COMIENZA A DESTAPARSE LA "TRAMA DE SUBVENCIONES
DEL OASIS CATALÁN"
El Gobierno de Montilla reconoce el mal uso del dinero público pero no actúa
Informe de Alberto López Marín en “El Imparcial” del 19 de octubre de 2009
Por su interés
y relevancia he seleccionado el informe que sigue para incluirlo en este sitio
web
La
Generalitat destina las herencias de los ciudadanos sin descendencia a una
asociación que organiza actos independentistas o contra el Tribunal Constitucional.
Además, la actualidad devuelve el foco a 720.000 euros en informes que el
Gobierno de Montilla reconoció “inútiles” y a los viajes de Carod. El último ha
costado más de 22.000 euros. Diputados de CiU, PPC y Ciudadanos aportan más
detalles a EL IMPARCIAL.
José
Montilla (PSC), Josep Lluis Carod Rovira (ERC) y Joan
Saura (ICV) son las caras del tripartito Gobierno catalán. La mayoría absoluta
que suman hace inútil el esfuerzo de una oposición unida en el descontento. No
obstante, las cuentas, aunque cueste, van saliendo a la luz, sin el sonrojo de
unos administradores que incluso reconocen deficiencias. Son varias las aristas
de un secreto a voces y cada día menos secreto, lo que Albert Rivera,
presidente de Ciudadanos, ha calificado a EL IMPARCIAL como “un entramado del
despilfarro”, o lo que Jordi Turull, de la bancada de
CiU, ha descrito, también a este periódico, como “una política de gastos al
margen de la crisis”.
La
actualidad dicta que el tema candente es el de los informes. Sobre ellos ha
hablando a este medio Enric Millo, diputado
autonómico y secretario de Economía y Empleo del PPC. Millo manifiesta que el
Gobierno de Montilla, a la petición de los informes y estudios encargados y
desarrollados desde 2005, "sólo ha dado cuenta de una muestra representativa
de los ejecutados en 2007". A día de hoy, el Ejecutivo catalán no ha
facilitado el listado de 2009, exigido por la oposición al sospechar que
Cataluña sigue perdiendo dinero y haciendo agua por ese flanco.
De
esa muestra facilitada de 2007 —nada se sabe de los informes del resto de años
desde 2005-, el 16 por ciento de los documentos fue reconocido como inútil,
bien porque estos no conseguían ningún fin, bien porque habían sido encargados
a personal externo de la Administración cuando podrían haberlos realizado
funcionarios o bien porque el coste de los mismos no se correspondía con su
relevancia. Este no es un extremo que acoja la oposición sino un reconocimiento
sin consecuencias políticas del propio Gobierno autonómico, máximo responsable
de la realización de los informes. Enric Millo cree
que los hechos “exigen dimisiones de alto nivel”.
Un
dato llamativo es que durante ese 2007, el Ejecutivo catalán encargó 3.000
informes, más de 8 al día y más de 11 si se tienen en cuenta sólo los días hábiles.
Ha quedado demostrado asimismo que muchos de ellos fueron hechos por
funcionarios pero cargados a las arcas públicas como si los hubiera redactado
un externo. Enric Millo deduce que la Generalitat
“oculta información, desvía datos y admite errores sin que haya ningún coste”.
Efectivamente, coste político no se ha dado, aunque sí económico: ese 16 por
ciento de informes inútiles ha supuesto a Cataluña la pérdida de 720.000 euros.
¿A cuánto ascendería si se hicieran públicas las actuaciones que el Gobierno
tripartito oculta entre 2005 y 2009?
En
este sentido, CiU denunció hace un par de semanas los 8.500 euros pagados por
cuatro informes de dos páginas, titulados Inventario de las competencias de la
Generalitat que se verán afectadas por tratados internacionales firmados por
España en materia de Derechos Humanos o Vinculación con organizaciones y
programas internacionales en el ámbito de los Derechos Humanos en función de
las competencias de la Generalitat en materia de relaciones exteriores, al
amparo del nuevo Estatut. Lejos de valorar el peso de
sus conclusiones, el precio de cada folio supera los 1.000 euros.
La
veda se abrió aún más el pasado jueves, cuando el voto conjunto de los partidos
de Gobierno posibilitó rechazar una iniciativa de CiU que pedía que se
fiscalicen previamente los contratos menores del Ejecutivo de Montilla, es
decir, los que tienen un coste inferior a 12.000 euros. Esto supone que
aquellos que no superen esta cifra pueden ser encargados sin necesidad de que
ningún control paralice o denuncie su ejecución. El tripartito suprimió esta
fiscalización en 2004 a través de la Ley de Medidas Fiscales, normativa que
acompaña a los Presupuestos de la Generalitat, con la escusa de “agilizar
trámites”. Jordi Turull (CiU) fue quien peleó la pasada
semana la recuperación de unos filtros que permitan una mayor racionalidad en
el gasto público, pero Montilla, Carod, Saura y los suyos no estuvieron por la
labor.
Los
viajes de Carod y el “oasis” catalán
Desde la famosa foto de Carod Rovira con una corona de espinas en Jerusalén,
los viajes del vicepresidente catalán se miran con lupa. En los últimos
tiempos, el dirigente de ERC ha visitado Cuba, donde, del 5 al 7 de julio y en
el marco de La huella catalana en el Caribe gastó 13.000 euros. Entre el 2 y el
6 se septiembre, junto a asesores, personal de seguridad y prensa, Carod voló a
Uruguay y Argentina. En cuatro días, las facturas dicen que empleó 10.703 euros
en desplazamientos, 5.901 en alojamiento y 5.611 en alquiler de coches y
manutención. Un total de 22.266 euros.
Jordi
Turull afirma a este periódico que “CiU apoya la
proyección exterior de Cataluña”, pero matiza que “siempre y cuando se haga con
austeridad”. A juicio del diputado, son “más importantes los resultados que los
viajes en sí”, y sostiene que la clave reside en “viajar con dignidad pero sin
ostentación”. En relación con esa proyección en el extranjero de la que habla Turull, Cataluña ha aprobado ya la creación de su sexta
“embajada”, que se ubicará en México DF y que sumará presupuesto a los 70
millones de euros que, aproximadamente, le cuestan al año las de París,
Londres, Berlín y Nueva York.
Por
otra parte, Albert Rivera denuncia que “ya uno ni se puede morir tranquilo” y
lo ilustra con el ejemplo del Òmnium Cultural. Las
subvenciones que recibe esta asociación proceden de las herencias de ciudadanos
sin descendencia. “Siete millones de euros para fines culturales que se dirigen
a manifestaciones independentistas por un Estado catalán o contra el Tribunal
Constitucional”, dice Rivera, que califica a Cataluña como un “oasis” donde
gana vida un “entramado del despilfarro que fomenta y alimenta el
nacionalismo”. Es por eso por lo que el presidente de Ciudadanos se pregunta:
“¿Por qué no se controlan los fines?”
En la
misma línea, Jordi Turull anima a hacer un esfuerzo
para que se cumplan los fines a los que de antemano está destinada una ayuda,
aunque subraya que, por encima de todo, “debe primar el apoyo al tejido
asociativo” que incida en el “interés general”. Enric
Millo desconoce la financiación a Òmnium Cultural,
pero se atreve a declarar que “en Cataluña hay un mal uso del dinero público
tanto en ayudas como en dietas o en exceso de cargos públicos”, hasta tal
punto, señala del diputado del PPC, que “roza la ilegalidad”.
Por todos
estos asuntos y otros muchos que “pueden salir a la luz si se rasca”, afirma
Rivera, "Cataluña se juega su imagen". El presidente de Ciudadanos
sostiene que “la realidad contrarresta” los abusos ya que, apunta, “Cataluña
destruye empleo, los autónomos cierran sus negocios y la necesidad de crédito
es manifiesta”. Enric Millo apunta también el
ineficiente servicio público de empleo de la autonomía. El presidente de
Ciudadanos incide en que hace falta que la oposición “tire de la manta” porque
está en juego la credibilidad de las instituciones. Por su parte, Turull, además de exigir responsabilidades políticas, no
quiere que nadie pase por alto que “la política de gasto de la Generalitat vive
al margen de la crisis, prefiere apretar al ciudadano que apretarse el
cinturón”.
Según
Rivera, comienza a destaparse la "trama de subvenciones” del Gobierno
catalán. Millo sintetiza todo lo narrado en que la Generalitat “invierte las
prioridades” y concluye con un anuncio: “Esto no se acaba aquí”.