EL MINUTO DE GLORIA DE CAROD Y LA SENTENCIA MÁS
ESPERADA
Artículo de Luis Miguez Macho
en “El Semanal Digital” del 18 de agosto de 2009
Por su interés
y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio
web
Pero ¿no decía Zapatero
que el Estatuto se hacía para que "Cataluña se sintiese cómoda en
España", o sea, para que los nacionalistas calmasen sus insaciables ansias
reivindicativas?
También el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha referido
recientemente a la sentencia que tanto preocupa a los nacionalistas catalanes.
Pero para el Gobierno esa preocupación no existe, porque Caamaño, catedrático
de Derecho Constitucional, está firmemente convencido de la constitucionalidad
del Estatuto (no en vano es responsable en gran medida de la redacción final
del mismo) y, en todo caso, el Tribunal Constitucional sigue presidido por la
leal Emilia Casas Bahamonde, de la que no cabe esperar ninguna sorpresa
desagradable para el Ejecutivo.
El
nuevo Estatuto catalán no ha resuelto nada: sólo creará más problemas
Ciertamente, si el alto Tribunal declarase inconstitucionales los puntos principales
y más polémicos del nuevo Estatuto catalán, la conmoción para el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero y sus aliados nacionalistas sería tremenda.
Después del fiasco del "proceso de paz" con la ETA, otro de los
pilares de la pasada legislatura, la reforma estatutaria, se vendría también
abajo, y la posición del Ejecutivo se volvería insostenible.
Sin embargo, como ya he dicho, no hay peligro de tal cosa ocurra. En los medios
jurídicos contamos sin género alguno de dudas con que el Tribunal Constitucional
emitirá una compleja sentencia interpretativa, que nos dará entretenimiento
durante años a los que nos dedicamos a estas cosas y le permitirá al Gobierno
salvar la cara.
Cuestión distinta será la reacción de los nacionalistas catalanes, y ahí hay
que enmarcar la manifestación preventiva con la que sueña Carod. Por blanda que
sea la sentencia, es inevitable que algún artículo que otro del nuevo Estatuto
sea declarado inconstitucional y, sobre todo, que una parte sustancial del
mismo se vea desactivada al imponerse su interpretación acorde a la
Constitucional o condicionarse su eficacia a la reforma de distintas leyes
estatales por las Cortes.
En definitiva, como es imposible que el Tribunal Constitucional dé por bueno el
Estatuto tal como se aprobó, diga lo que diga Caamaño, y como los nacionalistas
catalanes no están dispuestos a aceptar otra cosa que el texto en vigor, no
necesitan leer la sentencia para decidir si clamar al cielo contra un nuevo
agravio de Madrid o no. Pueden empezar a clamar ya desde ahora o desde el mes
próximo, si les apetece más.
Todo esto conduce inevitablemente a otra reflexión que es poco probable que se
haga desde la gran mayoría de los medios de comunicación. Pero ¿no decía
Rodríguez Zapatero que el nuevo Estatuto catalán se hacía para que
"Cataluña se sintiese cómoda en España", o sea, traducido al lenguaje
ordinario, para que los nacionalistas catalanes calmasen por fin sus
insaciables ansias reivindicativas basadas en el victimismo?
Bien al contrario, el nuevo Estatuto va a dar alimento al lloriqueo victimista
de los nacionalistas por lo menos durante una década más. En vez de cerrarse de
una vez el sistema autonómico para obligar a las oligarquías políticas
regionales a que se dediquen a gestionar eficazmente en beneficio de los
ciudadanos los servicios que tienen transferidos, lo que se ha hecho es volver
a abrir la puerta a la reivindicación permanente, que se ha convertido en la
única razón de ser de los grupos nacionalistas.
Y después de la sentencia del TC vendrá la reforma estatutaria en Galicia
Todo esto ha coincidido con un reverdecimiento también en Galicia de las
presiones para una reforma del Estatuto de Autonomía, tras el fracaso del
intento emprendido durante la anterior etapa de gobierno en la Xunta de
socialistas y nacionalistas. Afortunadamente, el nuevo presidente de la Xunta,
el popular Alberto Núñez Feijóo, tiene una postura muy clara sobre la cuestión:
la reforma estatutaria no es una prioridad para su Gobierno, pero tampoco la
descarta, sino que, una vez que se conozca la sentencia sobre el Estatuto
catalán y dentro de esta legislatura, presentará un texto de nuevo Estatuto que
negociará con las demás fuerzas políticas.
Que la reforma estatutaria no es una prioridad para los ciudadanos gallegos lo
demuestra la nula trascendencia que ha tenido en las recientes elecciones
autonómicas. Es más, el partido que impidió la reforma en la tentativa que ya
he mencionado, por no aceptar referencias identitarias de dudosa
constitucionalidad, fue el que ganó las elecciones con mayoría absoluta.
¿Para quién es una prioridad entonces? Para los nacionalistas del BNG, por
supuesto, ahora reducidos a un paupérrimo quince por ciento de los votos, para
el sector del PSdeG entregado al nacionalismo y para cierta prensa local que
representa lo peor del clientelismo neocaciquil que ha generado el Estado
autonómico.
Para ellos la reforma estatutaria no es simplemente una oportunidad de
actualizar el Estatuto de Autonomía, adaptándolo a la consolidación del sistema
autonómico y al propio crecimiento de las instituciones de la Comunidad
autónoma. Imitando lo peor de la experiencia catalana, esperan aprovechar la
ocasión para consagrar en una norma jurídica del máximo rango los elementos que
configuren una sociedad cerrada y cautiva en el bucle melancólico del
nacionalismo clientelar.
Así, quienes representan a un quince por ciento de los electores gallegos y los
intereses económicos de grupos empresariales incapaces de sobrevivir en un
mercado libre conseguirían imponer a la mayoría sus criterios, haciendo
imposible desde el propio Estatuto el desarrollo de otras concepciones de la
Comunidad autónoma. Políticamente, ello condenaría a la marginalidad al PP
gallego y todos los ciudadanos a los que representa.
Por supuesto, hay otras formas de concebir lo que debe ser nuestra Comunidad
autónoma. La mayoría de los gallegos no deseamos ningún proceso de
"construcción nacional", porque ya tenemos una nación, en el sentido
histórico y político, bien construida y consagrada en la Constitución: la
Nación española. Tampoco necesitamos que nadie nos venga a revelar nuestra
verdadera identidad como gallegos, porque la tenemos perfectamente asumida y no
vemos contradicción alguna entre ella y la pertenencia a la Patria común. Son
otros lo que parecen no tener clara esa identidad y por esos hablan de
"construcciones", que no son más que invenciones ahistóricas.
Si hay que hacer una reforma estatutaria, tiene que ser para mejorar el
entramado institucional de una entidad territorial, la Comunidad autónoma,
llamada esencialmente a acercar los servicios públicos a los ciudadanos sin
merma de sus derechos y libertades constitucionales. Ése y no otro ha de ser el
reto no sólo de la reforma estatutaria, sino también de la propia reorientación
de un Estado autonómico que no puede seguir por más tiempo siendo el cauce de
reclamaciones identitarias carentes en la actualidad de otro sentido que no sea
el de servir de pantalla al clientelismo.