CASO MENA: LA PAJA EN EL OJO AJENO
Artículo de Ernesto Ladrón de Guevara en “El Semanal Digital” del 15.01.06
Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
15 de enero de 2006. No creo que
el hecho de que unos ciudadanos vestidos con uniforme se hayan adherido a una
apelación al ordenamiento constitucional sea una felonía. Los militares están
para cumplir y hacer cumplir la ley, al igual que el resto de los funcionarios
públicos, salvo prevaricación o traición al Estado al que sirven. Un juramento
es algo más que un ritual.
Si la Constitución dice lo que dice y no gusta, es legítimo promover su
modificación por vías legítimas, no como se está haciendo con la propuesta
surgida desde el Parlamento catalán, que eso sí que es un golpe en toda regla
contra el Estado Constitucional, y, en definitiva, contra la soberanía nacional
que los militares deben garantizar para proteger la Nación de los ciudadanos.
¡Cómo que no!
¿No es una sedición, rebelión, o como se le quiera llamar, que desde comunidades
autónomas se promueva un secesionismo fáctico que vulnere, sojuzgue y modifique
el orden constitucional de la Nación española, con el auspicio e impulso del
partido que gobierna al propio Estado nacional, sin que el resto de los
españoles puedan ejercer sus derechos democráticos en torno a esta espinosa
cuestión?
¿O acaso no es traición, prevaricación o conspiración para burlar el
ordenamiento jurídico el permitir, colaborar, o no intervenir ante una
convocatoria manifiestamente ilegal? ¿Es legítima la conjura e intriga urdida
por un partido ilegalizado que realizará un congreso, si nadie lo impide, con
luz y taquígrafos?
¿O acaso no es dejación en las obligaciones de los poderes públicos el no
garantizar ni proteger los derechos y libertades, eludiendo el cumplimiento de
la letra y del espíritu de la Constitución Española? ¿Desde cuando la
Constitución es un código que pone en prioridad los derechos de los territorios
sobre los de las personas, conculcados gravemente con planes lingüísticos no
concordes con las sentencias de tribunales que protegen los derechos
individuales?
¿O acaso no es dejación del deber de los poderes públicos el no asegurar los
contenidos mínimos de la enseñanza, o la verdad científica, o la homologación
real de los títulos académicos y profesionales, o el derecho a la educación, que
no es simplemente el derecho a la escolarización? ¿O el derecho a la libertad de
prensa? ¿O el derecho al secreto profesional contemplado en los expedientes
médicos...? ¿O el derecho de la COPE a informar de forma independiente...?
¿O...?
¿Quienes son los que alteran la normalidad democrática: un militar que emite un
juicio de lealtad al orden constitucional o quienes tienen el deber de preservar
y garantizar su cumplimiento y no lo hacen?
Malos vientos vienen por causa de una decadencia que abruma tanto por la pésima
calidad humana de muchos de nuestros políticos como de los fluctuantes valores
que exhiben.