ENTREVISTA CON ALFONSO GUERRA

 

Por Eduardo Sotillos en la revista “TEMAS”, num. 126, de Mayo del 2005

 

Por su interés y relevancia, he seleccionado la entrevista que sigue para incluirla en este sitio web. (L. B.-B.)

 

"PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN HAY QUE ACTUAR CON MUCHO CUIDADO Y FIRMEZA, PARA NO ESTROPEAR EL CONSENSO DE 1978"

 

 

...[A. G. ] A mi modesto entender, en el caso de la Constitución del 78 hay un principio más y es el principio de cierre de dos siglos de enfrentamiento, de una dictadura larguísima, consecuencia de una guerra cruel. En el año 78 cerramos todo eso, hacemos una especie de último armisticio.

 

 

 

...[A. G. ] Pero, en la Constitución lo que se hace es cerrar un proceso de dos siglos en los cuales el funcionamiento constitucional español es un funcionamiento pendular, de manera que si ganaban los progresistas se hacía una Constitución para media España, después ganaban los conservadores, hacían una Constitución para su media España y volvían a ganar los otros y estábamos en un proceso de renovación continua o de abolición continua de la Constitución. Eso hace que los principios constitucionales no arraiguen en la sociedad, y es en el 78 cuando yo creo que se cierra ese círculo, porque todo el mundo se pone de acuerdo, aunque empieza la discusión de la misma manera histórica, empieza la discusión desde el 5 de mayo en la comisión constitucional hasta el día 17, y se van aprobando todos los artículos con los votos de Unión de Centro Democrático y Alianza Popular, y siempre esos dos contra el resto de la Cámara, hasta que llegamos a un acuerdo. Hice una llamada a Fernando Abril Martorell y le dije: "vamos a repetir la historia, cuando ganemos vamos a abolir la Constitución y haremos otra, vamos a ponernos de acuerdo, empecemos a ponemos de acuerdo" Y, efectivamente, se hizo una Constitución por primera vez en la historia de España que aceptábamos todos.

 

... [A. G. ] Sí, si queremos reformar esa Constitución hay que tener en cuenta que aquello fue muy difícil de hacer y, por tanto, actuar con mucho cuidado y con mucha firmeza para no estropear aquel consenso y para defender lo conseguido en estos 28 años. Muchas veces escucho a políticos de otros partidos y de mi propio partido proponer algo que no cabe en la Constitución, y con una ligereza enorme oigo decir: "pues se cambia la Constitución". Pero es que es muy difícil cambiar la Constitución, en primer lugar porque la Constitución tiene sus reglas para ser cambiada desde el artículo 166 al 169 que exige unas mayorías y proporciona unos procedimientos. Salirse del procedimiento es estar fuera de la Constitución y no alcanzar la mayoría es no hacer la reforma de la Constitución. Las mayorías son muy fuertes, de 3/5 para los títulos normales y de 2/3 para los títulos especiales, entre ellos uno de los que se quiere reformar, por lo tanto se necesitan 210 diputados para una reforma digamos más flexible y 232 para el núcleo. ¿Eso qué quiere decir?, que hoy, sumado el Partido Popular con el resto de los grupos, salvo el PSOE, son 186, no llega en ningún caso, pero es que, sumado el Partido Socialista con el resto, menos el PP, da 202; tampoco llega. Se necesitan para la reforma menor 8 diputados del PP mínimo o 30 diputados del PP máximo, con lo cual toda especulación que se haga sobre la reforma Constitucional tiene que contar inexorablemente con el acuerdo del PSOE y del PP, y enseguida otros dicen: "y con otros grupos también", sí, sí, políticamente también, pero numérica y jurídicamente esos dos son imprescindibles. Usted puede considerar que no sea suficiente esto que es necesario, pero, desde luego, sin esos dos no.

 

... Como bien sabe, en la mesa ahora mismo hay dos reformas constitucionales, una que ha propuesto el Gobierno, la propuso el candidato en el discurso de investidura, que im­plica cuatro reformas concretas, y otra que no se anuncia como una reforma constitucional, pero que lleva una re­forma profundísima de la Constitución a través de lo que llaman refor­mas de los Estatutos de Autonomía que no son reformas sino estatutos de nueva planta. Un ejemplo, el Estatuto ca­talán actual tiene 57 artículos y el que se está haciendo ya anuncian que tendrá más de 300 artículos, o sea, no es una reforma que le per­mita a uno comparar qué decía el artículo 11 y qué dice el artículo 11, es otro Estatuto nuevo, aunque se habla de reforma. Pero el problema es que, en los proyectos que yo conozco, que hasta ahora son el pro­yecto del Estatuto para Euskadi, la primera lectura del proyecto de Ca­taluña, el informe técnico que se ha hecho en Canarias y un proyecto elaborado por una fundación privada en Galicia, pero por encargo de algún partido político, todos inciden en los preceptos constitucionales, todos reforman la Constitución a través de los Estatutos. Primera cuestión que hay que anotar: jurídicamente no es posible modificar la Constitución a través de un Estatuto; pero, en fin, si quiere entramos en lo que propone el Gobierno y lo que proponen las Comunidades en las reformas...

 

... En otras muchas cosas hay también hoy en la vida política una desviación de lo ideológico hacia otros temas. En el caso de la reforma constitucional ocurre que efectivamente antes eran visiones conservadoras y visiones progresistas, ahora no, ahora son visiones estrictamente territoriales, hasta el punto de que partidos de izquierda en algunas zonas defienden, bajo el criterio territorial, actitudes completamente reaccionarias, ¿por qué?, porque territorialmente benefician y no se atreve nadie a estar frente a una reivindicación conservadora pero que favorece territorialmente a esa región. Lo más claro de todo, que luego podemos ver con más detenimiento, es el proyecto que hay de financiación. Es un proyecto claramente territorial, pero profundamente conservador e insolidario, y lo defiende la derecha y la izquierda, lo cual es una inversión de valores, a mi juicio, peligrosísima.

 

 

... Es decir, yo no comparto la tesis de que hay que descalificar a los que quieren cambiar la Constitución, que son unos irresponsables, que van a destruir el Estado, yo no comparto esta tesis de descalificación, pero tampoco comparto la contraria, es decir, son unos inmovilistas los que no quieren cambiar la Constitución. Es legítimo decir, oiga, no me quiero meter en este lío, hace falta mucha mayoría, creo que está mejor así, creo que está funcionando, eso es legítimo, no se puede descalificar, como se hace, de inmovilistas, centralistas o, incluso, franquistas, a quienes dicen que no quieren cambiar la Constitución. Yo me separo de ambas posturas, comprendo que en la materia política todo es opinable, pero en la materia jurídica no es cuestión opinable. Si dice la Constitución cómo hay que modificarla usted no la puede modificar por otra vía. El proyecto que vino del País Vasco no sólo amputaba una parte del cuerpo constituyente, es que, además, establecía una nueva institucionalización en España que era el famoso Estado Libre Asociado, que no es original, está tomado de Puerto Rico. Entonces, ahí hay evidentemente un peligro de choque de legitimidades que no puede resolverse más que cumpliendo la Constitución. Por cierto, la Constitución establece también que se puedan recuperar competencias por el Estado en caso de un conflicto, pero todo el mundo se pone nerviosísimo si hablas de la aplicación del artículo 155. Oiga, es un artículo más de la Constitución, se podría llegar al caso.

 

 

[ E. S.] Una pregunta, no sé si con carga de ingenuidad o todo lo contrario. ¿Qué es lo que le falta por entregar al Estado, es decir, a la Administración Central? Porque hay una queja, y es como si hubiera un corsé para el buen desarrollo de las Comunidades Autónomas. Y yo no sé qué porcentaje existe en estos momentos de gestión del gasto, pero creo que es mucho...

 

[ A. G. ] En España, en muy poco tiempo, se ha hecho un proceso de descentralización política, económica y administrativa fortísima, y es verdad que algunos, aún con eso, siguen sosteniendo que el Estado es deudor, que el Estado es tacaño, que no quiere soltar nada de lo que tiene; se sigue diciendo, es verdad, pero la operación ha sido tan importante que España que era uno de los países más centralizados del mundo, en pocos años, en el plazo de 12-15 años, llegó a ser y es el tercer país más descentralizado del mundo, después de Canadá y Australia. Somos el tercero, pero lo realmente curioso es que se sigue pensando que éste es un Estado que acapara todas las competencias. Bueno, podríamos ver como está hoy el reparto del gasto, por ejemplo, en España. En el año 82, que es cuando empiezan a hacerse las transferencias, porque antes se habían hecho algunos Estatutos pero muy pocas transferencias, en el año 82 el gasto descentralizado, quiero decir, Comunidades Autónomas y Municipios, estaba en el 14,5%, mientras que el Estado central tenía el 53%. La estimación para este año es que las organizaciones territoriales tengan el 49% y el Estado el 19,5%, pensando que en este 19,5% además figuran muchos gastos prisioneros, como son los de defensa, orden público, servicio diplomático...

 

 

[E. S.] Bueno, entonces uno se puede hacer esta pregunta: ¿no será que a través de la reclamación de transferencias, de la financiación, etc., lo que queda latente, y eso parece innegable, es un principio digamos casi religioso o emocional, ideológico, sentimental, del principio de soberanía?

 

[A. G.] No creo en eso. Yo he dicho antes que ha habido una descentralización poderosísima, debo añadir que el sistema funciona, que ha habido una aproximación de la Administración a los ciudadanos y que ha habido también una especie de satisfacción identitaria de los ciudadanos con su región, con su nacionalidad, pero la tensión permanente del acaparamiento de competencias se debe a otras cosas. Yo lo digo un poco más brutalmente que Artola, el historiador, que lo ha expresado hace peco en términos más elegantes: las Comunidades Autónomas lo que han hecho es reproducir un aparato de Estado a imagen y semejanza del aparato del Estado Central. Están haciendo estructuras de Estados menores, en el sentido de menos habitantes, menos territorio, pero se está copiando la estructura central, no como una Comunidad Autónoma, sino como un Estado y eso ¿por qué?: porque se han generado en España unas nuevas clases políticas regionales que han creído necesaria su propia afirmación a través de la confrontación con la clase política estatal, que es la que tiene siglos de historia. No sé, es más un intento de afirmación de los políticos que una visión mística-religiosa de la identidad...

 

[E. S.] Estaba pensando en un ejem­plo, que ya sé que es muy banal, pero que está estos días en la prensa como un debate más, que es el hecho de que, incluso, se produce la cesión del Castillo de Montjuic a Barcelona y ahora me parece que la gran pelea es si se coloca o no una bandera española junto a la catalana en ese lugar.

 

[A. G.] Pero yo no creo que ahí haya sentimentalismo, ahí se trata de decir que en tu territorio nadie puede intervenir.

 

[ E. S. ] Una cuestión más de fondo: parece como si ahora hubiera un debate entre lo que son los derechos del ciudadano y los derechos de los territorios.

 

 [A. G. ] Ese es el gran problema, porque la propuesta que se oye desde alguna Comunidad respecto a la fi­nanciación es una propuesta prede­mocrática, es una propuesta anterior a la Revolución Francesa, en la que los derechos no eran individuales, sino que eran estamentales, territo­riales. Después de la Revolución Francesa y la americana los derechos son del individuo, de la persona, es cuando llegamos a la democracia, entonces ahora se pretende que los derechos sean territoriales, no individuales, y se hace algo que tiene una aceptación fácil y es decirle a la gente que le rodea a uno: "oiga que le están robando, es que usted está haciendo un mayor esfuerzo fiscal y otros lugares menos productivos se están beneficiando de él". Pero es que eso no es verdad, porque la persona que gana equis millones en Barcelona, Canarias, Badajoz, Cádiz, paga lo mismo esté donde esté. Entonces ¿qué está ocurriendo?, que se están derivando los derechos individuales hacia los derechos territoriales y se está fragmentando la soberanía, que la soberanía ya no es de España sino que es de mi territorio, y ¿qué se podría pensar de esto en Madrid?... Imaginemos que se dice: "hombre es que en Madrid hay más gente que paga impuestos y, por lo tanto, aquí se recauda más que en Extremadura, Andalucía o Galicia"; bien, de acuerdo, entonces eso significa que usted tiene que gastar aquí lo que se recauda aquí. Pero, dentro de Madrid, por ejemplo, la capital puede decir: "oiga pero es que el 80% se recauda en la capital, por qué los pueblos van a tener... No, no, que se gaste en la capital". Y, dentro de la capital, el barrio de Salamanca dirá: "oiga si se paga más aquí, y en Vallecas se paga muy poco, que se gaste en el barrio de Salamanca". Se va fragmentando la soberanía, porque se han derivado los derechos individuales a los derechos territoriales. Esta es una fórmula pre-democrática; estamos caminando hacia atrás casi tres siglos.

 

... [E. S.] Cuando estábamos planteando el ingreso en lo que entonces era el Mercado Común, ahora la Unión Europea, recuerdo haber escuchado a gente que me merece mucho crédito y respeto decir "pero este problema se va a resolver cuando estemos en Eu­ropa, porque ahí se van a diluir todas estas cosas". ¿Qué ha pasado?

 

[A. G.] Ha pasado que hay mucho empecinamiento aquí, porque también yo creí que el Título VIII de la Constitución daría satisfacción a to­dos. El Título VIII permite, y ha permitido, una capacidad de autonomía, de autogobierno a las Comuni­dades Autónomas como nunca habían soñado en la historia. Pero el tema está en que cuando se recupera la democracia había dos vías de salida. Una era reponer la legalidad autonómica que se había logrado cuando la República  ---Estatuto del 32 y Estatuto del 36 fue nuestra propuesta--- y otra era lo que se hizo: no reponer aquella legalidad, sino crear una nueva legalidad y extenderla a todo el conjunto de las zonas, regiones, nacionalidades, como se quiera, de España. Se optó por ésta, que ha tenido su parte positiva, pero también una parte negativa y es que aquellos que históricamente habían logrado una Autonomía, antes de la guerra, ahora, cuando han visto que todas las otras Comunidades se igualan en competencias de autogobierno, esgrimen lo del "hecho diferencial": "yo tengo que diferenciarme porque fui yo la que tuve la lucha identitaria antes que los demás..." Entonces ahora estamos en un problema gravísimo porque Cataluña y Euskadi quieren diferenciarse del resto y en cuanto se diferencian, el resto dice: "No, no, no, yo subo también al mismo nivel que subes tú", y esta es una escalera que nunca se acaba.

He llegado a oír a un Presidente de una Comunidad –--conservador--- ­acusar al proyecto de Cataluña de anticonstitucional, para añadir, inmediatamente: "ahora, si lo consiguen, yo también lo quiero". Es una técnica que no permite acabar nunca la estructura porque en cuanto hay unos que se quieren separar y los otros se quieren igualar, los otros vuelven a querer separarse y los otros vuelven a querer igualarse y, como digo, el gasto del Estado, hoy está en el 19,7% y no hay muchos más escalones que subir.

 

... [ E. S. ] También se habla de incluir una mención expresa a las Comunidades Autónomas con sus respectivas denominaciones...

 

[A. G.] Eso sí que parece fácil. Cuando se hizo la Constitución española no había ninguna Comunidad Autónoma formada, por lo tanto la Cons­titución lo que establece son los mecanismos para formar las Comunidades Autónomas. Ahora parece sensato que diga el Gobierno: "mencioné­moslas y quitemos todo eso que ahí dice sobre cómo se forman porque ya están formadas". Bien. Eso parece sencillo pero no lo es tanto porque obliga a modificar o suprimir muchísimos artículos de la Constitución. Y, además, resolver dónde se coloca la nueva redacción. Ya se oyen por ahí algunas Comunidades que dicen que en el artículo 2. Me parece completamente inconveniente. Puede ir o en el artículo 143 o, a mi juicio, donde está mejor que es en el artículo 137, pero, como vemos, es otro punto de discusión. Y luego el gran disparate que se ha planteado: ¿con qué adjetivo? Cada una quiere llevar un nombre y un adjetivo. Unas nación, otras comunidad nacional, otras nacionalidades. Se ha complicado mucho, lo que parecía muy sencillito se ha complicado mucho.

 

... [E. S.] Creo que nos ha dado una visión que en algunos aspectos seguramente sonará ---aunque esté en los textos--- como inédita, porque no es la que más se suele escuchar ... Centrémonos ahora en las anunciadas reformas de los Estatutos. No me parece observar en usted mucho entusiasmo...

 

[A. G.] Es que la reforma que se está haciendo a través de los Estatutos implica una continua y sistemática violación de los preceptos constitucionales en cada una de las cosas que se pretenden hacer, y eso no es opinable. No es que a mí me guste más que las competencias de puertos estén aquí o estén allí. No. Es que las normas de la Constitución se tienen que respetar. Por ejemplo, hay Estatutos que están pensando, en sus redacciones provisionales, en el blindaje de las competencias propias. ¿Qué quiere decir eso? Blindar mis competencias es que las leyes de base aquí no van a entrar, el Estado no puede hacer leyes de base de orientación de la legislación que producen las Comunidades y la Constitución dice que el Estado tiene las competencias de las leyes de base. En realidad, dicho políticamente, si pretenden esto, si lo llevan definitivamente al texto, en realidad están haciendo una LOAPA a la inversa. La LOAPA que tanta polémica organizó porque "el Estado quería armonizar". Ahora serían las Comunidades Autónomas las que estarían poniendo límites a la legislación del Estado. Sería una LOAPA invertida. Pero es que después hay una violación del mecanismo de reforma, porque se pretende, a través de los Estatutos de Autonomía, modificar leyes orgánicas del Estado mediante un mecanismo curioso que es el mandato legislativo: una Asamblea Autonómica mandata al Parlamento de España que modifique esto en este sentido.

 

[E. S.] En cierta forma es lo que hizo el Plan lbarretxe...

 

[A. G. ] Sí, pero eso está también en el Proyecto catalán. Mínimo cuatro leyes. El otro día leía un titular que decía:" Es mucho menos de lo que se decía. Sólo cuatro". Aunque haya una, si se viola la Constitución, que más me da.

Y luego hay otro mecanismo y es que las competencias que son exclusivas del Estado se pueden delegar, mediante un artículo, el 150.2 ---contra el que yo estuve desde el primer momento--, a las Comunidades Autónomas, entonces hay Comunidades Autónomas que están pensando en hacer eso a través de su Estatuto. Es decir, que ellos acaparan competencias exclusivas del Estado y luego en una Disposición Adicional se dice: "pero aquella otra se tomará a través del 150.2.". Es decir, que cuando se les llama la atención sobre esta técnica legislativa que es horrible, verdaderamente es una burla, dicen: "no, no, yo lo pongo en el Estatuto pero no entrará en vigor hasta que no lo aprueben por el 150.2". Oiga, pero si no lo aprueban dirán que "no están cumpliendo mi Estatuto".

Y también hay una transgresión respecto de la Administración única, que no es sólo una cuestión de listado, es que la Constitución le impone una obligación al Estado y le dice incluso el mecanismo: el delegado del Gobierno en cada territorio. Y esa obligación la tiene que ejercer, está obligado a ejercerla. Así mediante un artículo que dice que toman todas las competencias que corresponden al Estado se establece la Administración única.

 

[E. S.] No faltan voces que alertan sobre el riesgo que corren principios como los de la igualdad o la solidaridad.

 

[A. G.] Con el mecanismo de financiación que se pretende se violan los principios de igualdad, de solidaridad interterritorial y el principio, el artículo, de prohibición de que formar una Comunidad Autónoma supongan privilegios económicos o sociales.

El principio de igualdad está en muchísimos artículos. Bastaría uno sólo: el 139.1, para verlo con toda claridad cuando dice: "todos los españo­les tienen los mismos derechos y obli­gaciones en cualquier parte del territorio del Estado", pero es que el principio de solidaridad está ni más ni menos que en el artículo 2 ---Principios Generales---, dice que "garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Y sobre el tema de los no privile­gios, el artículo 138.2, está clarísimo cuando dice que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales", claro y el sistema lo basan en lo que hablábamos antes de las balanzas fiscales, pero es un argumento completamente falaz, porque no pagan los territorios, pagan las personas y pagan lo mismo en el territorio en el que estén.

 

... [J. F T.] La opinión pública da la im­presión de que, en la medida en que esté más informada, tendrá una actitud contraria. Hay muchos sectores de población que no lo ven claro. Pero existe una especie de miedo a disentir. Parece que no está bien visto oponerse o criticar ...esa pretensión. ¿Qué habría que hacer?

 

[A. G.] Sí porque en el juego que se ha dado en España al recuperar la democracia, los gritos de entonces, de aquel momento, eran libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía. Entonces se ha consolidado una legitimidad, un plus de legitimidad, para lo que sea la Comunidad Autónoma y un plus de no legitimidad para lo que sea el Estado y ahí, evidentemente, los medios de comunicación han jugado un papel fortísimo, fortísimo. Se da un plus siempre a la Comunidad, es decir, que cuando el Tribunal Constitucional emite una Sentencia que favorece al Estado todo el mundo pene en duda que no haya habido presión del Gobierno de España, sin embargo cuando el Tribunal Constitucional emite una Sentencia favorable a una Comunidad todo el mundo dice: "¡lo ves si es que el Estado no quiere soltar...! claro en ese juego no es posible.

 

[ E. S.] Esto que voy a decir parece una broma, pero puede que tenga su importancia que quien concede las licencias, ya, sean las Comunidades Autónomas.

 

[A. G.] Puede jugar, puede jugar, pero viene de antes.

 

[ J. F. T.] Pero ¿qué se debería hacer? Habría que hacer una critica más seria?

 

 [A. G. ] En primer lugar, no resignarse. La izquierda pasó mucho tiempo resignada a no hacer crítica a la Unión Soviética, porque automáticamente pasabas a estar crucificado, eras un anticomunista peligroso, capitalista; durante mucho tiempo ya se sabía, sobre todo en Francia que es donde primero se conoce lo que estaba ocurriendo en los goulag estalinistas, pero todo el mundo sentía miedo porque te colocaban en la picota. Recuerdo que hace muchos años mencioné una cosa de estas en una conferencia en Córdoba y me pitaron, me dieron una pitada, porque hablé de la cantidad de crímenes que Stalín había realizado, durante su etapa, en la Unión Soviética y el público me pitó porque estaba mal visto. Hoy está mal visto hacer cualquier crítica a una Administración autonómica, porque auto­máticamente estás acusando a la región, a la Comunidad, no al Gobierno de la Comunidad; lo estamos viendo ahora mismo con lo que está pasando en Cataluña, con el Carmelo ---esta es otra: los medios de comunicación y los políticos todos dicen el Carmel, los que viven allí todos dicen el Carmelo---, esa doble legitimidad es la que es muy difícil de superar, entonces claro, si usted critica a una Administración está criti­cando a la Comunidad está en contra de Andalucía, de Cataluña.

 

... [ E. S. ] Esta sí que es mi última pregunta, dirigida al político, y muy directamente al político de partido. Como alguna de las reformas que se plantean lleva aparejada la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, ¿la nueva cámara legislativa no estaría demasiado marcada, posiblemente, por el tema sometido a referéndum?... porque de ahí va a salir el Gobierno de otros cuatro años, sin embargo. Es una pregunta de estrategia o de táctica, no sé. ¿Qué sería mejor: proceder a una disolución del Parlamento, previa a cualquier puesta en marcha de la reforma constitucional, con una campaña electoral en la que estuviera inmerso todo esto de lo que hemos estado hablado, o hacerlo depender todo del referéndum sobre la reforma?

 

[A. G.] O esperar al término de la legislatura para plantear la reforma, disolución, elecciones y referéndum. La normalización de la vida política llevaría a esta segunda opción: a esperar finalizar la legislatura y en el último momento aprobar la reforma por dos tercios, convocar las elecciones, aprobar la reforma otra vez y convocar el referéndum. Esa es la vida normalizada, ahora la cosa está un poco complicada porque si los Estatutos que vienen, además del que ya ha venido, están en un tono que constitucionalmente la Cámara no puede aprobar, entonces a lo mejor hay que disolver.

 

... [A. G.] O esperar al término de la legislatura para plantear la reforma, disolución, elecciones y referéndum. La normalización de la vida política llevaría a esta segunda opción: a esperar finalizar la legislatura y en el último momento aprobar la reforma por dos tercios, convocar las elecciones, aprobar la reforma otra vez y convocar el refe­réndum. Esa es la vida normalizada, ahora la cosa está un poco complicada porque si los Estatutos que vienen, además del que ya ha venido, están en un tono que constitucionalmente la Cámara no puede aprobar, entonces a lo mejor hay que disolver.

 

[J. F T.] Desde la izquierda se te está pidiendo consejo sobre lo que hay que hacer, desde la derecha también se oyen voces de personas que quieren que intervengas, que propongas. ¿Tú crees que podrían hacerse algunas propuestas, en este momento, para enderezar o encauzar la situación que se está creando? ¿Cuál piensas que sería la salida?

 

[A. G.] Nosotros tenemos un precedente que fue la aprobación de la Constitución que empezó, muy, muy, muy enfrentada y que logramos superarlo y acordar una Constitución con todas las fuerzas políticas, con casi todas las fuerzas políticas, y que tuvo después un refrendo popular del 87%. ¿Se puede repetir aquí? Se puede. ¿De qué depende?, de que las fueras políticas estén dispuestas a hacerlo. ¿Merece la pena hacer el esfuerzo? Yo creo que no sólo merece la pena, es imprescindible hacer el esfuerzo. Un esfuerzo que, sin duda, es en primer lugar poner de acuerdo, para las reformas constitucionales, al Partido Socialista y al Partido Popular, es imprescindible, e intentar después sumar, como mínimo, las fuerzas políticas que estuvieron en el consenso del 78, que fueron el nacionalismo catalán, el Partido Comunista entonces, ahora Izquierda Unida, y el PNV aunque estuvo en la negociación pero al final no estuvo, y algunos pequeños partidos. Como mínimo esos deberían estar de acuerdo para repetir el consenso. Y luego hay que negociar, pónganle las comillas que quieran, en el interior de los partidos las tesis que sostienen miembros en un territorio o en otro, porque estamos viendo que, en Canarias, por ejemplo, Coalición Canaria y el Partido Popular están en unas tesis en las que no coinciden con las tesis del Partido Popular en Génova. En Cataluña, el PSC tiene algunas tesis que no coinciden, como se está viendo, con algunos otros en Ferraz. Hay que llamar al sentido común de la gente porque si no no se va a aprobar nada. Armar todo este ruido para no hacer reformas constitucionales ni reformas estatutarias, pues realmente no dejaría en muy buen lugar a los políticos de este país. Hay que hacer el intento, creo que es imprescindible y este es el momento para hacerlo, porque cuando lleguen los Estatutos aquí, si los Estatutos no son constitucionales ahí hay muy poco que hacer, porque si no son constitucionales no se pueden pasar en la toma en consideración y si no pasan la toma en consideración, la confrontación ya es inevitable.