UN RECORRIDO POR 'LO QUE HEMOS HECHO
BIEN' Y 'LO QUE HEMOS HECHO MAL' EN LA DEMOCRACIA
Artículo de Javier Redondo en “El Mundo” del 01 de septiembre de 2008
Por su interés y
relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
Durante las últimas semanas el periódico, primero a través de una encuesta y
luego con varias entrevistas a grandes líderes de la Democracia, ha
reflexionado sobre 'lo que hemos hecho bien' y 'lo que hemos hecho mal' en los
últimos 30 años. Hoy Javier Redondo, profesor de Ciencia Política de la
Universidad Carlos III, intenta responder a la pregunta. EL MUNDO ofrecerá
gratis a sus lectores el domingo el primer DVD y el primer libro de la nueva
colección.
Madrid.- Hace 30 años, los españoles no tiramos la moneda de la Transición al aire y cayó cara. Para que las cosas salieran razonablemente bien, algunas tuvieron que hacerse muy bien. Otras, no tanto. Al menos, no se consideró la posibilidad de que fuesen a salir mal. O tal vez se dio el visto bueno al remiendo para que el traje aguantara hasta la madurez. En todo caso, no estaba en las manos de aquellos sastres adivinar las pautas de crecimiento del sistema.
En esta tesitura, la evaluación de la Democracia permite aplicar el más elemental principio de filosofía oriental: el bien contiene el mal, del mal podemos extraer enseñanzas útiles. El yin y el yang son cualidades comunes a todos los hechos de la vida que permiten explicarla de una manera dual. El yin y el yang se complementan y equilibran.
Los partidos políticos.
Los partidos y sus líderes han desempeñado un papel esencial desde la Transición hasta hoy. Gracias a ellos, el proceso de cambio de régimen fue un éxito. Todas las formaciones aparcaron exigencias y veleidades extemporáneas. La sociedad carecía de educación democrática y asociativa y los partidos se dedicaron a promover la participación. Se convirtieron en el eje de la Democracia.
Sin embargo, la borrachera de éxito ha generado algunas miserias. Salvo honrosas excepciones, la democracia interna brilla por su ausencia. Los partidos se han convertido en empresas profesionalizadas que se nutren de sus propias canteras, gastan millones de euros y ocupan más espacio público del que les corresponde. Pugnan por poner a jueces afines en el CGPJ o en el TC, pretenden controlar los medios de comunicación y colocan a los suyos en los puestos directivos de cajas de ahorro y empresas públicas.
Estado de Derecho.
España puede presumir de haberse incorporado al selecto grupo de países regidos por el imperio de la ley sin apenas entrenamiento. No fue fácil reformar todo el aparato judicial, adaptarlo a las nuevas circunstancias y marginar progresivamente a la Justicia militar. Pero era una tarea primordial. Sin un poder judicial independiente, la democracia carece de sustancia. Además, la Justicia es el instrumento más eficaz para luchar contra una de las lacras de nuestra Democracia, la corrupción.
Por ello, a pesar de que el Estado de Derecho se ha impuesto en situaciones críticas, como durante el caso GAL, ha dejado suficientes motivos de sonrojo. El caso Rumasa nos puso sobre aviso: el TC manifestó inclinaciones progubernamentales. Su descrédito actual se debe a que sus miembros aceptan sin rechistar el juego de verse situados en las trincheras ideológicas. Por otra parte, y a pesar de haber visto a peces gordos condenados por fechorías diversas, todavía está muy extendida la idea de que la Justicia mide con un distinto rasero a los poderosos y a los hombres corrientes (véase el caso de los Albertos). Su lentitud, su burocratización, la falta de medios y, sobre todo, los terribles fallos que comete, nos muestran una Justicia más bizca que ciega.
Las Comunidades Autónomas.
Además de ser una exigencia histórica, basada en la pluralidad cultural, la descentralización era una necesidad operativa. Sin embargo, el proceso se resiente cuando no es producto de la racionalidad, sino que se realiza impulsivamente. El Estado autonómico ha contribuido al progreso conjunto permitiendo que cada comunidad diseñe la política más adecuada a su territorio, pero a la vez ha multiplicado innecesariamente la burocracia; ha instalado en el poder a unas élites locales tantas veces miopes -cuando no corruptas- y, sobre todo, obliga a la permanente revisión del sistema.
Por eso, el Estado de las Autonomías, mal enfocado, mal entendido y mal desarrollado, puede amenazar la integridad del Estado como garante de la igualdad de los españoles. Que las comunidades tengan competencias en la gestión de la Sanidad, la Educación o la Justicia no les otorga carta blanca para imponer a su gusto modelos sanitarios, administrativos, lingüísticos y educativos distintos.
El Estado del bienestar.
Entre los mayores logros se encuentra, sin duda, el rápido desarrollo del Estado del bienestar. El PSOE aceleró su implantación. La eficiente gestión de los populares permitió su consolidación. En 1995, el Pacto de Toledo obedecía al compromiso de mantenerlo independientemente de quien ejerciera las tareas de Gobierno. Sin embargo, hemos de distinguir entre Estado de bienestar y exceso de Estado. Conservarlo no implica sobredimensionarlo.
No debemos olvidar que su desarrollo supuso también la extensión de una cultura del subsidio que prevalece sobre la cultura del esfuerzo (el PER es sólo un ejemplo); se crearon plazas de funcionarios por doquier -fue una burda manera de contener el paro y las reclamaciones sindicales-; se repartieron prebendas y aumentó el control de los políticos sobre la sociedad. Por último, la educación, uno de sus pilares, está bajo mínimos.
El progreso económico.
A mediados de los 70, el mundo atravesaba una profunda crisis económica que afectó de lleno a España. La altura de miras de los líderes políticos y sindicales permitió la firma de los Pactos de la Moncloa. Hay momentos especialmente delicados en los que las trifulcas partidistas deben apartarse en pos del interés común.
Posteriormente, González tuvo que hacer frente a una fuerte contestación sindical tras la reconversión. España estaba en plena transición hacia la modernidad. Tras una nueva crisis a principios de los 90, el PP acertó a gestionar la bonanza posterior e incluso ejecutó el más difícil todavía: el cumplimiento de los criterios de convergencia. Hoy, España tiene una de las economías más fuertes del mundo, algunas de nuestras empresas conquistan otros continentes.
Su pujanza no puede verse amenazada por la interferencia de los intereses políticos en los empresariales -como ha ocurrido en algunos casos-, por la pugna entre territorios y por las luchas partidistas que impidan acuerdos trascendentales y necesarios similares a los del 77. El reto de la economía española sigue siendo, ante todo, introducir las reformas adecuadas para reducir las elevadas tasas de desempleo.
El nacionalismo.
La participación de los nacionalistas en el juego presuponía la aceptación de las reglas. No se tomaron precauciones contra el separatismo, ni se les exigió lealtad a la nación, ni siquiera patriotismo constitucional. Pero la generación de Pujol o Roca en Cataluña fue sustituida por una nueva que ha abjurado del nacionalismo integrador, porque advierte que su estatus y supervivencia política dependen de su posición frente a España.
El nacionalismo integrador es una muestra de la pluralidad cultural y social de España, que lució orgullosa la candidatura olímpica de Barcelona; por el contrario, el nacionalismo desintegrador es una amenaza para el progreso. Siempre que nos hemos detenido en cuestiones identitarias, hemos perdido un tren hacia la modernidad.
El terrorismo.
En términos generales, hemos combatido con acierto a ETA. Ateniéndonos a los números, algo habremos hecho bien cuando en los años de plomo los muertos se contaban por cientos y hoy, a ETA, le sale muy caro matar. Gracias, sobre todo, a las Fuerzas de Seguridad, pero también a la unidad mostrada por la sociedad y los partidos -tras el asesinato de Miguel Angel Blanco, Tomás y Valiente o Ernest Lluch, por ejemplo- o a la colaboración de Francia. La firma del Pacto por las Libertades en 2000 y la Ley de Partidos de 2002 fueron golpes mortales para la banda terrorista, sólo políticamente asistida en su agonía por el Pacto de Estella (1998). Por su parte, las víctimas han dignificado la lucha y contribuido a la confianza en el Estado de Derecho.
A pesar de todo, hemos cometido fallos de bulto. Hemos caído en dos treguas trampa, se ha negociado sin el apoyo de la principal fuerza de oposición y se ha utilizado el terrorismo como arma política. Si los errores de la penúltima legislatura fueron mayores se debió precisamente a que mostraron que no aprendimos demasiado de los cometidos cuando iniciábamos la conquista de la libertad en el País Vasco.
Políticas de Estado.
Hay cuatro materias que Gobierno y oposición deben abordar conjuntamente: la lucha contra el terrorismo y las políticas territorial, educativa y exterior. En este ámbito, España ha obtenido cuantiosos logros: la entrada en la UE; la mediación en el conflicto en Oriente Medio en 1991 y, sobre todo, la negociación del Tratado de Niza en 2000. En poco tiempo, España se ha hecho un lugar en el mundo. Mientras González siempre nombró ministros con solera, Aznar prefirió un perfil bajo para llevar personalmente la batuta. Sin embargo, hoy la política exterior no tiene un rumbo definido y se encuentra al albur de los resultados electorales.
Por otra parte, para terminar, conviene reflexionar sobre un asunto que muestra con gran nitidez algunos puntos débiles de nuestra Democracia: algo habremos hecho mal cuando los símbolos constitucionales son utilizados de manera partidista o cuando prescindimos de ellos como distintivo no sólo de identidad, sino de libertad.
Cómo mejorar la Constitución
Con el objeto de reforzar y no desnaturalizar el modelo diseñado en 1978 y atendiendo a las debilidades mostradas por nuestra Democracia, deberíamos revisar al menos cuatro aspectos sustanciales del sistema. En primer lugar, la Constitución tendría que fijar de manera exhaustiva las competencias estatales intransferibles, entre las que han de figurar la política exterior, la Seguridad Social, la Hacienda Pública y la inspección armonizada de la educación, tal como sugirió EL MUNDO en sus '100 Propuestas'. En este sentido, hay que cerrar de una vez por todas el mapa autonómico, incluyendo una lista con las CCAA existentes, suprimiendo la disposición relativa a Navarra y la distinción entre nacionalidades y regiones. En tercer lugar, se debe dotar de mayor independencia al Poder Judicial. Sería preferible que el Congreso, y no el Gobierno -que debe limitarse a proponerlo-, designase al fiscal general; igualmente, habría que acotar el papel del Parlamento en la elección de magistrados al TC, imponiendo además a sus miembros más requisitos meritocráticos. Por último, siguiendo el modelo americano, no estaría de más limitar legalmente los mandatos de los presidentes del Gobierno y de las comunidades autónomas. Sería aconsejable también conceder mayor protagonismo al Consejo de Estado.