin el menor peso científico.
La «normalización lingüística» consiste en expulsar del espacio público
a las lenguas impropias: el castellano o español. Para ello se suprime la
educación bilingüe, o se decreta que todos los papeles administrativos se
publiquen exclusivamente en la propia, exigiendo a los disconformes que vayan a
una lista especial, como de analfabetos funcionales, si quieren tratos en
castellano.En un giro semántico inevitable, se decreta que lo realmente normal,
el bilingüismo tradicional, es lo anormal. Pero normalizar la lengua no es otra
cosa que tratar de normalizar a la sociedad cambiando su realidad por otra
diseñada desde el poder. Es, pues, un ejercicio de dominación despótica.
Este estado de cosas ha salido a la luz gracias al esfuerzo cívico de
algunos colectivos muy meritorios -y muy discriminados-, reclamando cada vez
más atención en el debate político.
De momento, las respuestas no son muy alentadoras. Los nacionalistas
niegan que haya discriminación lingüística y dan grandes voces en su papel de
víctimas impostadas. Los socialistas y el resto de la izquierda conservadora
coinciden cada vez más con los nacionalistas, manejando falacias como la
«convivencia de lenguas» elogiada por Zapatero. Y el PP desenfoca la cuestión
al proponerse como campeón de una innecesaria «defensa del castellano». El
castellano goza de estupenda salud social y su auge no va a ser impedido por
los delirios de unos cuantos.
El problema no lo tiene el idioma, sino los ciudadanos que ven
recortados sus derechos constitucionales y atacada su libertad.Lo que hay que
defender, sin ambigüedades ni concesiones, es la libertad de elección
lingüística en las comunidades con dos lenguas oficiales, desterrando cualquier
discriminación que no esté clara y plenamente justificada por los requisitos
específicos de un puesto de trabajo.
La igualdad no se defenderán mejor mediante una política lingüística de
defensa del castellano, sino dejando sentado que, una vez reconocida y
desarrollada la cooficialidad de las lenguas tradicionales de una comunidad bilingüe,
no debe hacerse absolutamente nada más contra la libre voluntad de los
ciudadanos en esta elección.Seudoconceptos como los de «lengua propia» y
«normalización lingüística» deben erradicarse del lenguaje político de la
democracia y de sus textos jurídicos. Una vez garantizado en la Constitución
que nadie será discriminado por usar la lengua oficial que prefiera, la única
política lingüística aceptable en una democracia es...la que no existe.