YO ACUSO
Artículo de Juan Carlos Guerra Zunzunegui, Diputado Del Partido Popular en el Congreso, en “ABC” del 17.10.05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
... Deseo que muchos
socialistas, que coinciden en la vigencia de nuestra Constitución y en no
deshacer el camino de éxito de estos últimos 27 años, puedan convencer al señor
Rodríguez Zapatero. Aún se está a tiempo...
ME va a permitir el lector que use el mismo título que utilizó Zola hace casi un
siglo cuando el asunto Dreyfus en Francia.
España ha vivido uno de los períodos más positivos a partir de 1978, cuando, por
primera vez en nuestra historia moderna, se redactó y se refrendó la
Constitución vigente, tras un pacto de casi todas las fuerzas políticas,
mediante concesiones y aportaciones mutuas de los constituyentes, entre los que
tengo la honra de encontrarme.
Cuando, a la muerte del general Franco, el mundo occidental y los países de
nuestro entorno temían una vuelta atrás y una posible situación de
enfrentamiento entre los españoles, conseguimos hacer una transición ejemplar,
impulsada por la Corona y por el pueblo español, que tenía la firme decisión de
convivir en paz y en democracia.
Recuerdo cuando en el año 1977, después de las primeras elecciones, accedimos al
Consejo de Europa sin tener todavía la Constitución ni siquiera redactada, y los
parlamentarios españoles que formábamos parte de la citada asamblea pudimos
asegurar a los del resto de la Europa democrática que España accedería a una
plena situación de democracia, sin veto a ningún partido político. Pues bien,
desde la transición y la aprobación por referéndum de la Constitución vigente,
los españoles hemos conseguido una convivencia y unos avances importantes en
nuestro desarrollo social y económico. Pensemos en la creación de un millón
doscientos mil puestos escolares, tras los Pactos de la Moncloa. Pensemos, tras
nuestro ingreso en la Unión Europea, las ventajas que ello nos ha producido para
nuestras infraestructuras y para nuestra agricultura y ganadería. Pensemos en el
cambio que han experimentado nuestras ciudades y sobre todo los municipios
rurales. Pensemos en nuestro servicio sanitario, en la atención a la tercera
edad, en la educación ya universal entre los tres y los dieciséis años, habiendo
dado el paso entre tres y seis en la última legislatura.Pero, sobre todo, los
españoles convivimos políticamente. Los cambios de diferente signo, en el
gobierno central, autonomías o municipios, no han supuesto convulsiones. Ya sé
que el 23-F fue una fecha triste, con un nuevo intento de golpe de Estado por
parte de una minoría del Ejército, que se resolvió positivamente, y que provocó
que a los pocos días se celebrara en Madrid la mayor manifestación de apoyo a la
Constitución y al sistema democrático. En la cabeza de la citada manifestación,
codo con codo, estaban los líderes de todo el arco parlamentario. Ya sé que
desde antes de la transición, hace más de treinta años, venimos sufriendo un
terrorismo criminal de aquellos que son incapaces de defender sus ideas
democráticamente, sin utilizar el tiro por la espalda o el secuestro. Pero
reitero, el conjunto de estos casi treinta años es francamente positivo y
nuestro acontecer es similar al de los países desarrollados de nuestro entorno.
El partido socialista ganó las elecciones el 14 de marzo de 2004 sin mayoría
absoluta, y tras el atentado del 11 de marzo. El señor Rodríguez Zapatero fue
investido presidente; todos pensamos que sería una legislatura difícil, pues el
Gobierno no tenía mayoría absoluta, como por otra parte tampoco la tuvo el
Partido Popular en la legislatura 1996-2000. Pero creíamos que el Gobierno sería
similar a los gobiernos socialdemócratas de otros países de la Unión Europea.
Han pasado dieciocho meses desde la investidura del señor Rodríguez Zapatero y,
junto con decisiones paralizantes como el plan hidrológico, el plan de regadíos,
la ley orgánica de calidad de la educación, el cambio mediante un decreto de
nuestra política exterior, etc., etc., nos encontramos con que desde el
principio de la legislatura se inició una política de revisión de los estatutos
de las autonomías, asunto que no preocupaba al ciudadano, sino solamente, en su
caso, a ciertos políticos de algunas de las autonomías.
El señor Rodríguez Zapatero cometió un error incalificable desde el balcón del
palacio de la Generalitat de Cataluña cuando manifestó su apoyo al tripartito
catalán, por cierto, integrado entre otros por un partido, ERC, que se declara
abiertamente, además de republicano, independentista, y cuyo líder se entrevista
con dirigentes de ETA y pacta con la banda criminal para que ésta no actúe en
Cataluña. El resto de España no cuenta para el señor Carod. En aquella ocasión,
el presidente del Gobierno declaró que apoyaría la reforma del Estatuto que
venga del parlamento catalán.
Posteriormente, el conjunto de declaraciones y actuaciones durante el transcurso
del debate del nuevo estatuto en el parlamento catalán son realmente
incompresibles e intolerables. Así, cuando el presidente, en el Senado,
manifiesta que «nación es un concepto discutido y discutible», o cuando
posteriormente define la patria como la libertad, o cuando declara que él no es
«españolista ni nacionalista». Pero lo peor de sus declaraciones es que ha
apoyado a su correligionario y presidente de la Generalitat en la redacción de
un nuevo estatuto de autonomía que rompe la Constitución, violenta la
convivencia y enfrenta entre sí a los españoles. ¿Cómo es que Rodríguez Zapatero
no ha parado a tiempo al Partido Socialista que gobierna en Cataluña, ya que por
principio no puede admitir un trato de desigualdad entre los españoles por el
hecho de vivir en diferentes autonomías? ¿Cómo es posible que se conciba un
Poder Judicial independiente del Estado atribuyéndose competencias exclusivas y
propias del Consejo General del Poder Judicial? ¿Cómo es posible que se
establezca un modelo educativo propio que no esté supeditado a la normativa
básica en esta materia común a los españoles? ¿Cómo es posible que se exija la
reforma de la ley del Tribunal Constitucional, de la ley Electoral, de la ley de
la Administración General del Estado? ¿Cómo es posible que se pretenda que la
Generalitat catalana recaude, gestione y tenga capacidad normativa y que tras
recaudar los impuestos se cree una comisión bilateral del Estado y la
Generalitat para discutir qué parte aportaría Cataluña al Estado? ¿Cómo es
posible que en la primera de las disposiciones adicionales se manifieste que la
aceptación del estatuto no implica la renuncia del pueblo catalán a los derechos
que le corresponden en virtud de su historia? ¿Qué significa este texto? Se
pretende dar un gran paso para, en el futuro, una declaración de independencia.
Sería prolijo seguir detallando el texto de referencia, que es absolutamente
anticonstitucional. Pues bien, el responsable último de este gran y dramático
embrollo es el señor Rodríguez Zapatero. Primero, por no parar a tiempo el
inicio de este conjunto de desatinos; y segundo, en sus conversaciones con Mas o
con el representante de ERC, a quienes tenía que haber comunicado la no admisión
de un proyecto de estatuto que no estuviera dentro de la Constitución española,
ya que lo que se pretendía, a través de una trampa saducea, era presentarlo como
una simple reforma del estatuto vigente.
¿Se da cuenta el presidente del Gobierno de que en cualquier caso su actuación
va a enfrentar a los españoles y va a poner en riesgo la estabilidad
institucional?
Deseo que muchos socialistas, que coinciden en la vigencia de nuestra
Constitución y en no deshacer el camino de éxito de estos últimos 27 años,
puedan convencer al señor Rodríguez Zapatero. Aún se está a tiempo. Pero mucho
me temo que por la irresponsabilidad del presidente del Gobierno se han dado
unos pasos que nos pueden conducir a una situación muy grave, que desembocará en
la ruptura de nuestra Constitución y de España.