PERDIDA OCASION DE REDIMIRSE
Artículo de José Javaloyes en “La Estrella Digital” del 05.01.06
Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
La resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), contraria a la Opa de Gas Natural/La Caixa sobre Endesa, podría haber sido el test definitivo ante la opinión pública nacional y los mercados internacionales sobre la debida imparcialidad del Gobierno, sobre el crédito de los reguladores y sobre la esperable transparencia final del sistema. Por más que no sea vinculante el fallo de este tribunal, tenía por si mismo muy significativo valor moral. Especialmente después del escandaloso fallo de la Comisión Nacional de la Energía, donde el parecer profesional de los técnicos, sobre el mismo asunto, fue marginado para que prevaleciera el interés político del PSC y de su comisionado en el Gobierno, José Montilla.
Un “rábano”, dijo Pedro Solbes que le importaba ésa Opa. El vicepresidente del Gobierno y titular de Economía y Hacienda, departamento del que depende el Tribunal de Defensa de la Competencia, ha hecho honor a su palabra, obviando toda presión sobre este organismo, aunque el Consejo de Ministros puede no tomar en consideración lo resuelto por el TDC. José Luís Rodríguez, sabido es, no tiene empacho en tirar por en medio, haciendo caso a los dictámenes desfavorables, o esquivando a los órganos que los emiten, como fue el caso del Consejo de Estado cuando se discutía si el Estatuto de Cataluña debía a no debía entrar en el Congreso, por implicar una reforma constitucional.
Lo del TDC se habrá de consolidar dentro del plazo de un mes. Mientras tanto, resalta la contundencia del dictamen y la asistencia de votos que lo han soportado. Rechazarlo se hacía así especialmente comprometido, pero el ministro Montilla y el ex sindicalista del campo, señor Moraleda, se tiraban de inmediato a la piscina para que nadie se haga ilusiones. Punto en boca porque manda el tripartito.
La criba del TDC era preceptiva y no cabía obviarla, debe insistirse, como se obvió y esquivó el dictamen del Consejo de Estado sobre si se admitía o no por el Congreso el texto estatutario catalán. Y esta referencia a ello parece especialmente obligada por el parentesco que guardan entre sí la Opa de Gas Natural/La Caixa sobre Endesa y el desafío estatutario del catalanismo a la soberanía del pueblo español que, previa y fundamentalmente, estatuye la Constitución.
En paralelo con la marcha atrás que se ha dado en lo referente a la negociación del Estatuto, desde la rectificación de la iniciativa presidencial de asumir cuanto de Barcelona llegara, parecía que podría operarse desde ahora, con el rechazo de la Opa por el Tribunal de Defensa de la Competencia, y previo el desistimiento del Gobierno, tanto la retirada por La Caixa de la propia Opa como la reconversión de ésta en una oferta amistosa y pactada en condiciones que preservaran los niveles de suficiente libertad y competencia en el sector energético nacional. Del mismo modo que ha de preservarse en el Estatuto de Cataluña la igualdad entre los españoles y el principio de solidaridad entre ellos, se han de salvaguardar el interés de los consumidores, la transparencia política y el principio de competencia, conforme el modelo constitucional de economía de mercado.
Es fácil entender que al ministro de Industria- que confunde Madrid con Barcelona y practica la elegancia política del dicterio y la descalificación sistémicos con quienes disienten - como puntual abogado de la Opa sobre Endesa y como promotor de la Inquisición sobre la libertad de Prensa, le resulte sumamente difícil remontar el dato genético de su ideología política, puesto que procede del totalitario y maoísta Partido de los Trabajadores, donde militó en su juventud. Pero sería de comprensión difícil que, desde el PSOE, se admitiera para la Opa lo que se ha rechazado para el Estatuto; y menos aun con el argumento de que el nacionalismo catalán sería así compensado, en lo económico, con la Opa sobre Endesa, por lo que le había sido negado en lo político, con el Estatuto del Tinell.
Clónico político de Maragall, al que el tripartito no le permitió que reorganizara su Gobierno, al presidente Rodríguez no le permite el PSOE que cumpla sus promesas estatutarias al nacionalismo catalán y, cabría la posibilidad, de que tampoco le permita que el tripartito se salga con la suya a propósito de la Opa. La cuestión es que la investidura de José Luís Rodríguez sólo fue posible - desde la renuncia a todo pacto con el PP - con el apoyo del triángulo de Cataluña, y que sin la continuidad de asistencia nacionalista – catalana o vasca - el Gobierno perdería su base parlamentaria.
En este movido principio de año, el arbitraje está en Ferraz. No sólo para el Estatuto catalán sino también para la definitiva autorización de la Opa. Estas dos operaciones son de Rodríguez y sus interlocutores catalanes. Pero la operación continuidad en el poder, en esta legislatura y en lo que venga, es cuestión del PSOE.
El mensaje de las encuestas es que no transija; y que corte y cambie, como ha cortado el Gobierno la resolución del TDC, aunque sólo fuera por el hecho de que esta línea de la Moncloa contradice el programa electoral d el PSOE, en el que se comprometía “ a despolitizar el control de las concentraciones, evitar las operaciones que den lugar a posiciones de dominio y limitar el poder horizontal y vertical de los mercados energéticos”.