SE ACABO EL TIEMPO

Luis Bouza-Brey, 25-2-02

Se acabó el tiempo. Los demócratas españoles debemos ser conscientes de que no se puede retrasar más la ofensiva contra el terrorismo vasco. Ofensiva que el PNV nunca va a apoyar en firme, pues su estrategia es intentar hacer entrar a ETA y B en la democracia a cambio de radicalizar los fines propios. Por eso, como dice Ibarretxe, lo fundamental es llegar a un compromiso “ético” de todos los partidos y a un diálogo sobre la “normalización” —léase “radicalización—. Mientras la “ética” no llegue, el PNV no pactará con B. Pero la cuestión es saber si le podemos pedir peras al nogal: hasta qué punto el Gobierno vasco del PNV va a adoptar una postura enérgica de acoso democrático a ETA y sus tentáculos. Una política orientada a conseguir el “desistimiento” del fascismo mediante la contundencia en todos los niveles: policiales, económicos, culturales, educativos y políticos.

Pero al mismo tiempo que escribo esto, me planteo que mientras no haya una mutación en el PNV, los niveles de expectativa no pueden ser muy altos: es posible que se actúe con contundencia contra la “kale borroka”, pero con lagunas territoriales y temporales y con mucha moderación en la iniciación de esta política; es posible que se ponga en marcha alguna acción policial contra los comandos de ETA, pero no parece verosímil una política cultural y educativa contra los objetivos que el mismo PNV declara comunes a todo el nacionalismo, y, al menos de momento, parecen descartarse cambios de alianzas a nivel local.

Por ello, los partidos constitucionalistas deben ser conscientes de que o se ponen todos los medios en funcionamiento contra ETA y B, o el nazismo no va a abandonar sus creencias totalitarias por compromisos “éticos”. Su ética es la imposición fundamentalista de las creencias de su religión política. Y el PNV seguirá sermoneando, como desde hace muchos años, a los nazis para que sean buenos. No insertará en la situación vasca incentivos negativos contundentes contra ellos, pero les ofrecerá el incentivo positivo de que si dejan de matar podrán actuar conjuntamente, acumular fuerzas, al servicio de los objetivos comunes.

De manera que la opción de los constitucionalistas no es ponerse a remolque de la estrategia limitadora del PNV, sino actuar con contundencia para salvar la democracia: mantener el pacto por las Libertades y contra el terrorismo y modificar las leyes a fin de que los jueces puedan ilegalizar al nazismo en todas sus manifestaciones. El tiempo se acabó: llevamos veinte años intentando convencer por las buenas, mediante la razón y las ofertas de paz, sin que los resultados hayan sido los esperados. Al contrario, la democracia en Euskadi se encuentra cada vez más en peligro, y no se puede transformar en un régimen acosado sin adoptar medidas excepcionales contra el fundamentalismo y el nazismo virulento. En Alemania se adoptaron, pues son conscientes —por su experiencia histórica--- de que la democracia puede ser destruida si no es capaz de reaccionar con fortaleza frente a aquellos que no aceptan la norma de resolver las diferencias mediante los votos, en lugar de a tiros y la búsqueda del monopolio del poder. Y debe perderse el miedo a que B se transforme en víctima “frente al Estado”. ETA y sus tentáculos ya tienen demasiados muertos acumulados en su haber como para que el victimismo resulte creíble excepto entre sus ciento y pico mil secuaces. Pero a un sector de esos fanáticos es posible que la democracia española pueda demostrarles, mediante la contundencia, que tienen que cambiar. El tiempo de la impunidad debe finalizar de una vez.

Y esta contundencia no debe excluir intentar acuerdos limitados de unidad democrática con el nacionalismo no violento, pero la estrategia prioritaria debe ser la anterior. ¿Lo tiene claro el PSOE y el PSE? ¿O sigue sin fijar el rumbo y las prioridades?

Son los constitucionalistas quienes deben introducir los incentivos negativos contundentes en Euskadi: así el nazismo tendrá que optar entre el “guatemala y el guatapeor”, al mismo tiempo que se plantea una alternativa constitucionalista al PNV y al conjunto del nacionalismo para el momento en que ETA se vea obligada a disolverse.