NO SON LAS LENGUAS, ES LA LIBERTAD

Artículo de Carlos Martínez Gorriarán, Profesor de la Universidad del País Vasco,
en “ABC” del 11 de julio de 2008

Por su interés y relevancia he seleccionado el
artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

No resulta sorprendente que los «críticos» con el Manifiesto
por la Lengua Común nos reprochen algo que el texto en cuestión no dice en
ninguna parte: que el español esté en peligro y requiera de una defensa
política. Pero ya es sabido que, en España, la forma más habitual de «criticar»
una idea es tergiversarla todo lo posible. Repitamos algo que han entendido sin
ninguna dificultad los más de ciento cincuenta mil ciudadanos que ya han
firmado el Manifiesto, eso que Iker Casillas expresó
mejor que docenas de supuestos «intelectuales críticos»: lo que el Manifiesto
defiende es la libertad de elección de lengua en las comunidades españolas
bilingües -y, por tanto, el bilingüismo voluntario-, y el valor insustituible
de la disposición de una lengua común que saben -o sabían- la práctica
totalidad de los ciudadanos de España. Eso es todo. Y es tan claro y evidente
que más bien hay que preguntar a los disconformes qué es lo que proponen ellos.
¡Por diálogo y debate, que no quede!

Insistamos: el Manifiesto reclama que se cumplan las
previsiones constitucionales en materia de cooficialidad, progresivamente
ignoradas en Cataluña, País Vasco, Galicia o Baleares, y que los ciudadanos
allí residentes, habitual o temporalmente, puedan elegir en qué lengua quieren
escolarizar a sus hijos y cuál prefieren para relacionarse con las
instituciones, además de no ser discriminados con excusas lingüísticas cuando
quieren acceder a un puesto de trabajo público o tener contratos con la
administración, ver la televisión autonómica o, sencillamente, entender los
impresos de hospitales y universidades. Es muy sencillo conseguirlo: basta con
ofrecer una educación bilingüe y que los formularios, comunicaciones e
indicadores públicos también lo sean.

Los partidarios de las políticas de «normalización
lingüística», que no son sino ataques a la democracia porque restringen
libertades básicas y crean obligaciones arbitrarias, no son sólo nacionalistas.
A estos, que simplemente no tienen remedio ni idea decente alguna sobre lo que
es la democracia, se unen numerosos españoles con ideas políticas oportunistas
o inexistentes, o sencillamente descabelladas. Comencemos por éstos.

Algunas almas bellas sostienen que como el castellano o
español disfruta de magnífica salud, no es necesario esfuerzo alguno para
defenderlo, mientras que sí es necesario proteger legalmente a las lenguas
cooficiales: catalán, gallego y eusquera. Estos espíritus simples se afilian a
la tesis de que bastante castellano tienen ya en sus vidas los escolares
catalanes, gallegos o vascos, de modo que lo aprenderán solitos de modo
natural, mientras que todo el esfuerzo educativo debe centrarse en la lengua
cooficial, que muchos ignoran porque no es la suya materna (y que muchos
comienzan a detestar, aunque esta es otra historia). Confundir la adquisición
espontánea de una lengua con su estudio es similar a creer que es igual contar
con los dedos que saber matemáticas -y es una barbaridad, aunque la acepten Suso de Toro y otros semejantes-. Es, en definitiva,
aceptar que el analfabetismo funcional en la lengua común es un gran progreso
educativo.

El problema de fondo que articula todo el Manifiesto es que
las medidas políticas de «protección de lenguas», como las que padecemos en la
España periférica afectando casi a 16 millones de ciudadanos, son ilegítimas en
sí mismas. Primero, porque las lenguas no son sujetos políticos ni personas
jurídicas; y segundo, porque esa protección impropia acaba lesionando
gravemente derechos elementales de los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho a
una buena educación, y desde luego la libertad de elección de lengua. Cualquier
política lingüística que vaya más allá de hacer posible un bilingüismo
institucional que garantice a todos el derecho a elegir la lengua en que desean
comunicarse con la administración y sus servicios sociales es, sencillamente,
una política que abandona el mundo de la democracia para adentrarse en el
piélago del totalitarismo. La consecuencia es que producimos jóvenes
cuasi-analfabetos funcionales en la lengua mayoritaria y oficial de su país, y
sólo para complacer las mitomanías nacionalistas, y que creamos categorías
distintas de ciudadanos al convertir la lengua en un instrumento de exclusión
de los disidentes ideológicos y de los extranjeros.

Desde luego, es inútil empeñarse en que los nacionalistas no
sean lo que son. Hay que mantenerlos a raya y oponerse a sus incansables
intentos por sobrepasar en todos los sentidos los límites infranqueables de un
sistema político sin otra justificación que garantizar la igualdad y libertad
personal de los ciudadanos. A quienes hay que pedir cuentas es a los que dicen
no ser nacionalistas y, sin embargo, apoyan su guerra contra el libre empleo de
la lengua común, precisamente para cargarse la comunidad política llamada
España. Es obvio que si los nacionalistas consiguen que las nuevas generaciones
consideren el español una lengua extranjera, o todavía menos que eso si se le
dedica menos tiempo que al inglés -como quiere el president
Montilla-, quizás también consideren a España un Estado invasor y, en todo
caso, extranjero.

El PP se ha sumado en masa al Manifiesto; habrá que pedirle,
pues, que rectifique los abusos lingüísticos de los que ha sido el principal
responsable político cuando gobernaba en Galicia y Baleares, y los que se
siguen cometiendo en Valencia. Pero, ¿qué hacemos con un PSOE que acaba de
aprobar una resolución diametralmente opuesta al Manifiesto? Y, por cierto,
mediante un texto repleto no sólo de vacuidades y falacias, sino pésimamente
escrito (signo de que, quizás, sí haya que «defender» al castellano en algunos
ambientes...). Al menos habrá que decir bien alto y claro a los socialistas que
su política se basa en una ficción jurídico-política impresentable, a saber,
los «derechos» de las lenguas y de los territorios. Y falsos derechos
impuestos, además, a costa de los únicos reales: los de las personas, contadas
una a una. La perspectiva socialista sobre el problema del uso de las lenguas
en la España bilingüe está mucho más cerca de las típicas del nacionalismo
fascista que de otra cosa. Defender que la inmersión lingüística practicada en
Cataluña, por ejemplo, resuelve problemas de convivencia porque impide que haya
dos comunidades lingüísticas distintas es semejante a sostener que lo mejor es
que haya un partido político único, porque así la sociedad estará menos
dividida y las elecciones serían más armoniosas. Como en Cuba o en la España de
Franco.

Esta caída socialista en el peor de los derechismos, el de
anteponer abstracciones como lengua y territorios eternos a personas y sociedad
libre, no es sólo una muestra elocuente de la senilidad ideológica del PSOE y
de la izquierda tradicional española, sino una señal de alarma de los graves
riesgos degenerativos que afronta la democracia española. Porque cada vez que
alguien, en nombre del «futuro del catalán» o de cualquier otra lengua
cooficial, pretende recortar mediante leyes y reglamentos ad hoc el derecho
elemental a elegir cuál de las dos lenguas oficiales quiere uno usar, lo que se
está haciendo ya no es política democrática, sino una ingeniería social que,
para diseñar una sociedad distinta según determinado proyecto ideológico, exige
violentar progresivamente la libertad de las personas, restringida mediante
innumerables reglamentos y sistemas de vigilancia y castigo que imponen
opciones no queridas, desde prohibir a los escolares usar la lengua común a
multar a los comercios que no atiendan en eusquera o catalán. ¿Es este el país
dictatorial y antiigualitario que queremos?