ZAPATERO ANTE EL HONOR DE LOS JUECES

Artículo de Pedro Juan-Viladrich en “La Gaceta” del 19 de abril de 2010

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

Cualificado frenazo a las artimañas de Zapatero con la unidad de España y el modelo de Estado. Este pasado viernes el pleno del Tribunal Constitucional, en la primera votación oficial dedicada a la propuesta de sentencia sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, la ha rechazado por mayoría. A lo largo de tres años y medio, los magistrados del Alto Tribunal han tenido numerosos contactos y tanteos. Pero este viernes ha sido la primera vez que el pleno vota la ponencia, en realidad el quinto borrador a cargo de Elisa Pérez Vera. En este maldito embrollo, hay varios secretos a voces. Uno, que la extraordinaria dilación en acordar una sentencia no era debida a la pereza, sino a las presiones políticas. Otro, que el texto del Estatuto es claramente contrario a la Constitución vigente, y no sólo en un número demasiado alto de preceptos, sino sobre todo en el espíritu que informa el Estatuto, que de manera radical choca de frente con las paredes maestras de la Constitución de 1978.

 La contraposición se manifiesta, de forma expresa o sibilina, en muchos artículos del extenso y minucioso Estatuto, que más parece una Constitución. Sobresalen seis aporías capitales: la nación, la lengua, la educación, la justicia, la financiación y la bilateralidad. Bajo este último eufemismo, los redactores estatutarios colaron una relación entre España y Cataluña, eludiendo sin más que Cataluña es y forma parte de España, haciendo aparecer dos naciones –la bilateralidad - que pactan un acuerdo constituyente de sus identidades, relaciones institucionales y reparto de ciudadanos. Esta es la fuente radical de su inconstitucionalidad. Estamos ante otro secreto a voces. En cualquier nación cuya clase política respete las normas constitucionales –por ejemplo, Inglaterra o EEUU, Alemania o Francia- la tramitación no hubiera sido posible por antidemocrática e ilegal. En España ha sido posible mediante la activa implicación de un alto cómplice: el Presidente Rodríguez Zapatero.

La identificación de Zapatero, como gran responsable, no se fundamenta sólo en algunas intervenciones expresas e inapropiadas. Por ejemplo, su farolada electoralista de aceptar cualquier texto estatutario que el parlamento catalán aprobare o la noche madrileña en la que, mano a mano con Artur Mas, reelaboraron el Estatut sin el Parlament, mediante guiños y cigarrillos que la soberanía nacional ignora hoy todavía. La responsabilidad surge del diseño político de Zapatero, nacido de su ideología contraria a la Transición y entroncada con la II República, que busca modificar la unidad de España, el modelo de Estado y el régimen de Autonomías, tal como está prescrita en la vigente Constitución de 1978, por una nueva e indefinida Confederación o Federación, haciéndolo de espaldas a las previsiones de reforma de la Constitución. Consciente Zapatero – y sirvientes- que tal aventura no pasaría los trámites de reforma de la Constitución, ni tampoco el refrendo preceptivo de todos los españoles, se optó, contra la legalidad y contra la soberanía popular, por un procedimiento taimado: cambiar la Constitución mediante Estatutos, comenzando por el catalán. Una contradicción jurídica en sus términos. Una maniobra antidemocrática, propia de las izquierdas y las derechas autoritarias con ideologías sectarias. Con esta propuesta de “nueva confederación ibérica” se nos fue Zapatero al proceso de paz y a perpetuarse en el poder encamado con el independentismo catalán y vasco. ¿Qué otro cómplice necesitaba Zapatero en una operación de tan manifiesta ilegalidad constitucional? Ahí tienen el último secreto a voces: al Tribunal Constitucional. Una sentencia que, afirmando la constitucionalidad del Estatuto, le salvase la cara política y le amnistiase la trapacería jurídica.

El tiro por la culata. Mira por donde, la mayoría de los magistrados del Constitucional han hecho honor a su identidad y responsabilidad de jueces garantes de la legalidad constitucional. ¿Seis conservadores contra cuatro progresistas? En nombre del deber de dar a cada quien y cosa su nombre verdadero, hay que desechar esas imposturas del lenguaje ideológico. Los magistrados de un Constitucional son nombrados en cualquier lugar del mundo por alguien mediante un procedimiento. La cuestión no es el nombramiento, sino la asunción de la identidad de juez. Al tomar posesión, prometen o juran velar por el debido respeto a la Constitución. No por servir los intereses de quien les nombró. Ese es su honor y muy grande, porque la Constitución expresa la voluntad de la soberanía popular y delimita el ejercicio legal del poder político. Este viernes, unos magistrados han sido jueces, la mayoría, después de aguantar casi cuatro años de brutales presiones. Tal vez otros, en vez de jueces, siguen sirvientes de quien les nombró. La nueva ponencia está en manos de Guillermo Jiménez. Quizás estemos a tiempo. No tengan miedo, magistrados. Hagan honor a su condición de jueces y defiendan la Constitución y, ante la ciudadanía, den una lección legal a esos políticos cuyas intenciones y métodos corrompen el honor y el Derecho.

Catedrático de Universidad y Vicepresidente del Grupo Intereconomía