LA SENTENCIA DEL ESTATUT PONE DE LOS NERVIOS A LOS
POLÍTICOS CATALANES
Por su interés
y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio
web
Es el asunto
que va a marcar un otoño caliente. Pero no solo en Madrid, donde Prisa ha
avisado al Gobierno de lo que se le viene encima, sino también en ciertos
despachos de Barcelona.
Al
final, como ha ocurrido con otros minutos de gloria de Carod-Rovira, sus
declaraciones de la semana pasada llamando a los catalanes a una manifestación
preventiva contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo
Estatuto de Autonomía de Cataluña han sido un anticipo de las preocupaciones
que van a marcar el futuro próximo de la política española. Porque es muy
significativo que, día tras día, el diario El País no deje de ir preparando a
la opinión pública, sobre todo a la que es afín al PSOE, para la conmoción que
puede suponer la famosa sentencia cuando salga a la luz.
Ya he dicho en estas mismas páginas que no cabe esperar que el Tribunal
Constitucional presidido por María Emilia Casas Bahamonde dicte una sentencia
de máximos contra el nuevo Estatuto, pero es igual: a los nacionalistas
catalanes sólo les sirve la aceptación íntegra del texto aprobado, y eso
tampoco va a suceder en ningún caso.
Un Estatuto de Autonomía no es un pacto, sino una norma subordinada a la
Constitución
En esta tesitura, la ceremonia de la confusión iniciada por las declaraciones
de Carod ha tenido su continuación en exabruptos de creciente intensidad
proferidos por diferentes políticos catalanes. Uno niega legitimidad al
Tribunal Constitucional para corregir un "pacto político" como sería
el nuevo Estatuto, otro anuncia que, si se anula la obligatoriedad del
conocimiento del catalán, la Generalidad hará caso omiso, un tercero propone
que el Parlamento catalán se lance a desarrollar de manera desenfrenada el
Estatuto para crear situaciones en la práctica irreversibles, y así,
impunemente, representantes de lo que se supone es la vida oficial de una
región autónoma dentro de un Estado democrático de Derecho van desgranando
disparate tras disparate que en otros países u otras circunstancias bien se
podrían considerar rayanos en el golpismo.
Un
Estatuto de Autonomía no es ningún pacto entre el Estado y un territorio, sino
una norma sometida, como todo el resto de nuestro ordenamiento jurídico, a la
Constitución; el artículo 137.1 de ésta dice claramente que "dentro de los
términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma
institucional básica de cada Comunidad Autónoma". Y aunque la iniciativa
para la elaboración de esa norma parta ordinariamente de la propia instancia
territorial interesada, la aprobación final corresponde a la Cortes Generales.
El referéndum posterior ratificará o no el Estatuto aprobado por las Cortes,
pero no puede modificar ni una coma del texto salido de aquéllas.
En
ese papel de norma institucional básica de la Comunidad autónoma, la
Constitución encomienda a los Estatutos funciones tales como establecer la
denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica,
delimitar su territorio, fijar la denominación, organización y sede de las
instituciones autónomas propias o determinar las competencias asumidas dentro
del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los
servicios correspondientes a las mismas.
Hace falta un gran acuerdo entre PP y PSOE para cerrar de una vez el Estado
autonómico
Por el contrario, la Constitución no sólo no autoriza, sino que prohíbe
expresamente que un Estatuto de Autonomía o cualquier otra norma se use para
imponer determinaciones que creen un compartimento estanco dentro del
territorio nacional, una sociedad cerrada a la libre comunicación con el resto
de la sociedad española y cautiva de una oligarquía. Con ese fin quedó escrito
en el artículo 139 de la Norma suprema que todos los españoles tienen los
mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y
que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente
obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la
libre circulación de bienes en todo el territorio español.
El problema del nuevo Estatuto catalán es que políticamente sí se puede decir que
es el fruto de un pacto, pero no entre España y Cataluña, sino entre José Luis
Rodríguez Zapatero y la oligarquía catalana; un pacto con el que el actual
presidente de Gobierno ha tratado, él sabrá por qué, de destruir cualquier
posibilidad de cerrar razonablemente el Estado autonómico. Sin embargo, al
igual que fracasó su intento de evitar la derrota de ETA por medios policiales
y judiciales mediante el llamado "proceso de paz", ahora está a punto
de encontrarse con que, si el Estado autonómico tiene algún futuro, habrá que
buscarlo en el sentido justamente contrario al marcado por el nuevo Estatuto
que prometió y entregó a la oligarquía catalana.
En
definitiva, el pacto político que dio lugar al nuevo Estatuto catalán sólo
vincula a quienes lo celebraron. No puede vincular ni a un futuro Gobierno del PP,
ni tampoco a los dirigentes del PSOE que en su día sucedan a Rodríguez Zapatero.
Por eso unos y otros deberían cobrar conciencia de que la mayoría de los
españoles desean un gran acuerdo entre los dos principales partidos nacionales
para cerrar de una vez el Estado autonómico a través de una reforma
constitucional y para que las cuestiones que atañen a la cohesión territorial
no queden al arbitrio de minorías egoístas por simples argumentos de aritmética
electoral.