LA REFORMA CONSTITUCIONAL, UN DEBATE DELICADO PERO NECESARIO

 

 Artículo de Luis Míguez Macho en “El Semanal Digital” del 25.10.07

 

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. 

 

Cinco organizaciones cívicas presentan este jueves un proyecto digno de consideración, con muchos elementos interesantes y alguno que podría haberse incorporado también.

25 de octubre de 2007.  Hoy se presenta públicamente en Madrid un documento que no tiene precedentes en la actual etapa democrática: una
propuesta articulada de reforma parcial de la Constitución de 1978. Igualmente singular resulta el que no se trate de una iniciativa de partido, sino promovida por un conjunto de organizaciones cívicas que se pueden considerar el núcleo del movimiento de opinión que se ha dado en llamar, justamente, "constitucionalista": Convivencia Cívica Catalana, Foro Ermua, Fundación Concordia, Fundación DENAES (Defensa de la Nación Española) y Fundación Papeles de Ermua.

El contenido de la propuesta

En parte por mi cercanía a algunos de esos grupos y en parte por
interés profesional, no he dejado de echarle un vistazo a la propuesta. Y debo decir que me ha sorprendido su carácter ambicioso, porque aborda prácticamente todos los aspectos en los cuales desde el movimiento constitucionalista se venían denunciando las insuficiencias y los incumplimientos prácticos del texto constitucional vigente, y alguno más.

No es posible en un
artículo de estas características entrar a fondo en el análisis de la propuesta y ni siquiera me va a ser posible enunciar todos los puntos que toca. Mencionaré, sin ánimo exhaustivo, la consideración expresa de nuestra pertenencia a la Unión Europea; la garantía de la libertad lingüística en todo el territorio nacional y en todos los ámbitos, incluida la enseñanza; la constitucionalización de la Ley de Partidos Políticos; el cambio del orden sucesorio de la Corona para eliminar la precedencia de los varones sobre las mujeres; la modificación del sistema electoral del Congreso de los Diputados para prever, al estilo alemán, la elección de parte de los diputados en circunscripción nacional única; la reforma del Senado para adaptarlo al Estado autonómico; la elección de más de la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por los propios jueces y magistrados; la reformulación de las competencias exclusivas del Estado y la eliminación de la posibilidad de transferencia o delegación de competencia a las Comunidades Autónomas mediante ley orgánica; la exigencia de mayoría de dos tercios en los Parlamentos autonómicos para la reforma de los Estatutos; o la supresión del recurso de amparo con el fin de evitar los conflictos entre el Tribunal Constitucional y el Supremo y la actual sobrecarga del primero.

Yo estoy básicamente de acuerdo con todas estas reformas. Sin embargo, echo de menos una mejora de la garantía constitucional de la autonomía local, a la que habría que dotar de un contenido sustantivo del que hoy carece. Considero, asimismo, un error que no se hayan seguido las sugerencias del Consejo de Estado sobre la conveniencia de que las Comunidades autónomas asuman directamente todas las competencias no reservadas al Estado por la Constitución, porque cortaría de raíz la fiebre de las reformas estatutarias y resolvería de un plumazo la mayor
parte de los problemas que plantean las ya aprobadas.

Así y todo, el mero hecho de que se abra el debate y, no en abstracto, sino sobre la base de un texto articulado, merece el más caluroso de los aplausos.

Posibilidades políticas de la reforma constitucional

Una parte de la doctrina jurídica con la que me identifico lo ha repetido hasta la saciedad: la vía de la reforma constitucional apócrifa, que es la que se ha seguido en casos como el del nuevo Estatuto catalán, es un fraude democrático y jurídico. Así lo demuestra la propia inoperancia de esa norma, que parecen haber descubierto ahora sus promotores, pero que no ha evitado que haya dejado sembrada la semilla de la deslegitimación social y política del texto constitucional.

En definitiva, si alguien, sean los nacionalistas, sean los no nacionalistas o constitucionalistas, no está de acuerdo con la Constitución vigente, el único camino democráticamente aceptable que puede tomar es el de plantear su reforma, de manera leal y transparente, en vez de buscar subterfugios para tratar de sortearla. Otra cosa es que los nacionalistas, coherentes hasta el fin en su impugnación de la nación española, actúen como si la Constitución de que la misma se ha dotado, y a la que deben las
cuotas de poder que en la actualidad ocupan, no existiese.

Siendo realistas, desde el
punto de vista político la única posibilidad que hay de que se ponga en marcha el procedimiento de la reforma constitucional es que en marzo de produzca un cambio político que obligue a reflexionar al PSOE (porque el PP tendrá que asumir por fuerza la necesidad de la reforma si no quiere resignarse a llegar al poder para administrar el caos institucional). La decisión, como no podía ser de otra forma en una democracia, está en manos de los electores, que en estas elecciones generales van a decidir algo más que el Gobierno.