CASO MENA: LA PAJA EN EL OJO AJENO

 

 Artículo de Ernesto Ladrón de Guevara en “El Semanal Digital” del 15.01.06

 

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

 

15 de enero de 2006.  No creo que el hecho de que unos ciudadanos vestidos con uniforme se hayan adherido a una apelación al ordenamiento constitucional sea una felonía. Los militares están para cumplir y hacer cumplir la ley, al igual que el resto de los funcionarios públicos, salvo prevaricación o traición al Estado al que sirven. Un juramento es algo más que un ritual.

Si la Constitución dice lo que dice y no gusta, es legítimo promover su modificación por vías legítimas, no como se está haciendo con la propuesta surgida desde el Parlamento catalán, que eso sí que es un golpe en toda regla contra el Estado Constitucional, y, en definitiva, contra la soberanía nacional que los militares deben garantizar para proteger la Nación de los ciudadanos. ¡Cómo que no!

¿No es una sedición, rebelión, o como se le quiera llamar, que desde comunidades autónomas se promueva un secesionismo fáctico que vulnere, sojuzgue y modifique el orden constitucional de la Nación española, con el auspicio e impulso del partido que gobierna al propio Estado nacional, sin que el resto de los españoles puedan ejercer sus derechos democráticos en torno a esta espinosa cuestión?

¿O acaso no es traición, prevaricación o conspiración para burlar el ordenamiento jurídico el permitir, colaborar, o no intervenir ante una convocatoria manifiestamente ilegal? ¿Es legítima la conjura e intriga urdida por un partido ilegalizado que realizará un congreso, si nadie lo impide, con luz y taquígrafos?

¿O acaso no es dejación en las obligaciones de los poderes públicos el no garantizar ni proteger los derechos y libertades, eludiendo el cumplimiento de la letra y del espíritu de la Constitución Española? ¿Desde cuando la Constitución es un código que pone en prioridad los derechos de los territorios sobre los de las personas, conculcados gravemente con planes lingüísticos no concordes con las sentencias de tribunales que protegen los derechos individuales?

¿O acaso no es dejación del deber de los poderes públicos el no asegurar los contenidos mínimos de la enseñanza, o la verdad científica, o la homologación real de los títulos académicos y profesionales, o el derecho a la educación, que no es simplemente el derecho a la escolarización? ¿O el derecho a la libertad de prensa? ¿O el derecho al secreto profesional contemplado en los expedientes médicos...? ¿O el derecho de la COPE a informar de forma independiente...? ¿O...?

¿Quienes son los que alteran la normalidad democrática: un militar que emite un juicio de lealtad al orden constitucional o quienes tienen el deber de preservar y garantizar su cumplimiento y no lo hacen?

Malos vientos vienen por causa de una decadencia que abruma tanto por la pésima calidad humana de muchos de nuestros políticos como de los fluctuantes valores que exhiben.