Casas ha limado con una
sierra para darle forma al engendro que ahora se nos presenta como un Estatuto
constitucional
Artículo de M. Martín Ferrand en “ABC”
del 29 de junio de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
Tardaremos
unos cuantos días en conocer el texto completo, incluidos los votos
particulares, de la sentencia que, tras larga espera, alumbró ayer el Tribunal
Constitucional como respuesta a los recursos de inconstitucionalidad que
trataban de modificar esencialmente el texto del Estatuto de Cataluña aprobado,
primero, por el Parlamento de Cataluña y, después, sancionado por las Cortes
Españolas. Valorar un texto del que solo se conoce el anticipo que nos
suministra el propio TC no entra en los cánones de la solvencia periodística;
pero no es menos riguroso que abordar, de hecho, una reforma de la Constitución
del 78 por los irregulares métodos que ahora fructifican. Cataluña ya, por fin,
es una Nación; pero, para que nada quede lo suficientemente claro y todo
revista la confusión típica de lo verdaderamente español, esa afirmación
«carece de eficacia jurídica». María Emilia Casas ha limado con una sierra y ha
serrado para darle forma al extraño engendro que ahora se nos presenta como un
Estatuto constitucional, pero por encima de la propia Constitución. Algo que
ningún ebanista de prestigio se hubiera atrevido a hacer para construir un
mueble de estilo y que los juristas del viejo cuño y libres de compromisos
políticos y autonómicos concretos tienden a rechazar.
Sin
remontarnos al momento en que se plantó la semilla que ha dado paso al nuevo
árbol inspirador del trabajo legislativo que pueda producirse en Cataluña, no
conviene olvidar aquellos felices días en que José Luis Rodríguez Zapatero,
aspirante a la presidencia del Gobierno del Estado, tuvo el gesto electorero de
prometer su apoyo a «la reforma del Estatuto que salga del Parlamento de
Cataluña». Salió lo que salió y, con cuatro gestos para salvar el tipo, el
Grupo Socialista se entregó en cuerpo y alma para que el Parlamento de la
Nación —entonces, inequívocamente el español— no anulara la voluntad de los
catalanes y, de paso, Zapatero pudiera pagar servicios y deudas debidos al PSC,
sus aliados en el
tripartito y CiU.
Según
José Montilla, el TC ha pretendido con más voluntad el hecho de dictar
sentencia que la finalidad de hacer justicia. Un planteamiento tan
esquizofrénico de la función del Tribunal resulta esclarecedor de la situación,
en la medida en que ello fuera posible. Tanto como las precipitadas declaraciones
de la cabeza visible del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, para quien
todo está muy bien, no hay ni vencedores ni vencidos y pelillos a la mar. Lo
único que queda claro es que la Constitución Española, la del 78, se ha quedado
vieja. ¿Tiene sentido hablar de la de 2010?