UNA SENTENCIA TRASCENDENTAL

Artículo de Luis Míguez Macho en “El Semanal Digital” del 29 de junio de 2010

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

Al leer las primeras noticias relativas al fallo del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, estoy seguro de que muchos lectores habrán pensado: "Ya está. El parto de los montes". Cuatro años de espera para al final descubrir que, como titula algún periódico, "el Tribunal Constitucional avala la mayor parte del Estatut".

No obstante, algo más debe de haber que estos apresurados –e interesados- titulares y el impostado triunfalismo de algunos miembros del Gobierno. Varios artículos declarados inconstitucionales, otros sometidos a interpretación conforme a la Constitución, la declaración de Cataluña como nación privada de todo valor jurídico, incluso del meramente interpretativo, y la reacción de los nacionalistas catalanes (en los que incluyo al PSC), dispuestos a seguir hasta el aburrimiento con la pantomima que les ha hecho perder en el resto de España aquel halo de seny que tuvieron en la Transición y que les había convertido en ejemplo a seguir en otras Comunidades autónomas.

La realidad es ésta. De los preceptos del nuevo Estatuto catalán impugnados por el PP, casi la mitad, es decir, unos cincuenta, han sufrido reproches de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, que han llevado o a su anulación o a su reinterpretación obligatoria. Por lo tanto, la tesis que ha mantenido públicamente el actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sobre la completa y perfecta constitucionalidad del texto que contribuyó de manera decisiva a forjar no ha sido compartida por el alto Tribunal. De hecho, es la primera vez que se anulan preceptos de un Estatuto de Autonomía.

Pero, con todo, lo más importante no es esto, sino el que la sentencia se haya dictado finalmente. Aunque parezca increíble, habíamos llegado al punto de que se cuestionaba seriamente, y no sólo en el plano político, sino también en el jurídico, que el Tribunal Constitucional estuviese legitimado para controlar la constitucionalidad del nuevo Estatuto catalán, sobre la base de peregrinos argumentos como el que haya sido sometido a referéndum o su supuesto carácter de "pacto entre Cataluña y España".

Con esta sentencia queda claro que, jurídica y políticamente, nada hay por encima de la Constitución, expresión de la voluntad constituyente del único titular de la soberanía, el Pueblo español en su conjunto. Ni una parte del mismo ni la mayoría política de turno (que cambiará) pueden prevalecer sobre esa voluntad soberana.

Queda igualmente claro que, desde el punto de vista jurídico y político, no existe más nación que la Nación española. Por supuesto que cada uno puede mantener el concepto de nación que le venga en gana; pero el concepto jurídico y político de nación no es ni discutido ni discutible, como afirmó en una desafortunada ocasión el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sino que es el que se desprende de la Constitución, que lo identifica con el Pueblo español en su conjunto, titular de la soberanía. En definitiva, el pretendido Estado plurinacional confederal no tiene cabida en el texto constitucional.

Ningún medio de comunicación contará tampoco el resto de la historia: que muchas de las cláusulas del nuevo Estatuto catalán no corregidas por el Tribunal Constitucional están condenadas a la inoperancia, porque su efectividad depende de la modificación de leyes estatales que o nunca se llevará a cabo, o si se hace, es perfectamente reversible por la voluntad de una mayoría parlamentaria posterior.

Llega así al desastre otro de los grandes proyectos políticos de José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno tendrá que fingir que no ha pasado nada, qué remedio. Queda por ver si los nacionalistas catalanes están dispuestos a hacerle pagar el fiasco de la única forma viable, que no es con una revolución imposible en un país democrático desarrollado y bien acomodado, sino con un simple y civilizado adelanto electoral.