EL MAGISTRADO QUE CONFIRMÓ EL ARRESTO DE MENA CRITICA EL ESTATUT
Noticia de ESD/Servimedia en “Libertad Digital” del 08.08.06
Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
Ángel Calderón, de la Asociación
Profesional de la Magistratura y al frente de la Sala Militar del Alto Tribunal,
considera que las reformas estatutarias violan la Constitución.
7 de agosto de 2006. El presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal
Supremo, Ángel Calderón, afirmó hoy que el proceso de reformas estatutarias está
"violentando la Constitución", especialmente en la transferencia de competencias
judiciales y en la descentralización de los órganos jurídicos.
En declaraciones a los medios a su llegada al curso Justicia, sociedad y Estado,
enmarcado dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense, Calderón
afirmó que la Constitución "concibe y define un poder judicial único e igual
para toda España".
Considera que esta estructura jurídica "no puede ser modificada" por ningún
estatuto de autonomía porque esto significaría una alteración de la
Constitución.
Reiteró que "fuera de la Constitución y fuera de la Ley Orgánica del Poder
Judicial" la estructura de los órganos jurídicos "no se puede modificar".
El magistrado del Tribunal Supremo subrayó que los estatutos de autonomía "no
son instrumentos jurídicos adecuados para asumir competencias ni para
transferirlas", y por esta razón considera que las reformas están "violentando
la Consitución".
Por último, señaló la necesidad de esperar hasta que el Tribunal Constitucional
se pronuncie y decida sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el
Estatuto de Cataluña presentado por el Partido Popular.
Calderón fue el ponente de la sentencia de la Sala Quinta (de lo Militar) del
Tribunal Supremo que en julio confirmó el arresto impuesto al teniente general
José Mena por el entonces ministro de Defensa, José Bono, al considerar que las
palabras del militar en la Pascua Militar infringían su deber de neutralidad
política. Mena expresó su opinión de que si las reformas estatutarias
traspasaban "los límites infranqueables" de la Constitución, sería de aplicación
su artículo 8.