LENGUAS Y PALABRAS

 Artículo de José Javaloyes en “La Estrella Digital” del 10.01.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. 

Aunque Irán reanuda sus programas de investigación y desarrollo nuclear, pese a la oferta rusa de suministrarle uranio enriquecido, y a despecho de las amenazas de USA y la UE, el núcleo de la atención informativa sigue instalado en la centrifugadora estatutaria.

Ocurre en las últimas horas que el resquicio de esperanza abierto por el arrumbamiento del impulsor de todo este peligroso lío nacional es resquicio que se esfuma y desaparece como una pompa de jabón cuando se advierte que la reconducción del proceso negociador con el nacionalsocialismo catalán incluye el pacto de que en el Estatuto se establezca “el deber de conocer” la lengua en que escribía a España el abuelo de Pascual Maragall.

El acuerdo contradice la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), en la que tal obligación se reserva exclusivamente para el idioma español o castellano. La primera, por tanto, en la frente: ese balcón del pensamiento donde el nacionalismo tiene instalados los geranios tóxicos de Herder: aquel pensador alemán para el que la lengua es el dato constitutivo y constituyente de los pueblos y de las patrias.

Quiere decir ese “deber” pactado por este Gobierno, que no sabe adonde va ni donde se encuentra, con un nacionalismo que sabe perfectamente donde se encuentra y hacia donde se encamina, algo de tanta trascendencia funcional como puede ser la palabra y la idea de nación, puesto que la lleva implícita. El listísimo Rubalcaba y el partido que en él delega la conducción del proceso negociador del Estatuto catalán parece entender que en lugar de negociar para las honestas e inquietas mayorías nacionales está oficiando para un país de ciegos y descerebrados.

Crasísimo error. Lo que existe no es una “alarma social”, como el ministro de Defensa ha dicho, después del suceso castrense de Sevilla, sino una genuina alarma nacional, una manifiesta inquietud colectiva, puntualmente aflorada en el suceso de marras durante la Pascua Militar.

El estamento militar es lo que es y llega a donde llega en el contexto institucional de una sociedad democrática, en la que no caben extralimitaciones de los militares aunque tampoco confinamientos que los reducen a ciudadanos de segunda, amputados de derechos, o política y corporativamente emasculados. Pero en ese mismo contexto democrático es la sociedad civil el genuino espacio de resonancia para los discursos de adhesión y para los estados de alarma. A la propia sociedad civil, titular del derecho de manifestación, pueden pertenecer los militares retirados, ya que, por lo mismo, están apartados de la titularidad institucional de la primera fuerza del Estado. Tales son los firmantes de la carta publicada ayer por La Razón en la que opinan que la razón asistió al teniente general Mena.

Creo convenientes consideraciones así porque el turno de expresión del desacuerdo radical de las mayorías nacionales es a la sociedad civil a quien corresponde, y no al estamento militar, tanto por la grave naturaleza política del problema como por razones y circunstancias de oportunidad, pues de gran oportunidad ha sido para el Gobierno el revuelo que se ha montado con las palabras del teniente general Mena. De tal modo que para apuntalar el efecto reactivo de las izquierdas contra lo castrense se ha corrido muy apresuradamente a sancionar a otro general, por el transporte de los camareros aprovechando un vuelo de prácticas entre Zaragoza y Getafe.

Por eso urge el desplazamiento al plano de la sociedad civil de la resistencia nacional —mejor sonora que muda— contra el abuso estatutario que se negocia sin legitimación, tanto por ausencia de un mandato de las Cortes como de las propias urnas del 14M, pues tan grave asunto no figuraba en el programa electoral del PSOE. Urge especialmente tal desplazamiento para que no se explote más la cuestión catrense, al utilizarla como pantalla para convertir en “campaña de defensa de la democracia contra el golpismo militar”, lo que sólo debe ser una protesta civil frente al golpismo político contra el orden constitucional y la igualdad, en derechos y deberes, de todos los españoles.