LA INTENSA SIESTA DE TRES AÑOS DEL TC

Editorial de “Libertad Digital” del 19 de junio de 2009

Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web

Si nos creemos las palabras de Casas, tendremos que concluir que la sentencia será un extenso encaje de bolillos en la que los jueces tratarán de justificar lo injustificable, pues si no hubieran terminado hace ya mucho tiempo.

Se acaban de cumplir tres años de la aprobación en referéndum, con menos de un 50% de participación, del actualmente vigente Estatuto catalán. En julio se cumplirán tres años desde que el PP presentara su recurso contra el mismo ante el Constitucional. Y en septiembre habrán transcurrido tres años desde su admisión a trámite. Pero según la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, eso no significa que los jueces no hagan su trabajo. Según su modo de ver las cosas, los magistrados trabajan "ininterrumpidamente" e "intensamente", algo que sólo puede calificarse de burla a los ciudadanos que pagamos su sueldo.

Casas también ha asegurado que los jueces no están siendo presionados, algo desmentido por aquella bronca de la vicepresidenta De la Vega captada por las cámaras de Libertad Digital TV, y que "la agenda de este tribunal no es la agenda política ni de la política". Parece de broma, especialmente viniendo de quien no presidiría ya el Constitucional si no fuera porque el PSOE hizo aprobar una ley cuyo único objeto era que permaneciera al frente y pudiera ejercer su voto de calidad en este y otros casos. María Emilia Casas parece pretender que olvidemos el juego de las recusaciones para lograr mantenerla en su cargo. Y es que todo lo referido al Tribunal Constitucional parece pertenecer exclusivamente a la "agenda política".

Además, si fuera cierto que los magistrados del TC están trabajando sin presiones externas de ningún tipo, su dictamen habría de ser jurídico, no político, por lo que cabe dudar que se hubiera demorado tanto. Al fin y al cabo, el texto incumple con tanta claridad tantos preceptos constitucionales que su derogación habría sido tan rápida como sencilla de elaborar.

El Estatuto catalán no sólo consagra una "nación" que no existe, reconociendo para sus ciudadanos unos derechos y deberes distintos a los del resto de españoles. También otorga a la comunidad autónoma la capacidad de vetar leyes del Estado o de negociar su financiación de igual a igual con éste, colocando a una parte al mismo nivel del todo. Es un proyecto destinado a la exclusión del disidente, del no nacionalista. Dibuja un régimen en el que se legisla sobre los aspectos más íntimos de la vida, como la elección del idioma o el uso del tiempo libre, para tener controlados a unos habitantes de Cataluña que pasan de ser ciudadanos a convertirse en súbditos.

Así pues, una sentencia que derogara una buena parte del Estatuto no tendría por qué ser tan complicada ni llevar tanto tiempo. Por lo tanto, si tomáramos como ciertas las palabras de la presidenta del Tribunal Constitucional y concluyéramos que los magistrados llevan todo este tiempo trabajando sin descanso en la resolución, habrá que concluir que la misma no se limitará a anular los numerosos artículos claramente anticonstitucionales, sino que será un extenso encaje de bolillos en la que los jueces tratarán de justificar lo injustificable.

No obstante, si la sentencia finalmente se publica este verano como tanto se ha dicho, por ser la estación en que los ciudadanos menos atención prestan a la política y por ser en principio el año más alejado de la próxima contienda electoral, tendremos la certeza de que Casas ha mentido. Pues sería mucha casualidad que los magistrados completaran su "intenso" e "ininterrumpido" trabajo justo en el momento que más les conviene a ellos y a los políticos que los han nombrado.

En cualquier caso, la inseguridad jurídica que han sembrado estos tres años de Estatuto recurrido pero aplicándose debería avergonzar a los responsables de que no exista aún sentencia sobre la constitucionalidad del mismo. Una veintena de artículos recurridos se están aplicando, sin que al parecer eso lleve a acelerar un poco la "agenda no política" del TC. Pero la comparecencia de María Emilia Casas demuestra que hay muy pocas cosas, si es que hay alguna, que pueda hacer sonrojar al tribunal más politizado de España. Quizá debieran ser PP y PSOE quienes tomaran nota y consideraran la implantación del recurso previo de constitucionalidad, al menos para leyes orgánicas como los estatutos de autonomía. Desgraciadamente, parece mucho pedir.