NECESIDAD DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL

 

 Artículo de GRACIÁN en “ABC” del 08.11.06

 

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

  

EN el punto donde nos encontramos, es imprescindible acometer la reforma de la Constitución. Hasta ahora, para llegar a la conclusión de que el Estado estaba en situación de gran debilidad, era preciso superar los lugares comunes y analizar detenidamente las competencias que le quedaban al Estado, comparándolas con las asumidas por las Comunidades Autónomas, o estudiar los comportamientos efectivos de los dirigentes periféricos ante los centrales. Tras la aprobación del Estatuto de Cataluña, incluso el presidente de aquella Comunidad presumió públicamente de haber conseguido reducir el papel del Estado en Cataluña a un resto insignificante. ¿Cuánto pueden tardar las demás autonomías en colocarse en paridad con Cataluña?

Pese a un cierto grado de habilidad dialéctica utilizado, nadie puede negar en un análisis desapasionado que el modelo aprobado con el Estatuto de Cataluña ya está fuera de la Constitución. Someter al Estado al deber de consensuar el ejercicio de sus competencias exclusivas con la Generalitat y otras diversas disposiciones de análogo tenor no sólo son la natural consecuencia del principio establecido en el nuevo Estatuto de que los poderes de la Generalitat proceden del pueblo catalán, sino que rompen los principios constitucionales de una patria común e indivisible de todos los españoles, de la soberanía nacional y de un Estado que nunca puede ser confederal, que recibe sus poderes directamente de la Constitución y debe ejercitarlos en todo el territorio del Estado. Con el voto en contra de la representación de la mitad de los españoles, con el apoyo de diputados de la mayoría que se sometieron a la disciplina de partido pese a sus previas manifestaciones discrepantes, con la abstención en referéndum de más del 50 por ciento del pueblo de Cataluña, se aprobó una nueva legalidad que realmente burla la Constitución.

Ya sabemos que falta por superar el filtro del Tribunal Constitucional, cuya gran calidad técnica nadie discute y que merece nuestro respeto y acatamiento, como todas las instituciones del Estado. Pero nos engañaríamos si creyéramos que ahí se encuentra la garantía de acierto, o incluso de constitucionalidad.

Primero, porque sólo puede conocer de los recursos que le planteen ciertas autoridades del Estado y grupos de 50 parlamentarios, lo cual significa que, cuando, como consecuencia de acuerdos varios, los partidos han decidido no iniciar o retirar denuncias de inconstitucionalidad, los acuerdos y situaciones correspondientes no son examinados por el TC y quedan consagrados, sean o no constitucionales.

Segundo, porque el propio Tribunal Constitucional, en su composición, no sólo está determinado por los juegos de mayorías y minorías parlamentarias, lo cual ya es de por sí importante cuando el partido mayoritario está a favor de una reforma estatutaria, sino que incluso está ya un poco confederalizado, con magistrados que son promovidos por el poder periférico.

Tercero, porque ese tribunal, desde donde a veces se ha lanzado la idea de que ellos tienen facultades de mutación inapelable de nuestra Carta Magna, vive inmerso en una sociedad política que lleva más de una década sin atreverse a plantear las cuestiones de por qué y hasta dónde es mejor debilitar la nación y el Estado español. Y así se explica que a la hora de sentenciar el asunto de la normalización lingüística ha bendecido unas leyes en virtud de las cuales los españoles que quieren educación para sus hijos en castellano no la consiguen en algunos territorios, y quienes quieren saber si un letrero prohíbe o permite algo, han de aprender otra lengua, aunque sólo sean visitantes del lugar; para cuya bendición el TC ha utilizado razonamientos que pueden ser sublimes, pero que contrarían lo que rectamente se interpreta al leer el artículo 3 de la Constitución, al repasar las explicaciones de voto de los partidos que la aprobaron y los discursos de quienes fuimos recorriendo España para pedir a la gente el sí a la Carta Magna.

Y cuarto, porque siendo la Constitución y su modelo algo muy importante, no es el único criterio de valor. Es anómalo que algunos políticos declaren que apoyarán un proyecto de Estatuto en la medida en que se ajuste a la Constitución. Los ciudadanos tenemos derecho a postular medidas o a oponernos a otras, aunque sus contrarias también sean constitucionales. ¿O es que no podemos reclamar el pleno empleo aunque no figure como mandato constitucional?

Así las cosas, en el escenario razonablemente previsible de que la actual ola estatutaria se consolide, aunque sea con rebajas, dado que posteriormente esos Estatutos no podrán modificarse sin contar con la iniciativa de las comunidades autónomas afectadas, tras valorar y no aceptar sugerencias de cambios más radicales que razonadamente se han expuesto en nuestras reuniones, creemos que la única solución legal y democráticamente viable para restaurar la nación y el Estado español consistirá en modificar nuestra Constitución, dado que cualquier alteración constitucional que choque con los Estatutos de autonomía anula a éstos en los puntos correspondientes.

Por ello proponemos una reforma constitucional que en grandes líneas persiga:

-Establecer la tabla de competencias mínimas y exclusivas del Estado que, teniendo en cuenta las cesiones de poder a la UE, permitan un poder central con capacidad para ejercer la supremacía efectiva sobre todo el territorio.

-Rechazar los intentos de confederalización de España.

-Suprimir las ambigüedades que se han utilizado para desarmar al poder central.

-Establecer mecanismos que garanticen a los ciudadanos que, en esta materia, no se podrán adoptar decisiones modificadoras sin contar con su expresa voluntad.

-Consagrar la autonomía también del Estado, impidiendo que las decisiones nacionales sean adoptadas por personas o grupos que representen intereses parciales.

En próximos artículos iremos esbozando nuestra propuesta, que ofrecemos a los partidos políticos; pero si éstos no pueden o no quieren asumirlas, las brindamos a los grupos que entonces nacerán para ir concienciando a la población con objetivos a medio plazo; porque sabemos que los pueblos cambian periódicamente y buscan luego con ansia y pasión lo que antes despreciaron. Para entonces será necesario que existan ideas y proyectos elaborados.

Colectivo que reúne a 60 intelectuales y profesores de reconocido prestigio