BALANZAS FISCALES

 Artículo de JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA  en “El País” del 12-2-05

Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

 El autor analiza el documento que CiU quiere incorporar a la reforma del Estatuto sobre la financiación de Cataluña, y señala que el mecanismo es idéntico al Cupo vasco

Juan Carlos Rodríguez Ibarra es el presidente de la Junta de Extremadura.

 He tenido la oportunidad de leer el documento que Convergència i Unió pretende incorporar en el Proyecto de Reforma de Estatuto que se sigue en Cataluña. Dicho documento, bajo el epígrafe Título sobre la Financiación de Catalunya, establece un Régimen de acuerdo económico en el que se señala, por una parte, que la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos dentro del territorio de Catalunya corresponde a la Generalitat. Y, por otra, acuerda que "la aportación económica de Catalunya al Estado se fija a través de la Cuota de Contribución regulada en el Proyecto de Estatuto".

A continuación, aclara en qué consiste la Cuota de Contribución, pudiéndose leer lo que sigue: "Catalunya aporta anualmente al Estado una cuota global de contribución integrada por la suma de las cantidades que, de acuerdo con lo que se decida en el marco de la Comisión Mixta de asuntos económicos y fiscales, cubra: a) La parte proporcional de las cargas reales del Estado que corresponda a la provisión de servicios o al ejercicio de competencias no asumidas de forma efectiva por la Generalitat de Catalunya. b) La cantidad que se determine con el fin de dar un adecuado cumplimiento al principio de solidaridad interterritorial previsto en la Constitución".

Si algo no se puede criticar a CiU es la claridad con la que se expresa en el texto que acabo de transcribir. Al final salió el famoso Cupo vasco, pero en esta ocasión con dos variables: en lugar de concierto, se habla de Acuerdo Económico, y en lugar de Cupo, se habla de Cuota. Por lo demás, el mecanismo es idéntico. Cataluña gestiona, recauda, liquida e inspecciona todos los tributos dentro de su territorio y ajusta cuentas con el Estado por los servicios que éste presta en esa comunidad autónoma.

Para establecer alguna diferencia con el País Vasco, CiU apuesta por la caridad en forma de 0,7% para las regiones necesitadas de solidaridad. No me inquietaría que un grupo nacionalista defienda esa forma de financiación y esa forma de "solidaridad", si no fuera porque hace muy pocas semanas, el señor Saura, consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, me hizo personalmente el mismo planteamiento, escudándose, como tantos otros, en el viejo truco de las balanzas fiscales y en el déficit negativo resultante de lo que Cataluña aporta y recibe del Estado.

Esto, aparte de ser algo tremendamente peligroso para la cohesión del Estado, resulta escandaloso escucharlo de labios de un dirigente de izquierdas, y resulta falso dicho por una formación nacionalista. Se quiere confundir, con egoísta y malévolo interés, la fiscalidad personal, con el resultado territorial de la aplicación de la misma. Y se miente cuando se quiere tergiversar el concepto de capacidad fiscal de una determinada comunidad autónoma, con el Esfuerzo Fiscal que realizan sus ciudadanos.

La Constitución Española, en su artículo 31, establece: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad". Ésta es, pues, la base constitucional de nuestro sistema impositivo: todos contribuimos en función de la capacidad económica; para nada se discrimina según el lugar de tributación o el territorio de residencia. Por tanto, todos hacemos el mismo esfuerzo fiscal, seamos ciudadanos extremeños, madrileños o catalanes. Ahora bien, la capacidad fiscal de cada territorio es distinta, en función de la suma de las capacidades económicas de los ciudadanos que lo habitan; exactamente igual que ocurre dentro de un territorio entre sus provincias, y dentro de sus provincias entre sus localidades, y dentro de sus localidades entre sus barrios. De lo que no cabe duda es que un contribuyente cualquiera, con similares ingresos y situación familiar, tributa igual en Madrid que en Mérida o Barcelona.

Y en cada uno de esos sitios hay personas que deben tributar por 100 y personas que deben tributar por 1. Y lo que debe preocuparle a alguien de izquierdas es que el de 100 tribute por 100 y el de 1 reciba la solidaridad del de 100, independientemente de dónde viva cada uno. Es indiscutible que todos realizamos el mismo esfuerzo fiscal. Los ciudadanos extremeños, andaluces o manchegos que cumplan sus obligaciones fiscales, no tienen nada que agradecer a los de Madrid, Cataluña o Baleares que sean, asimismo, cumplidores. Estamos en el mismo plano de igualdad. No hay solidaridad entre comunidades autónomas, ni falsa "caridad interregional". Si existe justicia fiscal entre personas o ciudadanos de un mismo país, bajo una misma Constitución.

Los ciudadanos que vivimos en comunidades con una capacidad fiscal menor que el de otros territorios, podemos caminar con la cabeza bien alta, pues no vivimos de la "falsa caridad" de otras comunidades autónomas, sino de lo que en justicia fiscal aportamos conforme a nuestra capacidad económica.

Quienes para justificar su afán insolidario se envuelven en la balanza fiscal territorial, y unilateralmente deciden pagar menos al conjunto porque supuestamente pagan mucho y reciben menos de lo que aportan, están abriendo la puerta para llegar al absurdo y a la jungla; si un territorio decide rebajar sus aportaciones unilateralmente, ¿quién puede impedir que un ciudadano con esta capacidad fiscal decida unilateralmente reducir su aportación tributaria? Es de una lógica aplastante que, en una gran empresa, los altos directivos tengan un saldo fiscal negativo en relación a los empleados de la misma, pero no porque estos últimos exploten a los primeros, sino porque los primeros ganan mucho más que los segundos. De igual forma, es elemental que un territorio con un alto nivel de renta tenga un saldo negativo, pero no porque se explote a este territorio, sino porque los que allí viven tienen una capacidad fiscal mayor.