LA OFENSIVA CONTRA LA CONSTITUCION

Artículo de Luis Bouza-Brey, (9-12-08, 12:00 hs.)

El asunto Tardá se enmarca en un contexto de ofensiva global contra la Constitución protagonizada por ERC, socio del tripartito del PSC en la Generalitat, pero también acompañada por la desautorización del Tribunal Constitucional en caso de sentencia adversa al Estatuto de Cataluña, por parte de Maragall, Pujol y Mas.

El hecho es que el incidente Tardá es uno de los que inician el proceso de ofensiva contra la Constitución por parte del nacionalismo catalán, que será respondido con la pasividad del Gobierno de Rodríguez Zapatero y del Presidente de la Generalitat, ante el temor de perder los apoyos en Cataluña que permiten al PSC gobernar y a Zapatero ganar las elecciones. El año que comienza va a ser decisivo para la subsistencia de la democracia en España, como consecuencia del ataque combinado contra la Constitución y el régimen constitucional por parte de los independentistas periféricos catalanes, vascos y gallegos; por parte de los soberanistas-confederales catalanes, y por parte de los pseudofederalistas del PSC, el PSOE e IC-IU.

Esta ofensiva a punto de desencadenarse puede llevar incluso a la comisión del delito de sedición previsto en el artículo 544 y siguientes del Código Penal, y art. 482, que establecen lo siguiente:

“Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

“Art. 482.- Las autoridades que no hayan resistido la sedición serán castigadas con la pena de inhabilitación absoluta de doce a veinte años”

Porque la chapuza inconstitucional del Estatuto de Cataluña y los posicionamientos ante su calificación jurídica por parte del Tribunal Constitucional, van a iniciar una nueva fase en la evolución del sistema político que lo va a dañar irreversiblemente, rematando la agonía del régimen o forzando un proceso constituyente para resolver los problemas estructurales no resueltos por la Constitución actual.

TARDA AMENAZA AL REY Y CALUMNIA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Tardá amenazó al Rey con su expresión de “¡Muera el Borbón!” y acusó al Tribunal Constitucional de corrupto, en un acto en el que se quemó la Constitución. Estos actos están tipificados como delito en los artículos 490.2 y 504 del Código Penal, que establecen lo siguiente:

“490.2: “Con la pena de prisión de tres a seis años será castigado el que amenazare gravemente a cualquiera de las personas mencionadas en el apartado anterior (el Rey o sus familiares más próximos), y con la pena de prisión de uno a tres años si la amenaza fuera leve.”

“504: Incurrirán en la pena de multa de doce a dieciocho meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma”.

Por consiguiente, ante la comisión de estos delitos por parte de un Diputado en Cortes, el Fiscal General del Estado debería iniciar la acción de la Justicia. Si así no fuera, los partidos políticos que lo consideraran necesario o las asociaciones cívicas deberían dirigirse al Fiscal General del Estado para que actuara.

PERO LA OFENSIVA ES GENERAL

La ofensiva es general, porque ERC acaba de declarar que no acatará una sentencia del TC adversa al Estatuto de Cataluña, siendo acompañada en esta declaración de sedición por Maragall, Pujol y Mas, que proponen movilizar a los catalanes y convocar un referéndum ilegal y sedicioso contra dicha sentencia o en ejercicio del derecho de autodeterminación.

Simultáneamente, en Galicia, el Gobierno impone una política lingüística inconstitucional, al mismo tiempo que los nacionalistas vascos mantienen como objetivo la autodeterminación o, algunos de ellos, se alían con Batasuna o partidos ilegales próximos a ETA.

Toda esta ofensiva parece ser resultado de la debilidad e inconsistencia del gobierno del PSOE, presidido por Rodríguez Zapatero, que con el fin de mantenerse en el poder sin enfrentarse a sus aliados nacionalistas, y a causa de la carencia de un proyecto de Estado definido, resulta incapaz de cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Las consecuencias de esta situación de desgobierno y ofensiva inconstitucional son de tal gravedad que están llevando a un proceso de nominalización de la Constitución, que está incumpliéndose ya desde hace tiempo en lo referente a derechos constitucionales fundamentales, pero que incluso va a ser violada abiertamente en las normas estructurales que definen el modelo de Estado.

Y esta ruptura con el Estado de Derecho y la democracia afectará irremisiblemente a nuestra situación internacional, pues volveremos a estar al sur de los Pirineos y en el norte de Africa, ya que la Unión Europea habrá de tomar medidas contra uno de sus miembros, cuyo Gobierno no quiere o no es capaz de cumplir y hacer cumplir la Constitución y los Tratados Fundacionales de la Unión.