EL PACTO Y SUS CONSECUENCIAS
Artículo de Casimiro Garcia-Abadillo en "El
Mundo" de 26 de diciembre de 2000
Con un breve comentario al
final
Luis Bouza-Brey
Hoy casi nadie duda en el País Vasco sobre la necesidad de
adelantar las elecciones. Las declaraciones de Joseba Egibar
a EL MUNDO 48 horas después de que Iñaki Anasagasti reconociera que la
situación del Gobierno de Vitoria es «angustiosa» vienen a confirmar que, en
efecto, algo se ha movido en el PNV desde que el líder del partido, Xabier Arzalluz, dijera, tan sólo hace unas semanas, que, si de él
dependiera, mantendría a Ibarretxe otros dos años
más.
La clave para interpretar ese giro copernicano no es otra que
la firma del Pacto por la libertad y contra el terrorismo firmado por el PP y
el PSOE el pasado 12 de diciembre.
Cada día que pasa se percibe con mayor claridad la
importancia del Pacto, hasta el punto de que, uno de sus principales gestores
reconoce que es «la iniciativa política más importante adoptada hasta ahora
contra ETA».
La virtud fundamental del acuerdo suscrito por
Rodríguez Zapatero y Arenas en presencia del presidente Aznar es que marca una clara frontera
entre los que quieren acabar con el terrorismo y los que siguen tendiendo puentes
a los socios políticos de ETA.
Desde ese punto de vista tiene mucho mayor calado que los
acuerdos de Ajuria Enea o de Madrid. En el pacto PP/PSOE no hay resquicios ni
engaños sobre el hipotético trasfondo político del conflicto. Los dos partidos
mayoritarios están de acuerdo en que dicho conflicto no existe: en el País
Vasco el único obstáculo para ejercer la libertad y para lograr la paz es ETA.
Está claro, pues, que el PNV debería romper definitivamente
con Lizarra y sus consecuencias (disolución de Udalbiltza)
y aceptar el marco constitucional y estatutario para no quedar al margen del
acuerdo. Pretender, como quieren algunos, eliminar el preámbulo del Pacto para
conseguir atraer a los nacionalistas sería un grave error, sería tanto como
vaciarlo de contenido, volver a reeditar Ajuria Enea pero con el inconveniente
de que el PNV sigue pensando en la vigencia de los principios de Lizarra,
aunque ETA haya roto la tregua y desatado una virulenta campaña de terror.
Ha sido, por tanto, el Pacto el elemento que ha puesto en
marcha el gran cambio que se vislumbra no sólo en el País Vasco, sino a escala
nacional.
El Pacto es el elemento que hace «insoportable» la situación
del Gobierno vasco. La unidad de acción del PP y del PSOE en el Parlamento de
Vitoria se ha visto tremendamente reforzada por el acuerdo de Estado entre las
dos formaciones que aglutinan el 80% de electorado. Los llamados partidos
constitucionalistas ya no sólo pueden impedir con sus votos que se apruebe el
presupuesto (que Ibarretxe ni siquiera se ha atrevido
a presentar), sino que, usando inteligentemente su mayoría, hacen propuestas de
envergadura como el cambio de los estatutos de Euskal
Telebista (lo que permitirá sustituir a su director
general, que fue nombrado con los votos del bloque de Lizarra, incluidos los de
EH); o de carácter simbólico, como la petición de que fuera retransmitido por
la televisión autonómica el mensaje navideño de S.M. el Rey.
La próxima iniciativa será aún más contundente. Si antes no
disuelve Ibarretxe el parlamento para convocar
elecciones en marzo o en abril, PP y PSOE (con la aquiescencia de UA)
propondrán en el Parlamento la modificación de la ley electoral para volver a
situar en el 5% el listón para conseguir representación en los comicios
autonómicos, quitándole así el caramelo de la boca a IU, cuyo líder, Javier
Madrazo, sigue creyendo en Lizarra como la única solución al problema de la
violencia.
Esa ofensiva de los partidos constitucionalistas, sustentanda firmemente por el Pacto, ha sido, pues, la
clave para que Ibarretxe, muy a su pesar, no tenga ya
más remedio que adelantar las elecciones. No hay que perder tampoco de vista lo
que ha supuesto el Pacto para la consolidación del liderazgo de Zapatero en el
PSOE. A partir de ahora, ningún líder de su partido podrá hacer propuestas
antiterroristas que se aparten de las líneas maestras del acuerdo firmado con
el PP. El secretario general del PSOE ha sabido olfatear a tiempo la trampa que
le preparaban su antecesor González y la vieja guardia socialista, alentada por
Pasqual Maragall desde el PSC, para romper las
negociaciones con el partido del Gobierno en aras de un truculento llamamiento
al diálogo de todas las fuerzas políticas, incluido el PNV.
Desbordado por los hechos y en un intento de falsear la
realidad poco afortunado, Maragall ha atribuido la paternidad del Pacto al
«espíritu de Ernerst Lluch».
Los opinadores del Grupo Prisa, a los que el Pacto no
acaba de gustar por lo que significa de refrendo de la política del Gobierno y
de asentamiento del propio Zapatero, han hecho de la manifestación en protesta
por el asesinato del ex ministro de Sanidad el «punto de inflexión» en lo que
se refiere a la política antiterrorista. Para ese grupo, que coincide
ideológica y estratégicamente con los que dentro del PSOE se oponen
abiertamente al Pacto, el acuerdo sólo debería representar el principio de un
largo camino que tendría como final la adhesión al mismo del PNV; es decir, un
nuevo Ajuria Enea que, a corto plazo, posibilitaría un gobierno de coalición
PSOE/PNV en el País Vasco.
Pero la realidad no tiene nada que ver con los deseos de los
que quisieron convertir a la periodista Gemma Nierga en una especie de tribuno del pueblo. La gestación
del Pacto es muy anterior a la manifestación del 23 de noviembre en Barcelona.
El día 13 de noviembre, en el marco de las negociaciones que
el PSOE y el Gobierno venían manteniendo desde el verano, los socialistas
hicieron entrega a Jaime Mayor y Javier Zarzalejos de
un documento que pretendía ser la base de un «pacto de Estado» contra ETA. Dos
días después, el 15 de noviembre, Aznar invitó a cenar a Zapatero para discutir
sobre la eventualidad de la firma de un acuerdo antiterrorista entre los dos
grandes partidos nacionales.
Cuando se produjo el asesinato de Lluch,
Zarzalejos y Pérez Rubalcaba (los grandes
protagonistas de la negociación) llevaban ya un gran camino andado para la
consecución de un pacto que finalmente vio la luz el pasado 8 de diciembre.
Ese mismo día por la mañana, antes de que las agencias de noticias
dieran a conocer su contenido, Jaime Mayor habló por teléfono con el portavoz
de CiU en el Congreso, Xavier Trías. El Gobierno era consciente de la
importancia de la posición del principal partido de Cataluña respecto al Pacto.
Posteriormente, Aznar ha mantenido una larga conversación con
Pujol en los funerales por el asesinato del policía Juan Miguel Gervilla.
El presidente de la Generalitat, y ese es otro de los
revulsivos del Pacto, se encuentra en una situación complicada porque tiene que
optar entre lo que considera interés general de España y lo que cree que es el
interés de Catalunya y de su partido. Probablemente Pujol estaría de acuerdo en
firmar ya el Pacto, pero su delfín Artur Mas y los dinosaurios de Convergencia se lo impiden.
Consideran que la firma de CiU al lado de la del PP y el PSOE aislaría al PNV,
lo cual no es cierto. Como bien ha dicho Emilio Guevara, el ex diputado general
de Alava, un nacionalista de cuerpo entero que no ha
perdido la cabeza, ni la valentía, en el PNV lo que hace falta es un Motin del Caine para echar de sus
filas a gentes como Arzalluz. El Pacto, y así debería
entenderlo Pujol, no va contra los nacionalistas, sino a favor de los
nacionalistas que anteponen la vida y la libertad a sus fines por legítimos que
éstos sean.
Con un breve comentario al
final
Luis Bouza-Brey
Los periodistas de "El Mundo" y "ABC" la tienen
tomada con Maragall. Voy a prescindir en este comentario de las posibles
motivaciones partidistas que puedan tener para esta agresividad, como pueden
ser el temor a una victoria del PSC encabezado por él en las próximas
elecciones, y lo que ello podría significar en vistas a las generales del 2004.
Voy a centrarme, por el contrario, en el análisis de la crítica a los
contenidos de las propuestas federalistas de Maragall.
Tanto desde el PP como desde la prensa afín a él se critica la idea
de federalismo porque, se afirma, no tiene cabida en la Constitución. Y,
ciertamente, desde el punto de vista formal la crítica es acertada: la
Constitución no establece formalmente un Estado federal. Ahora bien: desde el
punto de vista material, el proceso de una descentralización generalizada del
poder político en todo el territorio del Estado, junto con la existencia de un
sistema de distribución de competencias no jerarquizado entre el Estado y las
CCAA, protegido jurisdiccionalmente, significa una federalización del poder
político.
Si el Estado federal se caracteriza por dos notas distintivas y
complementarias, el autogobierno en la periferia y el gobierno
compartido en el centro, el Estado español actual se define por la
existencia de la primera de las notas, aunque no por la segunda, y ese es
precisamente su mayor defecto funcional: no existe una compartición del
gobierno central por parte de las CCAA, y por tanto, se da una dinámica
perversa, de ausencia de un proyecto compartido y de no asunción de las
responsabilidades comunes por parte de algunas CCAA.
Existe una línea de reflexión teórica para interpretar nuestro
Estado que me interesaría apuntar, y es la distinción entre dos vías de acceso
al federalismo, la de la "FEDERACION" y la de la "FEDERALIZACION".
La federación es el camino seguido por los Estados fundadores del federalismo,
EEUU y Suiza, los cuales se federaron partiendo de la independencia o la
confederación. Uniendo Estados previamente independientes. Y este proceso tiene
su lógica propia, de creación de un Estado nuevo, previamente no existente,
mediante un proceso constituyente definido por un pacto o "foedus" de renuncia a la soberanía por parte de los
Estados federantes.
Pero frente a esta vía puede existir otra, que es la de la "federalización"
de un Estado unitario mediante la cesión de poder político a la generalidad de
las partes del territorio. Este proceso tiene otra lógica: distinto punto de
partida y distinto itinerario. Aunque puede conducir al mismo resultado
organizativo: autogobierno en la periferia y gobierno compartido en el centro.
El hecho de iniciarse desde otro punto de partida, consistente en
un Estado unitario que monopoliza la soberanía, cediéndola y compartiéndola
después con entidades de nueva creación, implica que no es necesario ni posible
un pacto federativo entre entidades que no existen. Por el contrario, el
procedimiento correcto es el seguido en España, de apertura de un proceso constituyente
por el que se configura un sistema de distribución de competencias entre el
centro y la periferia, se abren vías de acceso al autogobierno y se rediseñan
las instituciones para dar entrada a las CCAA en el centro.
Pues bien, este proceso es el que todavía está inacabado en nuestro
país, debido a que en el momento de redactarse la Constitución no estaba claro
que se fuera a seguir una pauta de generalización de la autonomía a todo el
territorio. Por ello, el Senado no se diseñó correctamente, ni los
nacionalismos asumieron ni aceptaron el proceso. Pero es que tampoco muchos de
los demás actores políticos, comenzando por los conservadores, son conscientes
de la necesidad de terminar dicho proceso, a fin de que el Estado funcione
correctamente.
Y terminar el proceso constituyente no exige revisar formalmente la
denominación del Estado, para pasar a denominarlo federal, ni iniciar procesos
de autodeterminación, como si se estuvieran federando Estados preexistentes —y
esto va dedicado principalmente a IU y a los nacionalistas—, sino reformar el
Senado, a fin de que el "gobierno compartido en el centro" se pueda
desenvolver jurídicamente de una vez.
Si a esta necesidad le unimos el proceso de construcción europea y
el principio de subsidiariedad que debería guiarlo, será necesario ir
perfilando de nuevo, paso a paso, con "funcionalismo" --- en
terminología europeísta—, el sistema de distribución de competencias entre la
UE, el Estado y las CCAA.
Si algún día dispongo de tiempo para ello, querría buscar datos
empíricos en la historia alemana, belga, canadiense o de algunos países
sudamericanos, para confirmar esta distinción entre "federación",
"federalización" y sus racionalidades alternativas.